Por Alonso Rosales
El caso del inmigrante mexicano Lorenzo Salgado, abatido a tiros por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Houston, Texas, ha desatado una nueva confrontación política en Estados Unidos, luego de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) atribuyera a los demócratas la falta de cámaras corporales en el operativo.
Según el DHS, los cierres parciales del Gobierno impulsados por legisladores demócratas habrían retrasado la adquisición y distribución de estos dispositivos, considerados clave para esclarecer lo ocurrido. “El proceso de compra y entrega de cámaras corporales se vio interrumpido”, señaló un portavoz de la agencia, en medio de crecientes cuestionamientos por la ausencia de evidencia audiovisual oficial.
Sin embargo, legisladores demócratas rechazaron esta versión. El representante Christian Menefee aseguró que la responsabilidad recae en la administración de Donald Trump y en los republicanos. “Houston ya no acepta excusas de una agencia que tiene más dinero del que puede gastar y aun así es incapaz de gestionar responsabilidades básicas”, afirmó.
El caso ha cobrado mayor relevancia tras la difusión de nuevos videos y testimonios que contradicen la versión oficial de que Salgado intentó atropellar a los agentes. Testigos, incluidos los ocupantes del vehículo en el que viajaba la víctima, sostienen que el hombre no representaba una amenaza y que los disparos se produjeron casi inmediatamente después de que los agentes descendieran de sus vehículos.
Salgado, un trabajador de la construcción que residía en Estados Unidos desde hacía más de 35 años, no tenía antecedentes penales y se encontraba en proceso de regularizar su estatus migratorio. Además, se confirmó que no era el objetivo del operativo, lo que ha intensificado las críticas hacia ICE y el uso de la fuerza en este tipo de intervenciones.
El incidente también ha reavivado el debate sobre la transparencia en las operaciones migratorias. Casos previos han demostrado que las grabaciones de cámaras corporales pueden contradecir las versiones oficiales, lo que ha llevado a exigir su uso obligatorio en todos los operativos federales.
La fiscalía del condado de Harris ha iniciado una investigación para esclarecer los hechos, aunque ha reconocido limitaciones debido al control federal de pruebas clave. Paralelamente, el caso ha generado indignación pública y protestas, en un contexto donde al menos ocho personas han muerto durante operativos migratorios en el segundo mandato de Trump.
Analistas políticos y expertos en derechos humanos coinciden en que este caso refleja una crisis estructural en las políticas migratorias. La analista en seguridad fronteriza Laura Carlsen señala que “la falta de mecanismos de rendición de cuentas, como las cámaras corporales, debilita la confianza pública y abre la puerta a abusos de poder”. Por su parte, el investigador del Migration Policy Institute, Andrew Selee, advierte que “la politización de estos incidentes impide abordar el problema de fondo: el uso excesivo de la fuerza y la falta de protocolos claros”.
En la misma línea, organizaciones defensoras de derechos civiles consideran que el caso de Salgado podría marcar un punto de inflexión en la supervisión de ICE, especialmente si se confirma que el uso de la fuerza fue injustificado.
Mientras tanto, la familia de la víctima exige justicia y transparencia, en un caso que continúa generando repercusiones políticas, sociales y legales en todo el país.
Fuente: The Associated Press.
