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sábado, 15 de mayo del 2021

Un jefe militar condenado por la matanza de de la UCA en El Salvador. ¿Podemos esperanzarnos?

El 11 de septiembre de este año, el pueblo salvadoreño amaneció con la noticia esperanzadora del veredicto condenatorio contra el coronel Inocente Montano, uno de los jerarcas militares involucrados en el asesinato, ejecutado por un comando de fuerzas élites entrenado en Estados Unidos, de dos trabajadores y seis sacerdotes jesuitas en 1989. El veredicto condena al militar a 133 años, cuatro meses y cinco días de prisión. El juicio, promovido en España por los familiares de las víctimas, es una victoria contra el mal histórico de la impunidad en El Salvador.  Las esperanzas renovadas que esto suscita, deben ser, sin embargo, muy cautelosas. Existe un contexto, un entorno de relaciones de poder en el país centroamericano que fortalecen la impunidad y limitan seriamente el alcance de los esfuerzos por la justicia y la verdad. Pero también debemos decir que la cautela no debe conducir a apagar la esperanza.

1. Contexto y balance de la condena a Montano

El coronel Inocente Montano era Viceministro de Defensa en noviembre de 1989. Ese mes, como respuesta a la ola de represión contra el movimiento social -que incluyó el atentado dinamitero de parte de fuerzas militares en el local de la central sindical FENASTRAS, a la hora en que los trabajadores se encontraban almorzando, el día 31 de octubre-, la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) emprendía una ofensiva militar sin precedentes en la historia de la guerra salvadoreña, llegando a atacar objetivos militares en la capital. También tuvo presencia en barrios populares y en una zona residencial de la élite salvadoreña, tomándose un hotel de cinco estrellas en el que se encontraban asesores norteamericanos.

Esto motivó una reunión de emergencia del alto mando militar, en la que participaron Montano junto a otros jefes castrenses. En ella, tomaron la decisión de tomar represalias contra opositores y, en particular, en acordar la concreción de un operativo militar en la zona de la universidad jesuita para asesinar a los sacerdotes Ellacuría, Martín-Baró, Montes. López y López, Moreno y López, así como a Elba Ramos y a su hija, Celina, trabajadoras domésticas que se encontraban resguardándose de los enfrentamientos militares en la casa sacerdotal. Montano tomó parte de la decisión, cosa que se dejó establecida en el juicio que lo condenó.

La ofensiva guerrillera proporcionó la cobertura ideal para asesinar a los jesuitas de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, UCA. Particularmente, el entonces rector, Ignacio Ellacuría, había sido una figura nada grata para la oligarquía y los militares desde 1976, cuando criticó, en un acerbo editorial titulado “A sus órdenes, mi capital”, la sumisión del gobierno militar de Arturo Armando Molina a la voluntad de la oligarquía, en el sentido de refrenar el alcance de una reforma agraria que pudo haber frenado la escalada conflictiva en el país centroamericano. El editorial obtuvo como respuesta diferentes atentados dinamiteros dentro de la universidad. Además, la UCA pasó a ser blanco de ataques de la prensa ligada a los sectores dominantes, así como de los sucesivos gobiernos. Segundo Montes y Martín-Baró tampoco gozaban del favor de los sectores dominantes. El primero, creó el Instituto de Opinión Pública de la universidad, en el que se dedicó a medir la percepción social sobre la guerra. Además, hizo un trabajo importante en apoyo de las comunidades de desplazados y refugiados de la guerra. Una de las comunidades que retornó de Honduras adoptó el nombre de este jesuita que acompañó activamente su retorno desde el país vecino. El segundo, psicólogo, enfocó las herramientas de su disciplina para plantear que los problemas psicológicos que experimentaban diversos sectores de la sociedad salvadoreña no podían enfrentarse adecuadamente si no se los relacionaba tanto con la violencia de la guerra, así como con la violencia estructural que originó y sigue originando pobreza y marginación. Dicho de otra manera: el capitalismo y la represión estatal torturan al cuerpo y enferman la mente. Estos sacerdotes formaron parte de una universidad que, como se lo trazó Ellacuría desde su rectorado, debía hacer de la realidad salvadoreña su asignatura principal.

Los jesuitas asesinados, particularmente Ellacuría, hicieron esfuerzos por lograr que los dos bandos enfrentados se sentaran a acordar una solución política a una guerra que terminó implicando 70,000 muertes en doce años y que fue financiada diariamente por un monto de un millón de dólares en ayuda militar, durante varios años, desde la administración Reagan en 1980, hasta que la muerte de los sacerdotes y sus trabajadoras provocaran indignación mundial y se obligara al gobierno de George Bush padre a reducir drásticamente la ayuda militar al Estado salvadoreño.

