viernes, 21 de enero del 2022

Traidores (II)

Tras cuatro décadas de ocurridos, hay quienes aún sostienen que son falsos o que se trató de combates entre los ejércitos gubernamental y rebelde

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Por Benjamín Cuéllar

Entre el 11 y el 13 de diciembre de 1981, hace ya cuarenta años, tuvo lugar en nuestro país la matanza más atroz ejecutada en América Latina durante la segunda mitad del siglo XX. En esos días fueron asesinadas alrededor de mil personas ‒casi el 50 % menores de 12 años‒ en los caseríos El Mozote, Ranchería, Los Toriles y Jocote Amarillo, así como en los cantones Cerro Pando y La Joya; también en una cueva del Cerro Ortiz. Todos estos sitios, ubicados al norte del departamento de Morazán. En el terreno, al frente de sus perpetradores iba el teniente coronel Domingo Monterrosa comandando el batallón “Atlacatl”; esta despiadada tropa élite contó con apoyo aéreo y artillero para consumar las masacres. En la retaguardia, el ministro de Defensa y Seguridad Pública era el general Guillermo José García y el jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) era el ya fallecido coronel Rafael Flores Lima.

Mucho se ha escrito antes y se escribirá en estos días sobre esos hechos que, como acostumbraron, por años fueron negados. Incluso, tras cuatro décadas de ocurridos, hay quienes aún sostienen que son falsos o que se trató de combates entre los ejércitos gubernamental y rebelde; este último, han sostenido, había ocupado población civil como “escudo” para defenderse de los ataques enemigos. Sin embargo, la condena del Estado salvadoreño emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 25 de octubre del 2012 confirma la consumación de semejante barbarie.

No comentaré hoy sobre esta, pero me servirá como punto de partida para continuar mi reflexión de la semana anterior que finalicé comentando la traición de Nayib Bukele a las víctimas de tantas salvajadas, cometidas por los bandos que se enfrenaron entre sí antes y durante la guerra; también me referí entonces, sin desarrollarlo, a lo que pasó hace poco en la Comisión de Justicia y Derechos de la Asamblea Legislativa (CJDH-AL).

Cuando asumió la Presidencia de la República, Bukele ordenó borrar el nombre de Monterrosa del muro del cuartel de la Tercera Brigada de Infantería en San Miguel”; al siguiente día se cumplió su mandato, generando expectativas esperanzadoras. Semanas después se reunió con sobrevivientes de la carnicería señalada y familiares de las víctimas asesinadas en esta; entonces, prometió cerrar sus heridas. “Pero no se cierran ‒aseguró‒ ocultándolas o poniéndoles un velo encima, sino encontrando la verdad y que haya no solo resarcimiento a las víctimas, sino que los culpables paguen por lo que hicieron”.

Dorila Márquez, de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote, manifestó haber salido “feliz de la reunión”. “La esperanza ‒agregó‒ es que todo va a salir bien. Dijo que lo que le pidieran las víctimas iba a ser como una orden para él”. Ademas, Bukele prometió entregar “de la A la Z” los archivos militares sobre semejante mortandad; sin embargo, lo que suministró fue una burla tras haber impedido ‒en septiembre del 2020‒ que el juez Jorge Guzmán ingresara a los cuarteles para revisarlos alegando que este no tenía “jurisdicción sobre la Fuerza Armada”. Y en diciembre fue a El Mozote, adonde afirmó que la guerra y los acuerdos que la frenaron eran “una farsa”. Así, ofendió nuevamente la dignidad de las víctimas y cuestionó su lucha por la verdad, la justicia y la reparación integral.

Y sus serviles diputadas y diputados no se salen del libreto que les fija. Por eso, el recién pasado 29 de noviembre en la CJDH-AL se exhibieron como lo que son: simples integrantes de un coro destemplado que, como las anteriores legislaturas de nuestra historia nacional, en el centro de su quehacer solo prevalece la politiquería favorable a sus intereses; le valen las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra y delitos contra la humanidad. Por eso ningunearon la sensata propuesta de la diputada Claudia Ortiz y no convocaron para escucharles a una tan sola de las innumerables víctimas directas de aquel salvajismo o alguien de sus familiares. Falazmente, dicen que no quieren “revictimizarlas”, cuando lo están haciendo igual o peor que “los mismos de siempre”.

Tal como pintan las cosas, frente a tantos mesiánicos traidores no queda más que asumir el desafío de crear un movimiento nacional de víctimas de las violaciones de sus derechos ocurridas antes, durante y después de la guerra junto a las que se vayan sumando de ahora en adelante, sin importar quiénes sean sus responsables. Hay que hacerlo porque “si un traidor puede más que unos cuantos”, ojalá “esos cuantos no lo olviden fácilmente”.

El contenido de este artículo no refleja necesariamente la postura de ContraPunto. Es la opinión exclusiva de su autor.

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Benjamín Cuéllar
Salvadoreño, Fundador del Laboratorio de Investigación y Acción Social contra la Impunidad, así como de Víctimas Demandantes (VIDAS). Columnista de ContraPunto
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