El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador, avaló en marzo pasado la petición de la Fiscalía General de la República (FGR), sobre acudir a instancias internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU), embajadas y universidades estadounidenses, con el objetivo de esclarecer el caso del asesinato de san Óscar Arnulfo Romero, registrado el pasado cuatro de marzo de 1980.
Sin embargo, Alejandro Díaz Gómez, abogado querellante del caso en representación de la Asociación de Derechos Humanos Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, manifestó en una entrevista para ContraPunto su inconformidad con dicha resolución, debido a la lentitud y a las “actuaciones obscuras” que ha tenido el Ministerio Público en este proceso, aunque reconoció que el caso podría terminar en una reivindicación de Romero y de la sociedad salvadoreña en cuanto a justicia sobre ese magnicidio.
¿Podría explicarme como se ha desarrollado el proceso de reapertura del magnicidio de San Romero?
Tutela Legal en 2017 solicitó la reapertura, el 23 de marzo se presentaron escritos y documentos relativos al magnicidio de Monseñor Romero, con esa reapertura ya se solicitaba esa serie de documentos internacionales y también se solicitaba la participación de expertos como peritos del caso; es una serie de solicitudes que Tutela Legal hizo en marzo de 2017 y en mayo de ese mismo año se dio la resolución de apertura y empezó el caso del magnicidio a avanzar en el Juzgado Cuarto de Instrucción.
La mayoría de estas solicitudes ya los habían realizado los abogados de Tutela Legal como acusadores particulares, en relación a fechas importantes (“¦) como el año 2004, donde se condena a Álvaro Sarabia, civilmente a pagar 10 millones de dólares. También se había solicitado certificación de la Comisión de la Verdad en relación a Monseñor Romero, sin descartar todo el informe que debería ser traído al país porque tienen una gran cantidad de información de laa investigaciones que hizo la Comisión. Estas diligencias, así como la ubicación de testigos, pero principalmente la ubicación de otros responsables se había pedido en 2018 al juzgado.
¿Que opina la de la decisión del Juzgado sobre avalar que la FGR busque apoyo internacional en el caso del asesinato de Monseñor Romero?
No estoy muy de acuerdo en que una parte del juicio se derivara sólo a la Fiscalía, porque Fiscalía General siempre ha tenido durante este caso actuaciones no muy claras y obscuras para que el proceso de San Romero no avanzara; esperábamos que el juzgado llevara el proceso completo. Esto lo digo porque(“¦) ya hay órdenes de captura contra Álvaro Saravia, pero ha derivado la autoría intelectual y material de otros posibles autores, son muchos ya conocidos como Roberto D”™Aubuisson y otras personas que se mencionan, ha derivado a que Fiscalía se encargue de esa investigación y sentimos que va un poco lento. Pero tampoco desconocemos la intención o el avance que hay, en cuanto a que se está tratando de que el caso sea diferente al proceso de los años 80 que no iba encaminado a encontrar la verdad ni la justicia y menos a los autores intelectuales y materiales, sino a esconder.
¿Qué esperan ustedes de la traída a El Salvador de la información de los organismos internacionales, por ejemplo, el Informe completo de la Comisión de la Verdad sobre el caso Romero?
Esperaríamos el apoyo de todas las instituciones del Estado, tiene que ver mucho Cancillería, el Ministerio de Defensa en cuanto a proporcionar documentos de estos militares, sobre los posibles autores que nosotros los señalamos, tiene que ser un trabajo efectivo. Lo que buscamos es que no se vaya a politizar y vaya a resultar en que el caso se vuelve a detener cuando se llega a tocar personas con poder político y económico del país que todavía están en esta esfera o que no se quiere entregar documentación.
¿Cuáles serían las implicaciones para el país en términos de realizar un proceso para llegar a la verdad y a la justicia sobre el caso de San Romero?
La importancia es que se reivindique históricamente, se reivindique de la forma en que el caso en los años 80 se hicieron todas las artimañas, las acciones necesarias para que no se llegara a los autores materiales, intelectuales y los financistas de un terrorismo de Estados que se dio en esos años de la persecución a miembros de la iglesia y de la población civil. Especialmente porque se asesinó al principal defensor de los Derechos Humanos. Esto debe de reivindicarse, esa es la importancia de rescatar la memoria histórica de este y los demás casos que se dieron dentro de lo que se cataloga como crimenes de lesa humanidad. Actualmente el caso de San Romero ya está señalado como crimen de lesa humanidad. Desde marzo de 2017 que Tutela Legal ha insistido en la incorporación de documentación e investigación de otros involucrados (“¦) para que el Juzgado, dentro de sus facultades, sigan estas investigaciones y lo acompañen Fiscalía y otras instituciones, para que se dé un proceso históricamente transparente para que se llegue a la justicia y reparar a la familia, a la iglesia y especialmente a la sociedad salvadoreña que ha vivido bajo esta impunidad tantos años.