Ellacuría se sentaba a platicar tanto con los comandantes guerrilleros como con el presidente de la República, Alfredo Cristiani, para instarlos a buscar entendimientos. Junto con el arzobispo Rivera Damas y el ahora cardenal Gregorio Rosa Chávez, impulsó un fuerte movimiento social, que reunía desde empresarios, iglesias históricas y sindicatos, unidos por el apoyo a la solución pacífica de la guerra. 

Unos días antes de la matanza, Ellacuría viajó a España a recibir el premio Alfonso Comín, en reconocimiento a la labor por la paz de su universidad. Tenía confianza en la buena voluntad de Cristiani en comprometerse en una negociación por la paz con el FMLN. Estando en España supo que había estallado la ofensiva guerrillera y decidió volver. Ingresó al país desde Guatemala el día 13 de noviembre. 

Desde la cadena de radio y televisión de parte del gobierno, cadena que comenzó cuando estalló la ofensiva del FMLN, se proferían amenazas de muerte contra reconocidos opositores. Algunos de ellos prefirieron asilarse en embajadas, porque temían por sus vidas. Aunque las amenazas mencionaban claramente a Ellacuría y a los jesuitas, éste optó por mantenerse en la universidad. Días antes, toda la zona aledaña a la universidad estaba acordonada militarmente. Vale decir que dicha zona está cercana a las instalaciones del Estado Mayor del ejército. Estos factores pesaron para que Ellacuría descartara la posibilidad de que los asesinaran, pues parecería demasiado obvia la autoría del hecho, aparte, por supuesto, de los costos políticos que ello acarrearía consigo. Ellacuría, pues, se jugó esa carta confiado en la rectitud de sus futuros asesinos.

La matanza fue minuciosamente planeada. Unos días antes, efectivos del Batallón Atlacatl bajo las órdenes del coronel Benavides, entraron a la universidad con el pretexto de verificar que no había “subversivos” ocultos en el campus y en la residencia de los jesuitas. En realidad, estaban reconociendo el terreno para llevar a cabo lo decidido por los jefes castrenses. Entre ellos está el ya mencionado Montano, quien fungía como Viceministro de Seguridad. También figuraron el jefe del alto mando del ejército, René Emilio Ponce, ya fallecido y el ministro de Defensa, Humberto Larios. Además, se encontraba el coronel Juan Orlando Zepeda, quien anteriormente había dicho que la universidad era nido de subversivos. No estaba presente, es cierto, el presidente Cristiani, pero era muy difícil que ignorara lo que se estaba fraguando en la reunión del 15 de noviembre de 1989 a las 19.30 horas.

El operativo militar se llevó a cabo horas después. Concluyó en la madrugada del siguiente día. “Sois carroña”, les dijo Ignacio Martín-Baró, según consigna Lucía Cerna, una trabajadora doméstica que estaba presente en la residencia y que sobrevivió junto a su hija por poco. Los soldados, colocaron a sus víctimas en el jardín y ahí las ejecutaron. Se fueron  tras vandalizar la casa -un ejemplar de El dios crucificado de Jürgen Moltmann perteneciente a Ellacuría fue atravesado por un yatagán-, de robarse dinero y de colocar una pintada que responsabilizaba al FMLN del crimen. En la mañana del 16 de enero, la estupefacción recorrió el rostro de Monseñor Rivera y Damas y de quienes estaban presentes en la escena del crimen.

Es cierto que hubo anteriormente un juicio en el que se condenaron a algunos de los implicados. Hubo una “comisión de honor” nombrada por el presidente Cristiani en 1990. Esta comisión condenó a Benavides, al oficial Mendoza, ambos involucrados en la parte operativa del crimen, así como a un grupo de soldados que integraron el comando que entró a la UCA. Este proceso fue denunciado, no solo porque dejaba en la impunidad a los autores intelectuales, sino por las diferentes irregularidades que tuvo, incluyendo el ocultamiento de información, como por ejemplo, los libros de ingreso del Estado Mayor.

Sería largo enumerar los intentos fracasados de llevar este caso a la justicia en El Salvador, inclusive aquellos que han sido impulsados desde la Audiencia Nacional de España, pues sus responsables han sido arropados por parte de la institución castrense, para evitar, incluso la concreción de órdenes de extradición y difusiones de captura internacional.

