Por Alonso Rosales
El acuerdo petrolero alcanzado entre Venezuela y Estados Unidos abre uno de los debates económicos, políticos y geopolíticos más profundos de la historia reciente del país sudamericano. Presentado por Donald Trump como “el mayor acuerdo petrolero de la historia”, el pacto coloca bajo control operativo de la empresa privada North American Blue Energy Partners (NABEP) 17 campos que concentran alrededor de 65.000 millones de barriles de reservas, cerca de una quinta parte de las reservas probadas venezolanas.
Detrás de la operación aparece una figura que ha adquirido un enorme protagonismo: Alejandro Betancourt, empresario venezolano y propietario de NABEP, quien pasó de estar asociado a controversias y acusaciones sobre negocios con el Estado venezolano a convertirse en uno de los principales intermediarios entre Washington y Caracas.
El acuerdo, además, presenta una contradicción fundamental que todavía genera interrogantes. Mientras el Gobierno de Delcy Rodríguez sostiene que el convenio binacional tiene una duración de 25 años, la Casa Blanca ha confirmado que NABEP tendrá derechos durante 100 años para perforar y desarrollar los 17 campos petroleros.
Es decir, cuando se habla de los “25 años”, se está haciendo referencia principalmente al periodo durante el cual Venezuela recibiría los aproximadamente US$200.000 millones en impuestos y regalías proyectados por la Casa Blanca. Después, la estructura contractual de los derechos sobre los campos puede extenderse por mucho más tiempo.
65.000 millones de barriles en el centro de la controversia
El atractivo para Washington es evidente.
Estados Unidos busca recuperar influencia sobre el sector petrolero venezolano, desplazar parte de la presencia rusa y china y garantizar acceso preferencial a una de las mayores reservas de hidrocarburos del planeta.
NABEP tendrá el control operativo de los negocios y Estados Unidos podrá adquirir una participación de hasta 35 % en la empresa matriz, además de tener derecho preferencial sobre parte de la producción. Washington también tendrá capacidad de veto sobre determinados nombramientos en el consejo de administración.
La compañía ha anunciado una inversión cercana a US$100.000 millones para reconstruir y ampliar la deteriorada infraestructura petrolera venezolana. NABEP afirma que pretende llevar progresivamente su producción hasta más de un millón de barriles diarios.
Pero aquí aparece una pregunta esencial: ¿cuánto de esa gigantesca riqueza quedará realmente en Venezuela y cuánto terminará beneficiando a empresas y capitales estadounidenses?
La respuesta todavía no está completamente clara.
La presidenta encargada Delcy Rodríguez sostiene que Venezuela conserva la propiedad y soberanía sobre sus recursos naturales y que el acuerdo permitirá atraer capital, tecnología e infraestructura para recuperar la producción petrolera. El Gobierno calcula que el Estado venezolano podría recibir alrededor de US$209.000 millones durante los primeros 25 años.
Sin embargo, críticos del acuerdo consideran que la cantidad debe analizarse frente al volumen de petróleo comprometido y frente a la duración de los derechos concedidos.
El hombre que está en el centro del negocio
Alejandro Betancourt se ha convertido en una de las figuras más importantes de esta nueva etapa petrolera venezolana.
Su empresa NABEP pasó, según información de la propia compañía, de producir alrededor de 18.000 barriles diarios a más de 200.000 en aproximadamente dos años, mediante una inversión cercana a US$1.000 millones. Con ello se convirtió en el segundo productor privado de petróleo de Venezuela.
Pero el ascenso de Betancourt no está exento de controversias.
El empresario fue uno de los protagonistas del llamado grupo de los “bolichicos”, una generación de jóvenes empresarios venezolanos que adquirieron grandes fortunas mediante contratos con el Estado durante los años de Hugo Chávez.
Su empresa Derwick Associates obtuvo contratos millonarios relacionados con la construcción y suministro de plantas eléctricas durante la crisis energética venezolana. Sus críticos cuestionaron que la compañía, que carecía de una trayectoria previa comparable en el sector, pudiera acceder a contratos de semejante magnitud.
