El director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), José María Tojeira, señaló este jueves la poca prioridad que el tema del agua tiene en la agenda de país y mediática, pues las preocupaciones derivan más en que el Estado caiga en un impago en pensiones, que en la falta de agua que tiene la población.
“Si bien un impago de deuda no es bueno, pero es una deuda contraída en favor del 25% de la población pensionable, en cambio el 25% de hogares que no tienen acceso al agua potable, son los más pobres de este país. De qué le sirve a uno tener derecho a pensión sino tiene derecho al agua”, cuestionó Tojeira en la entrevista matutina de canal 10.
Sostiene que se trata de un problema de visión ética pues organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han señalado las deficiencias en el tema agua que tiene el país pero se han ignorado los señalamientos.
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Recientemente partidos de derecha encabezados por ARENA presentaron una nueva propuesta de Ley Integral de Agua que recoge, entre otras cosas, que el ente rector que administre el uso del agua, debe estar conformado por una persona del Estado, dos de las municipalidades y dos personas de la empresa privada, una idea que no ha sido del agrado de organizaciones sociales en contra de la privatización del agua.
Por ello, tanto la UCA como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) presentaron ante la Asamblea Legislativa una propuesta de reforma sobre cómo debe estar, a su juicio, conformado el ente rector del agua en el país.
La configuración del ente rector del agua propuesta por estas instituciones es: a nivel nacional una Autoridad Nacional de Agua con participación pública y un Consejo Nacional de Agua con participación del sector privado. A nivel local, Organismos y Comités de Cuencas siempre con participación pública y privada.
“Enfatizamos que nuestro espacio de asesoría y participación amplia es algo nuevo en el sentido que es mucho más que un comité consultor que opine pero sin mucho poder en la toma de decisiones. En nuestro espacio sí tiene poder de influir y bajo algunas circunstancias sus opiniones serán vinculantes ante el ente rector”, dijo Andrés Mckinley, especialista en agua y minería.
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Asimismo, según Tojeira, esta propuesta pretende universalizar el derecho al agua y ponerlo como prioridad número uno para quienes beben agua por encima de quien la comercializa.
“No quiero parecer que excluyo a la empresa privada pero quien mayor importancia tiene es quien la bebe, luego quien la usa para saneamiento, y el tercero para el uso comercial. Los Derechos humanos no funcionan de abajo hacia arriba”, subrayó Tojeira.
