El gobierno de Venezuela acusó al Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, Zeid Ra”™ad Al Hussein, de haber “transgredido la verdad”, por haber pedido este lunes una “investigación internacional” sobre la posibilidad que el gobierno de Nicolás Maduro haya cometido crímenes de lesa humanidad al reprimir las protestas sociales, dijo en un discurso su embajador en Ginebra, Jorge Valero, este martes en el Consejo de Derechos humanos de la ONU.
“Se ha convertido en su caja de resonancia, presto a seguir lo pautado en las agendas imperiales, para lo cual ha transgredido la verdad”, pues Zeid habría “sucumbido ante las presiones de una constelación minoritaria de países, liderada por el imperio norteamericano“, precisó el embajador Valero.
El diplomático lamentó “la poca sindéresis que exhibe el Alto Comisionado, cuando dibuja un falso clima de creciente tensión en nuestro país“, y “que existe un supuesto menoscabo de nuestra democracia, cuando la verdad es que nuestro país –con la participación de todos los sectores políticos– se apresta a continuar, en paz, su camino democrático”.
“Llamamos la atención de este Consejo sobre el comportamiento selectivo, parcializado y politizado del Alto Comisionado en contra de Venezuela“¦ con fines de dominación”; y Valero exigió de Zeid “el cese de la agresión contra Venezuela”.
Zeid había resumido ayer las conclusiones de su informe del mes pasado, que dio cuenta de “violaciones generalizadas” de los derechos humanos en Venezuela entre los meses de abril y julio de 2017: represión “masiva y sistemática” contra opositores, detenciones arbitrarias, tortura, y excesivo uso de la fuerza, tras contabilizar 124 muertes y 5000 detenciones en las manifestaciones contra el gobierno, de los cuales “más de 1300” seguirían aún privados de su libertad.
Según el portal de derechos humanos “Panorama” de Ginebra, Venezuela formuló este lunes la invitación a visitar el país de tres relatores especiales de este Consejo, que pondrían fin a 21 años en que la ONU tiene prohibida la entrada. Son los expertos sobre “medidas coercitivas unilaterales”, el “derecho al desarrollo” y la “promoción de un orden internacional democrático y equitativo“, que no examinan asuntos relativos a las violaciones que se le achacan ahora al Estado.
