por Redacción ContraPunto
Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos confirmó esta semana una medida que impide al Servicio de Impuestos Internos (IRS) compartir con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) información confidencial de contribuyentes utilizada para localizar a personas que las autoridades consideran sujetas a deportación.
La decisión representa un nuevo revés judicial para la política migratoria de la administración de Donald Trump y establece límites al intercambio de información entre agencias federales cuando están protegidos por las leyes de confidencialidad tributaria.
El origen de la disputa
El conflicto surgió después de que el IRS y el ICE establecieran mecanismos para que la agencia migratoria pudiera solicitar las últimas direcciones conocidas de personas identificadas como posibles inmigrantes en situación irregular.
Según los documentos judiciales, el acuerdo podía involucrar información de hasta 1.28 millones de personas. Antes de que una orden judicial frenara el procedimiento, el IRS llegó a entregar aproximadamente 47,289 registros a ICE.
Las organizaciones que demandaron al Gobierno argumentaron que esa práctica violaba las estrictas normas federales que protegen la información entregada por los contribuyentes al IRS.
El fallo judicial
El Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia determinó que el procedimiento utilizado por el Gobierno no cumplía con los requisitos establecidos por la legislación federal.
Los jueces cuestionaron especialmente que el sistema permitiera procesar solicitudes de información de manera prácticamente automatizada, sin una revisión individual suficiente para comprobar que cada petición cumpliera con las condiciones legales.
El tribunal señaló que la protección de los datos tributarios tiene raíces en las reformas adoptadas después del escándalo de Watergate, cuando el Congreso estableció mayores restricciones para impedir el uso indebido de información fiscal por parte del Gobierno.
La jueza Cornelia Pillard, autora de la decisión, sostuvo que el Gobierno no podía solucionar mediante acciones administrativas una cuestión que corresponde modificar al Congreso.
¿Qué significa para los inmigrantes?
La resolución no significa que ICE haya perdido todas sus facultades para investigar o deportar inmigrantes. El Departamento de Seguridad Nacional afirmó que continuará utilizando los mecanismos que considere legales para localizar y ejecutar órdenes definitivas de deportación.
Sin embargo, el fallo establece un límite importante: la información confidencial entregada al IRS por los contribuyentes no puede ser transferida a ICE mediante procedimientos que violen las condiciones establecidas por la ley.
El caso también adquiere especial relevancia para las comunidades inmigrantes, porque el temor a que información proporcionada para fines tributarios pueda terminar en manos de autoridades migratorias podría afectar la confianza en las instituciones públicas.
Una batalla judicial más amplia
La decisión se produce en medio de una creciente confrontación entre la administración Trump y tribunales federales por distintas medidas de control migratorio.
En otros casos recientes, tribunales han cuestionado políticas relacionadas con detenciones, utilización de bases de datos y procedimientos de deportación. Una corte federal de apelaciones, por ejemplo, también ha rechazado una política de detención obligatoria de determinados inmigrantes sin audiencias para determinar si pueden obtener libertad bajo fianza.
El nuevo fallo sobre la información tributaria deja así planteada una cuestión de fondo: hasta dónde puede llegar el Gobierno federal en su campaña de control migratorio cuando sus acciones entran en conflicto con las leyes de privacidad y confidencialidad aprobadas por el Congreso.
Para millones de inmigrantes y contribuyentes, la disputa no es solamente jurídica. También representa un debate sobre la confianza en las instituciones y sobre los límites que deben existir cuando el Estado utiliza información personal obtenida originalmente para un propósito distinto al de la aplicación de las leyes migratorias.
Fuentes . AP , Reuters, EFE