El proceso judicial contra Montano, aparte de dejar todavía más claro lo que se sabía desde 1989, que el asesinato de los jesuitas y las dos trabajadoras de la universidad fue algo planeado por parte de los mandos militares y no el resultado de una acción tomada por iniciativa del mando inmediato del batallón élite Atlacatl, perpetrador del crimen. Además, también hace evidente que resulta casi imposible que una decisión de tal envergadura se haya tomado sin el conocimiento del entonces presidente Alfredo Cristiani. Estos elementos hacen de este juicio un paso más en contra de la impunidad y por la dignificación de la memoria de las víctimas.

2.    Las políticas oficiales de memoria. El mal de archivo

Lo anterior, si bien significa un avance, también se contrasta con el claro ambiente de estancamiento, o, todavía más, de retroceso, que se vive en el país. No puede menos que relacionar lo que acabamos de señalar con lo sucedido alrededor de un caso considerado como emblemático: la masacre de El Mozote. En dicha localidad tuvo lugar una matanza de civiles por parte de efectivos de la fuerza armada salvadoreña en 1981, crimen considerado como la mayor matanza en América Latina durante el siglo pasado. El Juez de Instrucción de San Francisco Gotera, jurisdicción a la que pertenece la localidad rural de El Mozote, ordenó la apertura de los archivos castrenses relacionados con el caso. Dicha apertura estaba programada para el 21 de septiembre de este año. Sin embargo, la respuesta militar fue negarse a abrir los archivos. El ministro de defensa, René Merino Monroy, envió una carta en la que se alega que la apertura de los archivos es ilegal. También se ha afirmado, por parte de voceros castrenses, que abrir sus archivos al escrutinio social es delicado, pues ello pone en peligro la seguridad nacional. La misma institución también se negó a cumplir la orden judicial que ordenaba abrir los archivos relacionados con las diferentes ocupaciones militares de la Universidad de El Salvador. Además, bajo el pretexto de la pandemia del COVID 19, el gobierno estableció un cerco sanitario en San Francisco Gotera. No es la primera vez que los cercos sanitarios se usan como herramientas de represión y control social  durante el actual contexto. Todo ello contradice la promesa del actual presidente de abrir los archivos de la fuerza armada para superar la página de la guerra.

Jacques Derrida dice, en su texto “Mal de archivo”, algo que viene al caso en este contexto: “Los desastres que marcan este fin de milenio son también archivos del mal; disimulados o destruidos, prohibidos, desviados, ‘reprimidos’. Su tratamiento es a la vez masivo y refinado en el transcurso de guerras civiles o internacionales, de manipulaciones privadas o secretas. Nunca se renuncia, es el inconsciente mismo, a apropiarse de un poder sobre el documento, sobre su posesión, su retención o su interpretación.”  Este “mal de archivo”, esta negativa a renunciar al dominio de los “archivos del Mal” en El Salvador no registró mayores indicios de poderse superar durante el período comprendido entre 1992 -año de la firma de los Acuerdos de Paz- y 2019. Aunque durante esos veintisiete años de posguerra se registraron avances en torno a los derechos civiles y políticos, el ejército, aunque con un papel restringido, mantuvo el suficiente poder como para poder resguardar a individuos responsables de violaciones de derechos humanos durante la guerra -como ocurrió cuando los militares requeridos por los tribunales españoles mediante una nota de difusión de Interpol se resguardaron, en 2011, en las instalaciones de la fuerza armada. Valga decir que, por ello, Montano logró sentarse en el banquillo de los acusados pues vivía en Estados Unidos y se logró su extradición. Si se hubiera mantenido en suelo salvadoreño, otro hubiera sido su destino.

 3. Un nuevo ciclo de militarismo

Aunque, como anotamos líneas arriba, los privilegios y la impunidad militares se mantuvieron virtualmente intactos en la posguerra, los Acuerdos de Paz de 1992 lograron que se redujeran drásticamente las atribuciones que tenía el ejército durante el conflicto. Por ejemplo, los militares no podían realizar funciones de seguridad pública, circunscribiéndose estas a la nueva Policía Nacional Civil. También se redujo el tamaño de sus efectivos. Aunque bajo el pretexto de la lucha contra la delincuencia tanto los gobiernos de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) como los dos gobiernos del FMLN aprobaron la presencia de efectivos militares en tareas de seguridad conjuntas con la policía civil, no se podía comparar la presencia militar con la que tenía en los años de la guerra.

