La Cámara Segunda de lo Penal exoneró de los cargos de lavado de dinero a los expresidentes Francisco Flores y Elías Antonio Saca, en relación con el caso de las donaciones por US$10 millones que el gobierno de Taiwán donó a El Salvador.
Esta resolución, en el caso del expresidente Saca (2004-2009), fue sustentada por el argumento de “falta de acción por prescripción”, es decir, el tiempo para mantener activa esta causa ya terminó. Han pasado más de 10 años desde que se sometió a la justicia el caso, por tanto, la legislación salvadoreña vigente impide llegar a una sanción penal.
Por este mismo caso, y en los mismos términos, fueron sobreseídos también Juan Wright, Mauricio Samayoa y Gerardo Balzaretti.
“Era una muerte anunciada”, dijo Tahnya Pastor, abogada especialista en el área penal. “Quien incumplió deberes por no iniciar la investigación (cuando aún había margen para lograr una condena) fue el exfiscal Luis Martínez”, agregó Pastor.
El último de los hechos que dieron lugar al juicio donde Saca y Flores fueron acusados de lavado de dinero y activos ocurrió el 30 de abril de 2004. Esto lo sabía la Fiscalía desde enero 2014, nueve años y nueve meses antes de que fuera demasiado tarde para el proceso. Aun así, la Fiscalía inició los trámites para llegar al juicio hasta marzo 2019, es decir, 14 años después de que se cometió el delito.
En el caso del expresidente Flores (1999-2004), la Cámara tomó en cuenta que Flores ya había sido juzgado a la luz de los mismos hechos, aunque señalando un delito diferente. Las leyes salvadoreñas prohíben el doble juzgamiento.
Las autoridades judiciales aclararon en un comunicado que esta resolución libera a los exfuncionarios de su responsabilidad penal, pero no de la civil. Por tanto, la persecución de la responsabilidad civil continúa.
“Todavía se puede recuperar el dinero”, anotó Pastor.
En este punto, sin embargo, puede surgir otro obstáculo para aplicar las sanciones. “Tenemos frenos desde la Constitución y de las mismas leyes secundarias”, lamentó la abogada especialista.
Quienes fueron enjuiciados por enriquecimiento ilícito ya no pueden luego pasar por el juicio de extinción de dominio, porque el primer delito ya no se podrá perseguir después que han pasado 10 años desde que el funcionario señalado dejó su cargo. Así está establecido en el artículo 240 de la Constitución.
“Es lo más absurdo y generador de impunidad a nivel constitucional. Eso es gravísimo”, insistió Pastor.
La Cámara advirtió que al partido ARENA “se le relaciona como la entidad beneficiada con los fondos distribuidos”, es decir, con la donación de Taiwán. Por este motivo, ordenó citar al representante legal de ARENA para la audiencia de responsabilidad civil, que se celebrará en el Juzgado 2do. de Instrucción de San Salvador. “La comparecencia del representante actual del partido es de vital importancia”, recalcó el comunicado de la Cámara.
Reducen pena a exempleados de Capres
En otro caso, la Cámara Segunda de lo Penal resolvió también sobre el caso de Pablo Gómez y Francisco Arteaga, dos exempleados de Casa Presidencial imputados dentro del caso conocido como Destape a la Corrupción. Este es el que corresponde a la gestión del expresidente Saca, quien está señalado por usar de manera corrupta US$301 millones.
Los dos exempleados de Capres enfrentaban cargos relacionados con la malversación de fondos públicos que se extraían desde la cuenta de gastos reservados de la Presidencia.
La Cámara determinó dejar el delito de peculado para Gómez y para Arteaga. Descartó así el de lavado de dinero. Por lo tanto, la pena de Gómez queda para un año, un mes y 10 días. Como ya la cumplió en la prisión, podía quedar en libertad inmediata. Pero esto no ocurrirá, porque todavía está pendiente que enfrente el juicio por delitos similares, pero partiendo del período del expresidente Mauricio Funes (2009-2014).
Pastor fue parte del equipo defensor de ellos dos y de Jorge Herrera. “Siempre hemos creído en la inocencia de ellos”, recalcó la abogada.
En el período correspondiente a la presidencia de Funes, ellos tres ya no son imputados como coautores, sino, como cómplices. Pastor indicó que consideran pedir que estas personas enfrente el juicio en libertad. “Es injusto lo que ha pasado”, señaló.
Para Pastor, en el caso de personas como Pablo Gómez ““que tenía un cargo de subalterno”“ no hubo beneficio propio con el dinero malversado. Se dedicaron a mover el dinero: sacarlo y llevarlo hasta los verdaderos beneficiarios. “Si ellos (Gómez, Arteaga) no hubieran estado, hubieran puesto a otras personas a hacer su trabajo”, enfatizó la abogada Pastor.
“Nunca se quedaron con el dinero y no tenían poder de decisión sobre qué hacer con él”, recalcó además la experta en el área penal.
Incluso mencionó otro detalle: Arteaga es una de las personas que argumenta haber recibido presión extrema por parte de los fiscales para confesar delitos en el caso Destape a la Corrupción, es decir, el de Saca.
Falta resolver el de Corruptela, el que corresponde al período Funes. En este punto, Pastor señaló que la manera de presionar para obtener pruebas testimoniales había llegado a niveles graves, “casi de tortura”, criticó Pastor. Estas conductas inapropiadas para la investigación se atribuyen al exfiscal Douglas Meléndez (2016-2019}, detalló Pastor.
Meléndez ya fue acusado por parte de un grupo de personas, quienes bajo la misma presión extrema se convirtieron en testigos criteriados. El caso ya está en proceso.
