El Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador concedió una prórroga de seis meses al plazo de inicio del proceso en contra de los políticos señalados de haber negociado beneficios electorales y otras irregularidades con pandilleros.
La medida surge a petición de la Fiscalía General de la República (FGR), debido a la complejidad de la investigación que reúne varios eventos y consideraron que no lograban tener todos los elementos para este 14 de diciembre.
Entre las diligencias por desarrollar están: reconocimientos en rueda de personas, inspecciones oculares, entrevistas a testigos ofrecidas por los imputados, vaciado de información de dispositivos electrónicos y solicitud de bitácoras de teléfonos, así como analizar videos.
En este proceso judicial son señalados: el alcalde capitalino Ernesto Luis Muyshondt, el exministro de Justicia y Seguridad Pública, Benito Antonio Lara Fernández, el exministro de Gobernación, Ramón Arístides Valencia Arana, Wilson Alexander Alvarado Alemán, el periodista Richard Lüers, conocido como Paolo Lüers y Mario Alberto Mijangos, acusados de agrupaciones ilícitas, fraude procesal y entregar más de US$600 mil a estructuras delincuenciales.
Presuntamente el FMLN, según los testigos, pagó a estos grupos un total de $433 mil. Mientras que Arena pagó $138 mil dólares, presuntamente con la intención de salir favorecidos en las elecciones de alcaldes y diputados el año 2015.
El caso se originó por declaraciones de dos testigos con criterio de oportunidad denominados “Noé y Salomón”, miembros activos de grupos terroristas en la época en que presuntamente ocurrieron los hechos, y tras confesar que los procesados mantenían negociaciones con maras, con el fin de favorecerlos en los penales a cambio de que influyeran en sus familias y con sus cómplices en libertad para que votaran por ellos en las elecciones presidenciales de 2014 y en las de 2015.
Las declaraciones de “Noé y Salomón” se registraron, en el juicio contra más de 350 pandilleros capturados en la operación Cuscatlán.
Además, en el juicio de la Operación Jaque, el juez especializado mostró videos de los imputados e incluso del diputado Norman Quijano, supuestamente reunido con pandilleros, sin embargo, la Asamblea decidió no desaforarlo.
Según el requerimiento fiscal los delitos se cometieron durante el periodo de octubre de 2013 a febrero de 2015.
