Desde hace tiempo, el pueblo salvadoreño cuestiona la superabundancia de “asesores y asesores de asesores” en la Asamblea Legislativa; un tanto, por los salarios tomados de sus impuestos; y otro, porque pareciera significar que a algunos diputados les pesa la exigencia de la “instrucción notoria”.
El caso es que -con las apreciadas por mínimas excepciones- la mayoría de los “asesores” no son tal, pues carecen de la capacidad necesaria, igual que sus diputados jefes. Más bien, la mayoría son activistas, siempre listos para la siguiente campaña electoral. En todo caso, para el pueblo más que incapacidad suena a corrupción. O a ambas.
Nada que ver, desde luego, con cuestionar a los compatriotas nombrados ilegítimamente, por no contar con los atributos necesarios para cubrir las exigencias requeridas. Ellos están en su derecho de trabajar libremente, solo que, en este caso, los responsables son los diputados/directivos que los nombran arbitrariamente. Es decir, decidir el puesto para el hombre y no el hombre para el puesto.
Hace algún tiempo, se publicó una lista de asesores legislativos que, con excepción -justa y precisa- de los verdaderos, por la cantidad de asesores en la Asamblea Legislativa -como la expresión en Hamlet- todavía “algo huele a podrido en Dinamarca”. No por los nombrados, sino por quienes, arbitrariamente, los nombran.
¿Cómo exigir transparencia, rendición de cuentas o que se realicen obras al estilo de Aladino… cuando los que exigen jamás lo hicieron?
Hace unos meses, el ex presidente de la Asamblea Legislativo, Norman Quijano, y todavía hace poco el actual presidente, Mario Ponce, ambos han reconocido que hay exceso de personal, pero que “no pueden hacer nada para remediarlo”. Esto es obvio… para ellos, sería como tirar al aire un bumerang…
El pueblo sabe que son plazas para satisfacer los unos a los otros. Y demanda real justicia. Pero, además de justicia, demanda, por lo menos, equidad, reprochando el cinismo de la fracción del Partido Demócrata Cristiano -antes con un solo diputado, ahora con solo tres- por su antipopular historial de contar con decenas de “asesores”. ¿Será por incapacidad de los diputados y asesores, o por simple corrupción? ¿O por ambas…?
La Constitución de la República exige “honradez e instrucción notorias” (Art. 126 Cn.), a los candidatos/as a diputado. Una exigencia casi nunca cumplida: unos tienen capacidad pero no honradez, otros a la inversa, y los otros ni capacidad ni honradez. Son solo número en el pleno y mudos también fuera de él; jamás se les ve ni se les oye una palabra, aparte de que las cúpulas de los dos principales partidos, ya tienen escogidos a los mismos dos que tres diputados, como los únicos y “versados voceros”.
Quizás los dirigentes los seleccionan para evitar que el resto de su fracción les robe cámara -lo cual afectaría a los intentos de reelección- o puede ser para evitar hacer quedar mal a su partido y hasta hacer el ridículo, con intervenciones desafortunadas.
Esto, sin embargo, para los diputados tiene efecto bumerang: hoy el pueblo honesto cambia de canal de TV cuando hacen declaraciones, porque ya se cansa de “oír a los mismos diputados informar lo mismo por el mismo canal”, y siempre con línea de una agenda bi-partidaria, en perjuicio de las mayorías populares.
Igual, con las entrevistas matutinas y nocturnas de TV, ahora con audiencias a la baja; y por su lado, los periódicos, con evidente menor número de páginas. Los diputados acatan la agenda de los grandes medios de comunicación social (MCS) -simultánea y pre elaborada por consenso- con único fin de atacar a su común opositor -en este caso hoy, al actual gobierno de Bukele y sus medidas anti-pandemia- sin importarles que el daño es para la población salvadoreña a la que, sin embargo, pregonan serle fiel con su veracidad e imparcialidad (¿?).
El pueblo -con su nueva visión de política- esperaría que, de inmediato, en la Asamblea Legislativa cesen: las prebendas y privilegios y el revanchismo político por no aceptar la alternancia constitucional…; en fin, toda manera antipopular de legislar, en perjuicio de la dignidad e inteligencia de los salvadoreños y de la buena imagen del país.
