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miércoles, 04 de agosto del 2021

Una comisión sin rumbo

La creación de una comisión por la Asamblea Legislativa (AL),  para investigar las agresiones a los medios de comunicación social (MCS) y a los periodistas -por cierto, nada trascendental ni único en la historia del periodismo salvadoreño- ha generado diversas y contrarias expectativas y opiniones.

Bien por los objetivos -nadie la adversaría si fuera comisión sana y bien intencionada- pero también es cierto que distrae la esencia del necesario trabajo legislativo; y, además, son inocultables sus fines electoreros y de revanchismo político. Los diputados deben hacer desaparecer esta percepción del pueblo, si siguen en el intento de callar a los “trolles”, lo cual parece tarea difícil.

En lo personal, soy ajeno a la actividad “trollera”; por ello, este comentario está referido únicamente a los tradicionales MCS impresos, radiales, digitales y TV, por ser en los que he trabajado.

El concepto Libertad de expresión -al igual que el concepto  Democracia- tiene la acepción gramatical, interpretación y  efecto de quien lo menciona. Sin embargo, la oportunidad puede permitir una investigación -justa y equitativa- desde un ángulo verdaderamente profesional.

La comisión dice que investigará a los periodistas acosados por el Gobierno -lo cual está bien- pero debe investigar también si hay diputados que han acosado -o acosan-  a los periodistas. Diputados que hoy -hipócritamente- los adulan, aun cuando en archivo hay pruebas de acciones violentas contra los reporteros. A veces el que agrede es el poder político y económico, Y hasta particulares y los mismos MCS, mediante bajos salarios y despidos injustos. Fui presidente de la APES, 1994-1996,  y con diligentes directivos,  enfrentamos casos de agresión, despidos y hasta capturas de compañeros periodistas.

Por eso, la investigación -para que sea justa e integral- deberá incluir si hay estabilidad laboral, salarios dignos y prestaciones a los reporteros, que son los que sufren la agresión física, verbal y en su dignidad. Además, la investigación debe ser sin dedicatoria para satisfacer intereses políticos y económicos.

Puntualmente, y por ser de actualidad, los numerosos casos de periodistas despedidos por los MCS, y lo peor -en el marco de la pandemia- con muchos años de laborar en esos medios, sin que  algún diputado vuelva por sus derechos.

Lamentablemente, esto siempre ha ocurrido -ocurre y ocurrirá- en distintos países del mundo libre. Y en El Salvador, también.

En marzo de 1996, como Presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), participé en el “Encuentro de Dirigentes Gremiales de Periodismo de América Latina” y en el “Encuentro Internacional sobre el Derecho a la Información”, realizados simultáneamente en San José, Costa Rica, para analizar la realidad de la profesión en el continente y el mundo.

Al finalizar el doble evento, el 17 de marzo de 1996, firmamos el documento “El Derecho a la Información. Declaración de San José”, del cual copio un fragmento, como insumo sobre los conflictos que se dan en todo tiempo y en todo lugar:

“La Libertad de Expresión y el Derecho a la Información son derechos que caracterizan el desarrollo democrático de las sociedades contemporáneas. Expresar libre y responsablemente nuestras opiniones y recibir información sin manipulaciones, son objetivos fundamentales de los ciudadanos que aspiran a disfrutar de conquistas sociales y políticas que garantizan el estado de derecho. Sin embargo, restricciones importantes impuestas por el poder político, el poder económico y el de los propios medios de comunicación, obstaculizan de manera creciente estos derechos…”

… San José, Costa Rica, 17 de marzo de 1996.”.

Y, firmamos: José R. Cordero Croceri, Presidente del Colegio de Periodistas de Costa Rica; Jorge Muracciole, Secretario de la Unión de Periodistas de Buenos Aires; Renán Alcides Orellana, Presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES); Eduardo Orozco, Presidente del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela…y siete países más…

Como se ve, la problemática sobre el libre ejercicio del periodismo  -Libertad de expresión- no es privativa de un país, es universal y en todo tiempo, según los procesos evolutivos de la sociedad y del mundo cambiante.

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