Las autoridades venezolanas llegaron a acusarlo judicialmente de participar en un esquema de desfalco en asociación con antiguos funcionarios del sector petrolero. También enfrentó investigaciones internacionales relacionadas con presunto lavado de dinero. Sin embargo, Betancourt no ha sido condenado por esos hechos y ha negado las acusaciones.
En España fue investigado por acusaciones de fraude y blanqueo de capitales, mientras que una investigación en Suiza terminó sin cargos, según la información recogida por medios internacionales.
Lo más llamativo de su trayectoria es el cambio de posición política.
Personas que anteriormente lo acusaban de beneficiarse de las relaciones con el poder venezolano terminaron viéndolo convertido en un interlocutor fundamental para Washington.
Incluso Jorge Rodríguez había acusado públicamente a Betancourt en el pasado de financiar a sectores de la oposición y de utilizar dinero supuestamente obtenido de manera ilícita. Sin embargo, la nueva realidad política venezolana modificó completamente esa relación.
Hoy, el mismo empresario aparece como pieza fundamental de una operación respaldada por Washington y por el Gobierno de Delcy Rodríguez.
El chavismo radical levanta la voz
El acuerdo tampoco ha conseguido unanimidad dentro del campo chavista.
Una de las críticas más fuertes proviene del Partido Comunista de Venezuela (PCV), organización históricamente vinculada al chavismo pero distanciada del Gobierno de Nicolás Maduro desde hace varios años.
El PCV calificó el convenio como una “grave entrega del patrimonio nacional” y cuestionó que haya sido negociado sin suficiente transparencia y al margen de controles constitucionales.
La crítica resulta políticamente significativa porque no procede exclusivamente de la oposición tradicional. Proviene de un sector de izquierda que considera que Venezuela está sacrificando soberanía económica para garantizar estabilidad política y relaciones con Washington.
La dirección del PCV sostiene que el país desconoce las condiciones reales del convenio y advierte que no se trata simplemente de una operación comercial, sino de la transferencia de una porción considerable de la principal riqueza nacional.
También existe incomodidad dentro del propio universo chavista. El PSUV respaldó públicamente el acuerdo, pero la dirección del partido mantuvo posteriormente una reunión con Delcy Rodríguez sin ofrecer declaraciones públicas sobre el pacto, mientras algunas figuras y sectores de base han expresado críticas.
Rafael Ramírez: “Esto es un saqueo”
Uno de los cuestionamientos más contundentes proviene precisamente de un antiguo hombre fuerte del petróleo venezolano: Rafael Ramírez, expresidente de PDVSA y exministro de Petróleo durante los gobiernos de Hugo Chávez.
Ramírez calificó el acuerdo como “inconstitucional” y “lesivo” y cuestionó que Venezuela pueda entregar el control sobre 65.000 millones de barriles de reservas bajo las condiciones anunciadas.
Su crítica tiene un peso particular porque Ramírez conoce desde dentro la industria petrolera venezolana y fue uno de los principales responsables de la política energética durante buena parte del período chavista.
Según su interpretación, el pacto no representa simplemente una asociación para recuperar la producción, sino una operación que podría comprometer durante décadas una parte estratégica de las reservas nacionales.
Ramírez también ha interpretado el acuerdo como un triunfo político de Trump, particularmente de cara a las elecciones legislativas estadounidenses de noviembre.
El dilema de los 25 años frente al siglo
Aquí se encuentra uno de los puntos más delicados.
El Gobierno venezolano insiste en que el acuerdo binacional tendrá una vigencia de 25 años y que durante ese período el Estado recibirá impuestos y regalías.
Pero la información oficial de Estados Unidos confirma que NABEP tendrá derechos durante 100 años sobre los 17 campos.
La diferencia no es un detalle semántico.
Un cuarto de siglo representa una generación. Un siglo representa prácticamente la transferencia del control operativo de esos recursos a varias generaciones futuras.
Y ahí surge la pregunta que debería formar parte del debate público venezolano:
¿Puede un Gobierno con carácter interino comprometer durante 100 años el desarrollo de una quinta parte de las reservas probadas de petróleo del país?
