Los enfrentamientos entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa durante los últimos días platean una oportunidad para fortalecer la institucionalidad democrática y enrumbar al país hacia la solución de los problemas nacionales.
La utilización de la solución política negociada para resolver el conflicto entre órganos de gobierno, es aún incierta, el clima de polarización y de escalamiento del conflicto parece no terminar y los costos de no resolver con prontitud este conflicto son altos.
La solución política negociada no sólo es posible sino que es la menos costosa para la sociedad y la mejor garantía para avanzar por este camino que es la participación activa de la sociedad.
A ningún lugar van a conducir la polarización y la política de desgaste del adversario. Lo que necesita el país es remover los obstáculos que impiden el desarrollo económico y social. Generar nuevas oportunidades para que la comunidad internacional vea en el país un lugar donde se pueda invertir y apoyar en el desarrollo.
Los primeros pasos en la búsqueda de solución al conflicto son: Lograr un acuerdo para la armonía social donde todos los sectores se comprometan a dejar la crispación y terminar la polarización que nos consume y segundo un compromiso de inclusión, que permita que la sociedad civil, participe en la búsqueda de la solución a la problemática: Universidades, tanques de pensamiento, sindicatos, asociaciones deben tomarse en cuenta.
Una solución supone definir una agenda a negociar y un calendario para terminar el dialogo con acuerdos que encaminen al país a la construcción de una Cultura de Paz.
La agenda de la solución política debe tener al menos los siguientes puntos: Establecimiento de un Acuerdo Nacional por la Seguridad Nacional, por la Educación, por el Empleo decente y la Superación de la Pobreza. Que se exprese en el Plan Quinquenal de Desarrollo. Todos estos esfuerzos deben organizarse en un periodo de 30 días.
El Acuerdo de Seguridad Ciudadana tendrá que ser elaborado con la participación de todos y debe implementar estrategias que permitan no solo reducir los índices de homicidios y la percepción de inseguridad ciudadana; sino que aportar medidas para la erradicación de la extorsión y los feminicidios con la finalidad de recuperar la paz y tranquilidad social.
Un Pacto Nacional por la Educación deberá con la participación y consulta con actores claves, proponer un plan de reforma y modernización del sistema educativo que permita lograr calidad y pertinencia, para garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, que promueva oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
Un Acuerdo de Nación por el Empleo decente permitirá que los salvadoreños tengan condiciones laborales de seguridad, estabilidad en sus empleos, protección social, una pensión digna y una remuneración justa.
Lo diputados también deberán comprometerse a que en los próximos meses El Salvador tenga una Ley de Reconciliación Nacional. La Ley General de Aguas y aprobar una reforma de ley por una Pensión Digna.
El Salvador no se puede dar el lujo de perder esta oportunidad de convertir el limón en limonada