Durante los últimos meses en El Salvador se habla sobre la posibilidad de impago y los problemas de liquidez. La crisis fiscal ha sido señalada, incluso, por el Fondo Monetario Internacional (FMI) que también ha brindado algunas sugerencias para apalear la situación. En contraste, la aprobación de la Ley de Responsabilidad Fiscal que ha sido aclamada por partidos políticos y otros actores sociales, continúa estancada en la Asamblea Legislativa.
El economista Rafael Barraza asegura que en medio de la llamada de atención del Fondo Monetario y las necesidades urgentes en materia de finanzas, es un buen momento para discutir la situación económica y fiscal del país que tiene su nicho en las malas prácticas de los Gobiernos.
Una de ellas ha sido que los presupuestos del Estado no han sido completos, les faltaba incorporar ciertas partidas de gasto; adicionalmente, los ingresos estaban sobreestimados.
“Se inflaban los ingresos para financiar el presupuesto, ya llegando al final de la ejecución de este presupuesto los gastos eran mayores, los ingresos eran menores, salía ese déficit a la luz y ese es el déficit que se financiaba con Letes”, explica.
La Ley de Responsabilidad Fiscal que ha sido propuesta a la Asamblea Legislativa y continúa sin ser aprobada, es a juicio de Barraza una herramienta para mejora sustancial en cómo se presentan los presupuestos y que las proyecciones en torno al gasto sea más efectivas.
Otro de los puntos importantes para sanar el tema fiscal y financiero, es estudiar si se está gastando en lo que realmente se debe de gastar. “Esa es otra área donde también una Ley dice si vamos a gastar, gastemos bien, hay muy pocos indicadores de la calidad del gasto”, explicó.
Una Ley de Responsabilidad Fiscal también exige rendir cuentas de la eficiencia del gasto y debe estar acompañada de la responsabilidad de los funcionarios públicos en cómo se gastan los recursos públicos. “Los recursos públicos no son de los funcionarios públicos, son de nosotros los contribuyentes, y por lo tanto ellos son delegados fiduciarios”, añadió.
El economista aseguró que no es tanto un tema de reducción de gastos o despido de personal sino de ser más eficientes con los recursos y contrataciones. También sostiene que deberían de haber acuerdos claves que establezcan alcances en educación, salud, seguridad y priorizar los recursos hacia esas áreas.
No descarta que El Salvador ha caminado y destaca pasos importantes como la creación de un Tribunal de Ética Gubernamental, la Ley de libre Acceso a la Información que permite a la ciudadanía, entidades y sociedad civil, tomar un rol más activo en supervisar el uso de estos fondos.
Sin embargo, hay que mejorar este que es un momento crítico y es también un momento clave para alinear intereses y dar un salto de calidad en cómo se gasta, cómo se recauda y en los resultados que se obtienen de estos recursos públicos.
Según el documento “Análisis socioeconómico de El Salvador – segundo semestre 2015”, publicado por la Universidad José Simeón Cañas (UCA), en el año 2009 se inició un proceso de ajuste fiscal no convencional a los postulados neoliberales.
Por un lado se ajustaron al alza los tributos, con la aplicación de medidas que apuntaron a incrementar la recaudación del impuesto a la renta y del IVA, también se aplicaron medidas para mejorar los gastos sociales.
Pese a que la aplicación de estas medidas han contribuido a mejorar la estructura de distribución del ingreso, el aumento del saldo de la deuda proviene del Sector Público Financiero (SPF), que es donde se acumula la deuda pública proveniente de las pensiones continúa incrementado.
Por otro lado, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), ha puesto el dedo en el problema de liquidez y señala que llevó a posponer ciertos gastos y a demorar el pago a acreedores, devoluciones del IVA y asignaciones presupuestarios.
A mediados de años, la entidad advertía que debido a la falta de liquidez el Estado podría tener problemas para continuar operando “normalmente” y cumpliendo con el pago de salarios, deudas, alquileres, bienes y servicios entre otros a partir del mes de agosto.
