La Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos (ASDEHU) y familiares de los cuatro periodistas holandeses, asesinados en el 17 de marzo de 1982, pidieron al gobierno salvadoreño reconstruir los archivos presuntamente destruidos en ataques guerrilleros, que podrían aportar a la investigación que lleva actualmente la Fiscalía General de la República, por este caso.
Los comunicadores Koos Andries Koster, Jan Corenlius Kuiper, Hans ter Laag y Johannes Jan Willemsen murieron en una emboscada tendida por el Batallón Atonal de la Fuerza Armada, en el área rural del municipio de Santa Rita, en el norteño departamento de Chalatenango.
Las organizaciones solicitan al Ejecutivo que haga entrega de los archivos militares relacionados al caso. Asimismo, piden que le gire instrucciones a la canciller de la República, Alexandra Hill Tinoco, para que agilice la entrega de los documentos a los que tuvo acceso la Comisión de la Verdad que están en poder de Naciones Unidas.
Mariette Scout es una de las representantes de la familia de dos de las víctimas en El Salvador. Ella como representante de la comunidad Holandesa pide al Gobierno salvadoreño hacer justicia a favor de los cuatro periodistas Holandeses.
“Frente a la carta también anexaron por lo menos 15 preguntas de solicitud de información que se ha realizado a la Fuerza Armada para que entregue documentos que sirvan para esclarecer el caso de los 4 periodistas holandeses asesinados el 17 de marzo de 1982”, dijo Óscar Pérez, director de la Fundación Comunicándonos.
Los familiares de los holandeses piden justicia desde hace 39 años y aseguran que continuarán pidiendo al Estado salvadoreño que investigue el caso y les den respuesta.
“Ellos (Fuerza Armada) tienen listas que se pueden cruzar perfectamente dentro de este proceso de investigación, porque de los miembros del Batallón que estaban de alta en ese momento del asesinato, veinticinco son los que participaron materialmente en el asesinato, los oficiales son los que tomaron la decisión y planificaron, esos datos se pueden cruzar para saber quienes están pensionados, dónde viven y eso le facilita en el proceso de investigación a la Fiscalía General de la República”, sostuvo Pérez.
Esta petición obedece a la respuesta que el representante legal del Ministerio de Defensa presentó ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), en noviembre de 2020, donde manifestó que no había información relacionada a la masacre de periodistas, debido a que muchos de sus cuarteles habían sido destruidos en ataques guerrilleros y mucha información se había perdido.
En marzo de 2018, la Asociación Salvadoreña para los Derechos Humanos, junto a Fundación Comunicándonos, en representación de las familias de las víctimas, presentaron una denuncia penal ante la FGR para que se investigara el asesinato de los periodistas holandeses.
Debido a que la investigación de la Fiscalía necesita auxiliarse de los archivos del Ministerio de Defensa en relación al caso, la investigación se ha estancado.
En febrero de 2020, el IAIP ordenó a Defensa la entrega de los archivos militares solicitados por el abogado de las familias de los periodistas, entre los meses de mayo y junio, se volvió a solicitar a Defensa los archivos, pero se excusaron con que la “pandemia los tenía muy ocupados” y por eso no podían buscar los documentos.
