La superación del clima de inseguridad, violencia y
criminalidad es central en el debate nacional. De la aproximación que
alcancemos en la comprensión de las causas, efectos y desarrollo de este
complejo fenómeno depende la construcción de un firme compromiso que nos
involucre a todos y nos lleve a una acción concertada de la sociedad para
sobrepasar la crisis.
El camino tiene varias estaciones: un creciente
proceso de control territorial con modalidades diferenciadas y específicas para
los territorios más conflictivos; una correcta combinación de factores de
represión, prevención y mecanismos de reinserción; acciones que establezcan
barreras de contención en los territorios menos contaminados por la violencia y
por supuesto, llegar a la médula del problema, la pobreza y la exclusión.
Este momento exige multiplicar esfuerzos para la
coordinación de las políticas públicas entre las instituciones y su
articulación con el resto de actores locales, teniendo por meta el surgimiento
o consolidación de un tejido comunitario que le empodere en su espacio para
construir su propio desarrollo, en función de un nuevo marco de convivencia
social.
En este sentido, y de acuerdo al nuevo momento, es
muy importante y oportuna la decisión del ejecutivo de crear un Viceministerio
de Prevención, bajo la cartera del Ministerio de Justicia y Seguridad, que
permitirá articular distintos esfuerzos aun dispersos; recordemos que esta es
la principal herramienta para proteger a nuestra infancia del ingreso a grupos
del crimen. En paralelo, en la medida que damos pasos de mayor control en los
territorios, también lograremos profundizar los programas que aseguran el
desarrollo humano, aspecto preventivo medular para consolidar la tranquilidad y
la paz social, y por tanto afianzar la confianza necesaria que acelere el
progreso económico sostenible con la suficiente generación de empleo.
Los hechos del 3 de marzo en San Juan Opico, así
como la quema de un microbús en Mejicanos aquel 17 de junio de 2010,
estremecieron la conciencia nacional y hoy abren una coyuntura cuyo resultado
es un proceso de unidad nacional por la seguridad contra la criminalidad pero
en el que evidentemente las telefónicas aun no contribuyen en la medida
necesaria.
Sin embargo, el trabajo conjunto de los diferentes
poderes del Estado empieza a mostrar sus frutos y el rédito de una solución es
atribuible a la contribución de cada actor político y social. Se aprobaron las
"Disposiciones especiales transitorias y extraordinarias en los centros
penitenciarios, granjas penitenciarias, centros intermedios y centros
temporales de reclusión"; además el ejecutivo formula, discute y garantiza
los recursos necesarios para la ejecución de los planes con la legislatura
-Comisión de Seguridad y Combate a la Narcoactividad-.
El éxito de la implementación de estos planes de
seguridad está en el adecuado tratamiento de prioridades al seccionar el
problema. Lo primero es asegurar la capacidad del Estado del absoluto y
estricto control de los centros penitenciarios, partiendo del comprobado hecho
de que desde ahí funcionan nidos de mando de los grupos criminales para
extorsionar, intimidar y ordenar crímenes. En consecuencia, la efectividad de
esta fase radica en el corte y desmantelamiento total de toda forma de
comunicación entre los recluidos en los centros penitenciarios identificados y
el exterior.
En este caso, aunque la telefonía celular y el
internet para las redes sociales no es la única forma de comunicación sostenida
por estos grupos criminales, sí es la más importante y ágil para extorsionar a
la ciudadanía y las empresas. Es lamentable que después de muchos meses de
denuncia y presión, y del anuncio de los mismos concesionarios telefónicos
comprometiéndose al corte de señal en el perímetro de los centros
penitenciarios, tanto la población como los medios de comunicación han sido
testigos de que esta persiste. Es inconcebible que por sus exorbitantes
ganancias estas empresas sigan amparando al crimen.
Cada día muchas familias son extorsionadas por
grupos criminales, obligándoles a comprar saldo para líneas contratadas bajo la
modalidad de prepago que obran en manos de delincuentes. En estos aparatos,
tras su confiscación, se han encontrado miles de dólares abonados. ¿No sería
esto señal suficiente para que las mismas empresas reportaran estas
irregularidades a las autoridades y proceder al corte y confiscación del saldo
telefónico?
En el marco de la cooperación entre Órganos de
Estado es centrada y oportuna la resolución de la Sala de lo Constitucional de
la Corte Suprema de Justicia, declarando la constitucionalidad de las elevadas
multas que pueden ser impuestas a las empresas telefónicas que transgreden la
ley, al mantener la señal de comunicación en los centros penitenciarios. Las
autoridades, los medios de comunicación y la misma población estamos obligados
a auditar, monitorear y comprobar con nuestros propios teléfonos el
cumplimiento de esta restricción y en todo caso a exigirla, tanto a las
empresas como a las instituciones.
Esta no es la única medida para lograr el objetivo
de limitar la libre comunicación; no descansa todo en las telefónicas, hay
bloqueadores, requisas, revisiones estrictas a custodios, pero cualquiera de
estas puede ser sobrepasada por la corrupción o las amenazas a los trabajadores
de centros penales y sus familias si la motivación persiste: la existencia de
señal. Todos tenemos obligaciones legales y morales en esta batalla,
asegurémonos de cumplirlas.
(*) El autor es Secretario de Comunicaciones del
gobierno salvadoreño
