Por Alonso Rosales
La decisión de impedir que ministros y viceministros den declaraciones públicas, reservando prácticamente toda comunicación para la Presidencia de la República, no parece ser una simple medida de coordinación gubernamental. Es, sobre todo, una señal de concentración del discurso político y de la construcción de un escenario donde el presidente busca controlar no solamente las decisiones, sino también el relato y el espectáculo alrededor del poder.
Cuando todo debe pasar por la figura presidencial, el Gobierno corre el riesgo de convertirse en una estructura excesivamente personalista. Los ministros dejan de ser responsables políticos con voz propia y terminan reducidos a funcionarios cuya principal función parece ser acompañar las decisiones del mandatario. En una democracia, la comunicación gubernamental debe tener coordinación, pero también transparencia, responsabilidad y diversidad de voces.
A esto se suma otro episodio que resulta difícil de ignorar: que un presidente del Congreso termine actuando de manera servil frente a la Presidencia de la República y solicite, junto con el Ejecutivo, que se anule una tutela judicial. Más allá de las razones jurídicas que puedan existir, políticamente resulta cuestionable que el Legislativo parezca abandonar su papel de contrapeso para convertirse en un acompañante incondicional del Ejecutivo.
Una democracia saludable necesita poderes que se controlen entre sí, no instituciones que se arrodillen ante el poder presidencial.
Y luego aparece la religión.
La fe pertenece al ámbito más íntimo de las personas. Un presidente tiene todo el derecho de profesar sus creencias, acudir a un templo, rezar y pedir orientación espiritual. También tienen ese derecho los ministros, legisladores y ciudadanos.
Lo cuestionable comienza cuando la religión se incorpora deliberadamente a un acto político como instrumento de legitimación del poder.
Ver a pastores, rabinos o sacerdotes reunidos para orar públicamente por un presidente puede resultar emotivo para algunos y preocupante para otros. El problema no es la oración ni la religión. El problema aparece cuando la fe comienza a utilizarse como escenografía política.
La separación entre religión y Estado no significa perseguir la fe ni impedir que los gobernantes sean creyentes. Significa evitar que las instituciones públicas conviertan una determinada expresión religiosa en una herramienta de propaganda o de legitimación política.
Dios, para quienes creen, está por encima de los gobiernos, los partidos, los presidentes y los congresos. Por eso resulta innecesario convertirlo en protagonista de una puesta en escena política.
La política ya tiene suficientes intereses, ambiciones, disputas y contradicciones como para intentar presentar el poder presidencial como una cuestión casi sagrada.
Un presidente no necesita sacerdotes, pastores o rabinos para demostrar legitimidad. Necesita instituciones independientes, resultados, transparencia y respeto por la ley.
Y cuando un Gobierno concentra la voz, un Congreso abandona su función de contrapeso y la religión comienza a aparecer como parte del espectáculo político, la pregunta deja de ser quién está gobernando.
La pregunta verdaderamente importante es qué límites está dispuesto a respetar el poder.
Porque en una democracia, ningún presidente debería confundirse con el Estado, ningún Congreso debería confundirse con la Presidencia y ninguna fe debería ser utilizada para convertir a un gobernante en una figura intocable.
El poder político necesita límites. La fe necesita respeto. Y la democracia necesita que ambas cosas permanezcan en su lugar.