Sin embargo, con la llegada del actual gobierno, los militares han ido recuperando tanto su presencia en las calles como su capacidad de intervención política directa. El 9 de febrero de este año, el presidente irrumpió en las instalaciones de la Asamblea Legislativa acompañado de un fuerte dispositivo militar, en lo que parecía augurar un golpe de Estado, como no se veía desde 1979. El presidente del Ejecutivo salvadoreño tomó la curul del presidente del Legislativo, desde el que se dirigió a la nación, en un palacio legislativo cundido de soldados fuertemente armados.

A pesar del cuestionamiento por parte de diferentes sectores sociales y políticos, dentro y fuera del país, la toma de la Asamblea Legislativa no parece haber minado sustancialmente la popularidad del presidente. Antes  bien, parece ser que hay un sector considerable de la sociedad salvadoreña que ve con buenos ojos el ejercicio del poder militar como una manera de mantener la seguridad del país.

Por otro lado, la muestra de fuerza del 9 de febrero hace ver que el recurso al poder castrense es una carta que puede jugar el Ejecutivo salvadoreña en cualquier contingencia. Así, la lucha contra la impunidad tiene un camino arduo dentro de la nación del istmo.

Finalmente, junto a una alarmante tendencia de parte del gobierno a utilizar sus espacios mediáticos para criticar a medios de comunicación opositores, como es el caso de los periódicos digitales El Faro y Revista GatoEncerrado, el presidente salvadoreño exhibió un video del jesuita José María Tojeira, director del Instituto de Derechos Humanos de a UCA (IDHUCA) durante una cadena de radio y televisión el 24 de septiembre.El mandatario acusó al jesuita de tener un acuerdo con Cristiani, pues Tojeira se habría pronunciado por un sobreseimiento a favor del ex mandatario y de haber expresado “un indignamiento (sic) selectivo” en perjuicio de los militares. La postura de la UCA siempre ha sido la de pedir el esclarecimiento de lo ocurrido el 16 de noviembre de 1989, estableciéndose las responsabilidades de los involucrados. No ha pasado por alto para nadie que el video de la imagen de Tojeira proyectado en la cadena se hacía en un escenario en el que estaba un cuadro de Monseñor Romero, pintado por Rafael Varela, y que fue colocado en el salón de honor de Casa Presidencial por parte del exmandatario Mauricio Funes. Contrastaba la imagen de Monseñor y el video del jesuita defensor de los derechos humanos con el escenario en el que el presidente estaba custodiado por militares. Además, la práctica de atacar a opositores en cadenas nacionales recuerda también a los gobiernos militares del país centroamericano. De hecho, fue en la cadena de radio y televisión de noviembre de 1989 en la que el gobierno de aquel entonces transmitió ataques contra los jesuitas de la UCA.

Finalmente, otra señal negativa la constituye el nombramiento de la diputada Milena Mayorga como embajadora de El Salvador en Washington. Mayorga es diputada por parte del derechista partido ARENA, pero ha atacado públicamente a su partido para congraciarse con el actual gobierno. La diputada no tiene formación en relaciones internacionales o en otros ámbitos que puedan ser más idóneos con el cargo diplomático que se le ha encomendado. Dejando esto al margen, así como el que el nombramiento parece ser el pago por favores políticos, no puede pasar desapercibido el que la funcionaria ha declarado públicamente su admiración hacia la figura del coronel Domingo Monterrosa, principal responsable de la masacre de El Mozote. Ello ocurre, justamente, cuando las demandas por que se abran los archivos militares relacionados con esta matanza se han estrellado contra la pared.

4. Conclusiones 

Podríamos caracterizar el actual escenario en la lucha contra la impunidad y la dignificación de las víctimas como adverso, al menos en El Salvador. Es probable que procesos similares al ventilado contra Montano, el cual tuvo lugar fuera del país, tengan mayor éxito. El retorno gradual y acelerado de los militares a los escenarios que antes ocupaban parece tener el camino bastante pavimentado. No obstante, hay voces discrepantes de parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos que se están haciendo escuchar.

La lucha contra el “mal de archivo” y por la apertura de los “archivos del Mal”, no deberá cejar. Es una de las salvaguardas para evitar que nuevamente el país centroamericano se vea enfrentado a un nuevo conflicto de gran escala.  La esperanza puede ser cautelosa, pero no puede dejar de iluminar el panorama actual. Esto implica un esfuerzo y un compromiso nacional para que puedan esclarecerse estos hechos que, conocidos por todos, están todavía envueltos en un velo de manipulaciones y ocultamientos.

Luis Alvarenga
Luis Alvarenga
Columnista

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