Según las autoridades salvadoreñas, se ha avanzado en la protección del medio ambiente, aunque reconocen que falta mucho por hacer, manifestó Ángel Ibarra, viceministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
“En primer lugar, que a pesar de que la derecha ha querido asfixiar financieramente a este gobierno y abortar el plan de un país donde el Buen Vivir sea el paradigma, eso ha sobrevivido, no se han abandonado los planes sociales y ambientales. El plan que hemos desarrollado con mayor impacto es el plan nacional de restauración y reforestación”, destacó el funcionario.
En el año 2017 la victoria más sobresaliente, sin lugar a dudas, fue la aprobación de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica. Aunque este logro también representa más desafíos para el movimiento ambientalista, explicó Pedro Cabezas, facilitador de la Alianza Centroamericana frente a la Minería (ACFREMIN).
“La victoria más importante de este año es la aprobación de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, una lucha que se dio por más de 12 años, que trascendió desde las comunidades hasta llevar la lucha a nivel internacional. Pero tenemos desafíos a partir de la prohibición de la minería, como resarcir los daños de las personas que fueron víctimas de violaciones de derechos humanos y búsqueda de justicia en el caso de los asesinatos de los mártires en Cabañas”, concluyó Cabezas.
Sin embargo, las comunidades y organizaciones ambientalistas aseguran que los daños a la salud de la población y la contaminación de los ríos de la zona limítrofe costera salvadoreña a consecuencia del uso indiscriminado de los agrotóxicos ponen la nota negra en la evaluación ambiental, debido a que estos productos no tienen ningún tipo de control estatal, convirtiéndose en una epidemia silenciosa que avanza exponencialmente, advirtió la activista Sonia Hernández de la Asociación para el Desarrollo de El Salvador (CRIPDES).
“Estamos siendo afectados por las fumigaciones aéreas porque los cañales están cerca de nuestras casas y la quema de la caña de azúcar nos contaminan el agua, nuestros animales (de granja) y los cultivos”, denunció Hernández.
En Tecoluca operan las cinco industrias azucareras del país: Central Izalco, Ingenio Jiboa-Corsain, Hacienda El Ángel, La Cabaña y Chaparrastique, que han invadido con 10 mil manzanas de monocultivo de caña de azúcar, destruyendo a su paso lo que antes fueran bosques, fauna y cultivos de granos básicos en dicho municipio, aseguró Patrocinio Dubón, presidente de la Asociación de Agua Lempa Abajo.
Además, los defensores del agua y ambientalistas sufren de criminalización por parte de las autoridades salvadoreñas, como son los líderes comunitarios de Tacuba que fueron encontrados culpables y condenados a pagar multas por un delito que no metieron, señaló Karen Ramírez, representante del Foro del Agua.
“Lamentamos la decisión del juez de declarar culpables a seis de los nueve líderes comunitarios y obligados a pagar una multa. Reprochamos que el sistema judicial se preste para la persecución contra los defensores del agua”, declaró Ramírez.
El Salvador cierra el año 2017 con una victoria con sabor amargo porque a pesar de que tiene una ley aprobada contra la minería metálica, aún quedan otras legislaciones que dormirán el sueño de los justos, como la ley General de Aguas y la Ley de Soberanía Alimentaria y Nutricional.
Además ensombrecen el balance ambiental los casos negativos sobre la cacería de brujas contra defensores del agua y la ausencia de justicia para los mártires ambientalistas asesinados por defender la vida contra la minería en Cabañas. En ambos casos prevalece la impunidad.
