El pasado 19 de febrero, la Comisión Ad-Hoc instalada en el interior de la Asamblea Legislativa, comenzó a discutir la nueva Ley de Reconciliación Nacional, un decreto que, según expertos, buscaría establecer una nueva ley de amnistía en el país.
Para el exdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), Benjamín Cuéllar, el decreto impulsado por los parlamentarios contradice la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la cual fue emitida el 13 de julio de 2016 que anuló la Ley de Amnistía para la Consolidación de la Paz creada en 1993 tras el final del conflicto armado.
De acuerdo con el experto en derchos humanos, la iniciativa propone la declaración de una “amnistía absoluta e incondicional” que beneficiaría a los actores de aquellos crímenes de guerra cometidos durante la guerra civil.
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“Están declarando una amnistía absoluta e incondicional, que no es aceptable, primero porque no existen. Bueno, existen para los valientes del deber, no para los cobardes que matan niños niñas, curas, esos tienen que someterse al imperio de la ley”, expresó Cuéllar en una entrevista exclusiva a ContraPunto.
El documento señala en su artículo 1 que: “Se concede amnistía amplia, absoluta e incondicional a favor de todas las personas, independientemente del sector al que hubieren pertenecido, que hayan participado en la comisión de delitos políticos, comunes antes del primero de enero de mil novecientos noventa y dos, concediéndose esta gracia a todas las personas que hayan participado como autores inmediatos, mediatos o cómplices en los hechos delictivos antes referidos”
Lea el borrador del documento acá.
Por otra parte, Cuéllar asegura que la sentencia de la Sala “revivió” la Ley de Reconciliación Nacional que fue decretada en 1992, la cual excluía a las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la guerra civil, por lo que no considera necesario la creación de una nueva normativa.
“No tienen que decretar una ley de amnistía. En la actualidad lo que manda es la sentencia de la Sala que manda que se reviva la ley anterior, no admite amnistía para criminales de guerra ni delitos de lesa humanidad, donde no había amnistía incondicional absoluta”, cuestionó Cuéllar.
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Asimismo, Cuéllar señala que uno de los puntos centrales del documento es que los delitos que se sometan a un proceso judicial tendrán como fin “buscar la verdad”, dejando de lado la condena penal de los mismos, la cual se anula con el perdón a las víctimas.
“La otra cuestión es que para los delitos graves, plantea que se van a someter a la justicia únicamente para conocer la verdad y cuando hablan de sanciones. Hablan del perdón. La solicitud del perdón extingue la acción penal y reduce la pena y si la víctima concede el perdón, extingue la pena”, concluyó Cuéllar.
Advertencia de Estados Unidos
En el mes de diciembre del año 2018, el periódico El Faro publicó un documento que fue enviado al Gobierno de los Estados Unidos por la embajadora de ese país en El Salvador, Jean Manes, en el que se denuncian las intenciones de los parlamentarios de dar forma a una nueva Ley de Amnistía que incluso podría afectar el proceso judicial de la masacre el Mozote, uno de los peores casos de violaciones a los derechos humanos registrado en la historia de El Salvador.
“El Gobierno y los legisladores están explorando un reemplazo de la ley de Amnistía que podría impactar la habilidad de procesar judicialmente el caso de la masacre de El Mozote y otros casos”, se lee en el texto que fue recibido por el Departamento de Justica estadounidense.
La Comisión Ad Hoc es presidida por el diputado del PCN, Rodolfo Parker, quien a su vez está acompañado de Antonio Almendáriz (PCN), Nidia Díaz (FMLN), Mauricio Vargas (Arena) y Juan Carlos Mendoza (GANA), nombrados el 14 de junio de 2018 por el presidente del Parlamento, Norman Quijano.
Durante la sesión del pasado 19 de febrero, Parker presentó el primer borrador de la nueva ley, producto de una serie de consultas con los abogados Enrique Borgo Bustamante, Enrique Argumedo, Fabio Castillo y el representante del IDHUCA, Manuel Ernesto Escalante, quienes aprobaron la creación de un nuevo decreto.
ContraPunto buscó obtener un pronunciamiento de Parker acerca de este punto, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.
