Trump negocia sobre la sangre palestina

Por Alonso Rosales.

El anuncio del plan de paz en 20 puntos presentado por Donald Trump en la Casa Blanca el 29 de septiembre de 2025, a las puertas del segundo aniversario de la guerra en Gaza, ha sido recibido con una mezcla de expectación y desconfianza. Más allá de los titulares, la propuesta evidencia una lógica profundamente asimétrica: un “acuerdo” diseñado en Washington, respaldado por Israel y supervisado por Trump, pero sin la participación efectiva de la principal fuerza que controla la Franja, Hamás, ni de un liderazgo palestino con legitimidad interna.

El plan promete reconstrucción, inversión extranjera y una Gaza “moderna y pacífica”. Sin embargo, la letra pequeña revela concesiones impuestas bajo la condición de una rendición total: desmilitarización absoluta, expulsión de Hamás del escenario político, y la creación de un gobierno de transición presidido nada menos que por Donald Trump, quien pasaría a fungir como una especie de virrey global, acompañado de figuras occidentales como Tony Blair.

La dimensión simbólica no puede ignorarse: la paz no se negocia en Ramala ni en Gaza, sino en el Comedor de Estado de la Casa Blanca, donde Trump y Netanyahu se estrechan la mano como dueños del tablero. La narrativa de “zona libre de terrorismo” convierte a toda Gaza en sospechosa, mientras se concede a Israel el poder de definir quién merece amnistía y quién debe ser marginado.

El plan habla de “amnistía” para miembros de Hamás, pero condicionada a la entrega de armas y a la aceptación de un marco político ajeno a cualquier autodeterminación real. La promesa de un futuro Estado palestino queda relegada al punto 19, como un horizonte difuso sujeto al cumplimiento de reformas dictadas desde fuera. Entre tanto, la vida de más de dos millones de gazatíes depende de la entrada controlada de ayuda humanitaria y de la presencia de fuerzas internacionales que garanticen que Israel siga sintiéndose seguro.

La crítica más aguda proviene de la contradicción central: se presenta como un plan de paz, pero parte de un desequilibrio absoluto de poder. Los palestinos deben aceptar lo que se les ofrece —reconstrucción a cambio de renuncia política y militar— mientras Israel asegura que no habrá anexión, como si eso fuera una concesión y no una obligación bajo el derecho internacional.

Trump vende este acuerdo como “histórico”, pero lo hace sobre los cadáveres de más de 66.000 palestinos muertos en dos años de ofensiva israelí. La sangre derramada se convierte en moneda de negociación para legitimar su papel de árbitro global. Netanyahu lo respalda porque asegura a Israel un alto el fuego bajo condiciones favorables. Hamás, previsiblemente, lo rechaza porque equivale a su extinción política.

En definitiva, este plan no es un camino hacia la paz justa, sino hacia una paz impuesta: una Gaza tutelada, desarmada y controlada por una junta internacional dirigida desde Washington. Una paz construida no sobre el reconocimiento mutuo y la autodeterminación, sino sobre la sangre palestina y la reafirmación de la hegemonía estadounidense en Medio Oriente.