El petróleo permanece bajo el subsuelo venezolano, pero el control sobre su explotación, comercialización, inversión y producción puede quedar condicionado por contratos que trascienden ampliamente a los gobiernos que actualmente los suscriben.
Venezuela necesita inversión, pero también necesita soberanía
Nadie puede negar la necesidad de reconstruir la industria petrolera venezolana.
PDVSA ha sufrido años de deterioro, falta de inversión, pérdida de capacidad técnica, sanciones, corrupción y abandono de infraestructura. La producción actual está muy lejos de los niveles que Venezuela alcanzó antes del colapso de su industria.
Por eso, el argumento de que Venezuela necesita capital extranjero y tecnología tiene fundamento.
El problema no es necesariamente que llegue inversión estadounidense.
El problema es en qué condiciones llega esa inversión, quién controla los activos, quién decide sobre la producción, cuánto recibe el Estado y qué mecanismos de supervisión existen.
La riqueza petrolera venezolana es demasiado grande para que el país acepte cualquier contrato simplemente porque necesita dinero.
Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, estimadas en alrededor de 303.000 millones de barriles. Pero reservas no significan producción inmediata. La infraestructura requiere años de inversiones para recuperar niveles elevados de extracción.
Estados Unidos, por su parte, tiene una necesidad energética inmediata. Su Reserva Estratégica de Petróleo se encuentra muy por debajo de los niveles históricos y Washington busca nuevas fuentes de crudo.
Pero incluso el propio Trump ha reconocido que el petróleo venezolano no resolverá rápidamente el problema estadounidense y que la recuperación de la producción podría tardar años.
¿Negocio energético o nueva dependencia?
El acuerdo coloca a Venezuela ante una paradoja histórica.
Durante décadas, el discurso chavista denunció la dependencia petrolera respecto de Estados Unidos y presentó la nacionalización y el control estatal de PDVSA como pilares de la soberanía nacional.
Ahora, después de años de crisis, sanciones y destrucción de la capacidad productiva, Caracas vuelve a abrir ampliamente sus campos al capital estadounidense.
La diferencia es que esta vez el interlocutor principal no es una de las grandes petroleras tradicionales, sino una empresa controlada por un empresario venezolano cuya trayectoria ha estado rodeada de controversias.
Eso hace que el caso Betancourt sea mucho más que una historia empresarial.
Es también una historia sobre cómo cambian las alianzas cuando cambian las circunstancias políticas.
El hombre que alguna vez fue señalado desde el poder chavista aparece ahora como puente entre Caracas y Washington.
Una riqueza que no puede administrarse a oscuras
El debate venezolano no debería reducirse a una disputa entre chavistas y antichavistas.
La pregunta central es mucho más profunda:
¿Qué porcentaje de la riqueza generada por esos 65.000 millones de barriles quedará realmente en Venezuela y bajo qué condiciones?
El Gobierno promete inversión, empleo, infraestructura, impuestos y recuperación económica.
Washington busca seguridad energética, acceso preferencial al petróleo y mayor influencia estratégica en el hemisferio.
NABEP obtiene una posición privilegiada para desarrollar una enorme cantidad de reservas.
Pero Venezuela debe garantizar que el negocio no termine convirtiéndose en otra forma de dependencia.
La historia petrolera del país demuestra que el problema nunca ha sido solamente cuánto petróleo existe bajo tierra. El verdadero desafío ha sido determinar quién controla esa riqueza, quién la administra y quién recibe sus beneficios.
Por eso, más que celebrar o condenar el acuerdo de manera automática, Venezuela necesita conocer sus contratos completos, sus cláusulas fiscales, sus mecanismos de supervisión, las condiciones de renovación, las obligaciones de inversión y las garantías de soberanía.
Porque 65.000 millones de barriles no son solamente una cifra económica: representan una parte fundamental del patrimonio de varias generaciones de venezolanos.
Y si efectivamente existen derechos que pueden extenderse durante un siglo, el debate ya no corresponde únicamente al Gobierno de Delcy Rodríguez, a Donald Trump o a Alejandro Betancourt.
Corresponde también a los venezolanos que todavía no han nacido.
