El juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, logró tener acceso al Palacio Nacional de San Salvado, para poder desarrollar la inspección del Archivo General de la Nación (AGN) y obtener información militar de lo acontecido durante la masacre de El Mozote y sitios aledaños, la cual fue registrada en 1981.
Este hecho se registra, luego que la Fuerza Armada de El Salvador bloqueara en cuatro ocasiones el acceso a bases militares donde se tienen almacenados documentos sobre este caso.
El juez llegó hasta las instalaciones del Palacio, acompañado de peritos, fiscales y abogados para intentar recabar pruebas para la causa que enfrentan más de una docena de mandos militares.
De acuerdo con una portavoz del órgano Judicial, los expertos designados por el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera revisan las actas que señalan los documentos que han sido destruidos legalmente en el pasado y al menos tres cajas con archivos antiguos relacionados con la Fuerza Armada.
Por otra parte, la perito guatemalteca, Velia Elisa Muralles Bautista, pidió a las autoridades del AGN que permitieran la revisión de otros documentos que se encuentran en una bodega, lo que podría extender por un día más la inspección.
David Morales, abogado de las víctimas y miembro de la organización Cristosal, indicó que en este lugar se pueden encontrar los documentos con menor valor probatorio y que los más importantes se pueden estar en las unidades militares en las que se bloqueó el acceso.
"Los archivos que aquí se encuentran no son secretos, son de acceso público" y "sabemos que es información de menos relevancia, que tiene menos peso y utilidad como prueba para el juicio", señaló Morales.
No obstante, destacó que "todo rastro que sea útil a la investigación es importante documentarlo" y explicó que en las actas de expurgo de documentos se debe dar cuenta si realmente los archivos relacionados con la masacre fueron destruidos, como dijo el presidente Nayib Bukele el pasado 24 de septiembre.
El juez de la causa tiene pendiente dos intentos más de inspección de archivos militares en unidades de los orientales departamentos de San Miguel y Morazán, donde se dio la masacre.
Por otra parte, el ministro de la Defensa, René Merino Monroy, desvinculó a la Fuerza Armada del interés de la búsqueda de Justicia y esclarecimiento de la masacre que se busca con el proceso, de acuerdo con un documento enviado a la Corte Suprema de Justicia.
De acuerdo con Morales, en los próximos meses el juez instructor podría ordenar que el proceso por crímenes de guerra y lesa humanidad pase a juicio.
La masacre de El Mozote tuvo lugar en el marco de la guerra interna de El Salvador, que enfrentó al Ejército, financiado por Estados Unidos, y a la guerrilla Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) entre 1980 y 1992 y dejó un saldo de 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos.
De acuerdo con un informe de las Naciones Unidas, el batallón de elite Atlacatl ejecutó en diciembre de 1981 a la población civil del caserío El Mozote y otros aledaños, y el número personas asesinadas ascendió al menos a 988.
Una ley de amnistía en 1993 cerró el caso por más de 20 años, pero la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema anuló esta ley en 2016 y ese mismo año se reabrió el proceso.
A la fecha, unas 40 personas han testificado contra, entre ellos dos soldados que participaron en el operativo que derivó en la masacre y decidieron colaborar en el proceso.
