Un año ha pasado desde el asesinato a balazos de la ambientalista y feminista hondureña, Berta Cáceres. Ella era una líder de la comunidad indígena lenca y una destacada defensora de los derechos humanos de su país. Aún la impunidad reina en este caso.
Morena Herrera, feminista salvadoreña, asegura que a Cáceres la caracterizó el amor y la defensa de su pueblo, el orgullo que sentía por su identidad indígena, la pasión por los derechos humanos, sobre todo los ambientales, “ella también era feminista”, aseguró Herrera.
Herrera señaló que Cáceres fue víctima de varias amenazas y “en un par de ocasiones le ofrecimos que se viniera a El Salvador para proteger su vida, porque veíamos el riesgo; ella había aceptado la protección, pero sus compromisos con la lucha que estaba librando la hacían variar y decía que no se podía ir. Ella posiblemente no evaluó los riesgos”.
Cáceres organizó al pueblo lenca, la mayor etnia indígena de Honduras, en su lucha contra la represa de Agua Zarca, proyecto aprobado con una concesión a la empresa hondureña Desarrollos Energéticos SA, DESA, que inicialmente logró el respaldo de la compañía china Sinohydro. En 2009 la comunidad buscó la ayuda del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, al que pertenecía Cáceres.
Foto: Archivo ContraPunto
Ella había sido había sido galardona con el premio medioambiental Goldman en 2015, el máximo reconocimiento mundial para activistas de medio ambiente.
Durante su discurso denunció que "Me siguen. Me amenazan con matarme, con secuestrarme. Amenazan a mi familia. Esto es a lo que nos enfrentamos", un año después esas amenazas se hicieron realidad.
La impunidad ha reinado en el caso de Cáceres, expedientes perdidos y falta de voluntad de las autoridades es lo que han denunciado este 2 de marzo diversas organizaciones salvadoreñas frente a la embajada de Honduras en el país.
Así también organizaciones como el Centro de Centro de Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), aseguran que “este crimen fue el producto de una escalada de violencia, criminalización y estigmatización en contra de la lideresa (…), por lo que es fundamental que se consideren estos antecedentes a la hora de investigar y se comprenda el contexto de riesgo en el cual ejercía su labor”.
Ricardo Navarro, del CESTA, aseguró que la “lucha de Berta fue una lucha por la vida, lucha que le costó sangre”, por lo que instó al Estado hondureño a que haga justicia y castigue a los autores materiales e intelectuales y que vele por la protección de los defensores de los derechos humanos.
En relación al asesinato de Cáceres ya han sido capturados ocho sospechosos, entre ellos dos militares asesinados y un oficial. Según una publicación hecha por The Guardian, el asesinato de la ambientalista tiene todas las características de una operación bien planeada diseñada por la inteligencia militar, donde es absolutamente normal contratar a civiles para perpetrar asesinatos.
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Para Morena Herrera, la activista salvadoreña, el Estado hondureño no solo no la protegió, sino que tampoco ha aplicado la justicia para ella y su familia, puesto que Cáceres, cuando fue asesinada, estaba bajo medidas de protección que le correspondía brindar al Estado.
“La impunidad que prevalece en el caso de Berta es una señal de la falta de responsabilidad que tiene los estados frente a la aplicación de la justicia y protección de los defensores de derechos humanos, hay que exigir ambas cosas”, señaló Herrera.
Herrera enfatizó que lo sucedido a su par hondureña, es un riesgo al que todos los defensores de la región mesoamericana se enfrentan al luchar contra intereses económicos o ideológicos. Según CEJIL, entre el 2010 y 2016, al menos 123 personas fueron asesinadas por reivindicar su derecho de defender derechos humanos.
