El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este martes una ley de defensa que implica la creación y publicación de una lista negra de funcionarios corruptos de Guatemala, Honduras y El Salvador.
La normativa, denominada Ley de Autorización de Defensa Nacional, fue impulsada por los legisladores demócratas Norma Torres y Ben Cardin y busca ser un arma en la lucha contra la corrupción en la región centroamericana, uno de los pasillos principales por los que circula droga, armas y otros ilícitos con dirección a la nación norteamericana.
La lista incluirá a ciudadanos comunes involucrados en actividades ilegales, incluyendo funcionarios públicos que cometan delitos de corrupción y financiación ilícita de campañas políticas.
"Debemos estar dispuestos a mencionar nombres, y eso es lo que hace esta legislación. El secretario de Estado ahora tiene 180 días para proporcionar al Congreso una lista de nombres. Es hora de ponernos a trabajar", dijo Torres.
Según sus impulsores, la ley busca enviar un mensaje claro de que Estados Unidos combatirá la corrupción en Centroamérica.
Los funcionarios mencionados en la lista podrían enfrentar congelación de activos, denegación de visas, tal como manda la Ley de Responsabilidad Global de Derechos Humanos de Magnitsky.
"Los abusos a los derechos humanos y la corrupción que se ha arraigado en Centroamérica tienen un impacto directo en la seguridad nacional, y el gobierno debe usar todas las herramientas a su alcance para nombrar y avergonzar, y negar el acceso de los abusadores y funcionarios corruptos a los EEUU", dijo Cardin.
En El Salvador, los últimos tres expresidentes han sido investigados por delitos relacionados con corrupción durante sus administraciones. El fallecido expresidente Francisco Flores (1999-2004) fue acusado por la Fiscalía de apropiarse de alrededor de $15 millones de dólares; el expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009) se declaró culpable de apropiarse de más de $300 millones de dólares en su quinquenio; y el expresidente Mauricio Funes (2009-2014), a quien el Ministerio Público acusa de haberse apropiado de más de $300 millones de dólares, y que actualmente está asilado en Nicaragua, alegando ser víctima de una persecución política por parte de la Fiscalía General de la República.
