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Vencer a las pandillas criminales

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El Salvador debe abonar en la Guerra Contra Pandillas. Si bien, al ejecutivo y al legislativo les corresponde afinar y ejecutar la acción, el judicial debe acusar culpables, y defender inocentes, respetando derechos humanos.

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Desde un inicio del período de gobierno de Nayib Bukele – tal y como lo divulgó durante la campaña electoral- se ha emprendido un muy difícil camino: vencer a las maras y pandillas. Aunque su expansión ha sido tal, que ya rebasan las fronteras nacionales. Hay que reconocer que tienen origen en el fenómeno migratorio que El Salvador vivió durante la guerra civil (1980-1992). Las causas que les precedieron fueron, desde luego, sociales, políticas, culturales entre otras.

En un principio en EEUU, especialmente en la zona de California, eran los grupos de jóvenes rebeldes que se defendían de la pujanza de pandillas formadas y con antigüedad, como la “Mexican Mafia”. Desde luego, estos grupos de migrantes tenían un alcance limitado, muy parecidos a las mafias del sur de Europa, especialmente las italianas; pero con los particulares rasgos y orígenes: la pobreza y la marginalidad.

La reacción en EEUU a los crímenes cometidos por las pandillas fue, especialmente, la deportación de los ilegales y el enjuiciamiento de quienes habían cometido delitos hacia sus lugares de orígenes. A El Salvador llegaron a empollar semejante engendro que no había sido atendido debidamente por los gobiernos y ni la sociedad, desde finales de la Guerra Civil.

De los pequeños robos y extorsiones en los barrios marginales pasaron a fortalecerse en organizaciones. El incremento de sus efectivos, y su relativo éxito les permitió llegar a la armamentización; a desarrollar logística, comunicación y el control de sus esferas de influencias. Llegaron, entonces, hasta matarse entre pandillas distintas. Tal escenario ocurre entre las principales agrupaciones delictivas: la Mara Salvatrucha (MS) y el Barrio o Pandilla 18. El problema se agravó a tal punto que las matanzas no tenían paro contra cualquier otro sector social, desde luego distante de las mismas estructuras.

El auge de las pandillas comenzó a crecer como espuma por todo el país, a tal grado que el fenómeno llega a ser, en nuestros tiempos, un hecho que ya no es consecuencia inusual en el crimen organizado (sin apartarse en de sus lugares de origen ni de sus costumbre). Al término de la primera década del siglo XXI, comenzaron a divulgarse sus nexos con el sistema político y de gobierno.

Los nexos políticos son aprovechados, desde luego, en campañas electorales y en aquellos lugares donde los partidos no podías ejercer proselitismo en las contiendas partidarias. Es entonces cuando surgen las “negociaciones” entre los gobiernos-partidos y las pandillas criminales (responsables de secuestros homicidios, masacres, extorsiones y desaparecimientos y desplazamientos forzosos).

Calculados en unos 80 mil miembros activos de las estructuras delictivas, el gobierno de Bukele en un poco más de 5 meses ha encarcelado a más de 51 mil, entre jefes, miembros y colaboradores. Más de 45 mil de los detenidos ya recibieron ordenes de prisión preventiva, al tener indicios con maras y pandillas.

En coincidencias con varias encuestas de opinión, nacionales e internacionales, el clima que se respira es más tranquilo y sano; los homicidios y demás crímenes de han reducido a niveles nunca antes vistos, con varios días consecutivos de Cero homicidios. Ésta faceta de la realidad salvadoreña queda patente en las estudios divulgados por la Universidad Centroamericana, José Simeón Cañas (UCA); la Universidad Francisco Gavidia (UFG); y empresas de opinión, como Cid Gallup.

Falta mucho por hacer: ¡Por supuesto! El fenómeno está muy enraizado en la sociedad. Paralelo al combate de las maras y pandillas, existen enfrentamientos directos en los procedimientos que implican el decomisar el armamento y las drogas, así como el dinero y las infraestructuras. Éstos hechos dan a conocer cómo se han fortalecido éstas estructuras antisociales; desde luego, de distintas formas ilegales.

Los golpes al narcotráfico hay sido importantes, especialmente las capturas y decomisos en alta mar, frecuentemente y de varias toneladas de droga.

Hasta el momento no hay indicios que la lucha contra la criminalidad vaya a detenerse ni a retroceder en el importante intento de vencer a ese fenómeno de las maras. El esfuerzo es básico para emprender un desarrollo social, económico y político, como el que nunca ha existido en El Salvador, pero que debió haber comenzado apenas terminó la guerra civil en 1992.

El Estado salvadoreño en su conjunto debe abonar en esta contienda: Si bien al ejecutivo y al legislativo le corresponde afinar y ejecutar la acción; al judicial le corresponde acusar a los culpables y defender a los inocentes, para que no pierda vigencia el respeto a los derechos humanos.

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Redacción ContraPunto
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Nota de la Redacción de Diario Digital ContraPunto
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