Los mismos que aquí claman por que se respeten los fallos de la Sala de lo Constitucional, cuando miran hacia Venezuela lo ven todo al revés. Allá estaría bien desobedecer al poder judicial, como lo hace la Asamblea Nacional, dominada por la oposición. Ésta no aceptó repetir el sufragio en Amazonia, como dictaminó el Consejo Nacional Electoral. La derecha opositora decidió hacer caso omiso y juramentó a los tres diputados impugnados. Tampoco ha aceptado otras sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. Éste terminó declarando en desacato al parlamento, anulando todas sus actuaciones. Es utilizado por sus detractores como prueba de autoritarismo, por más que se enmarque en el estado de derecho y en el principio de separación de poderes. Entre El Salvador y Venezuela, como en un juego de espejos, la imagen se invierte. Para la derecha salvadoreña lo incorrecto acá, allá es justo y viceversa.
La revolución bolivariana en 18 años ha impulsado 19 procesos eleccionarios. Veinte, si agregamos el reciente para Asamblea Constituyente. El chavismo los ha ganado todos menos dos: el referéndum de reformas a la Constitución de 2006 y las últimas legislativas que ganó con amplitud la oposición. Por cierto, son los dos únicos cuyos resultados ésta reconoce. No obstante, acusa al régimen venezolano de totalitario y Maduro es calificado de “dictador”.
Lo ha hecho Donald Trump. Pese a estar él mismo cuestionado por cómo llegó a la Casa Blanca, dada la aparente intromisión de una potencia extranjera en la campaña presidencial estadounidense. Lo secunda España, la Unión Europea y varios gobiernos latinoamericanos derechistas. La realidad es bien distinta. Haber podido desarrollar la votación es ya una victoria democrática: significa sobreponerse a los intentos opositores para impedirla por la violencia. Con el respaldo de ocho millones cien mil electores el régimen se siente ahora reforzado. Ya no necesita mantener a Leopoldo López en arresto domiciliario, gesto humanitario que además contribuía a agudizar la división en la Mesa de la Unidad Democrática. Puede retornarlo a prisión argumentando que ha infringido, con su activismo político, las condiciones de la medida cautelar. Es signo de dureza, reflejo de la nueva correlación de fuerzas, que aplauden las masas populares, hartas de la violencia y el terrorismo de paramilitares y escuadroneros.
La oligarquía venezolana, apartada del poder por 18 años, parece dispuesta a cualquier cosa con tal de retomarlo. En vez de aceptar competir en la elección por la Constituyente prefirió quemar las naves, no participar y sabotear el proceso. Ahora reclama por la represión, cuando dos tercios de los fallecidos son chavistas o policías. En las protestas “pacíficas” se incendiaron sedes policiales, edificios oficiales, se quemaron vivas a personas, se usó una bomba terrorista contra un contingente de policías en moto, etc. No importa: el coro mediático repite la condena por la “represión gubernamental”. Está diseñado para lelos, para mantener a la gente alelada, confundida, difundiendo mentiras para que a fuerza de repetirlas se conviertan en verdad.
