FGR pide desafuero y antejuicio contra expresidente de la Asamblea

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El arenero Norman Quijano, es acusado por el Ministerio Público por los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas. El diputado Guillermo Gallegos de GANA se ofrece como fiscal, de formarse una comisión especial.

El exalcalde capitalino (2009-2015); expresidente de la Asamblea Legislativa (2018-2019) y excandidato a la presidencia (2014), Norman Quijano, tiene firmada su muerte política, luego que este lunes, la Fiscalía General de la República (FGR), solicitara a la Asamblea Legislativa, le quiten el fuero del que goza como diputado y se proceda a su antejuicio por los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas.

El fiscal Álvaro Rodríguez, de la Unidad Especializada de delitos contra la Impunidad y la Corrupción de la Fiscalía, aseguró que han efectuado una investigación seria y que llevó bastante tiempo para concluir en los ilícitos cometidos presuntamente por el legislador de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).

“Se han complementado los insumos de varias investigaciones con diferentes elementos probatorios que nos han llevado a hacer esta petición que tiene un carácter técnico y jurídico”.

Los señalamientos contra el legislador de derecha comenzaron el año pasado, cuando un testigo criteriado de seudónimo “Noé”, acusó que dirigentes de ARENA y también del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), tuvieron reuniones con cabecillas de pandillas para ofrecerles sumas millonarias a cambio de ser favorecidos en el proceso electoral de 2014.

Durante la vista pública contra 417 imputados vinculados a la “Operación Cuscatlán”, acusados de organizaciones terroristas y homicidios, “Noé” afirmó que Quijano ofreció un millón de dólares a estas estructuras delictivas a cambio de votos en las elecciones presidenciales de 2014, cuando competía por la presidencia de la República, las que a la postre perdió ante el efemelenista Salvador Sánchez Cerén.

Pero también aseguró que dirigentes de FMLN como Benito Lara y Arístides Valencia, se reunieron con los mismos cabecillas y se comprometieron a invertir 100 millones de dólares en zonas de alto riesgo a cambio que dejaran de extorsionar y que votaran por el profesor Sánchez Cerén.

El fiscal Rodríguez manifestó que a partir de los elementos de prueba, iniciarán la acción penal contra otras personas que se vean implicadas en estos delitos y que no necesariamente  tengan el privilegio del fuero.

Negó que el actual alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt esté en la acusación contra Quijano como testigo criteriado y la fundamentación se hizo a través de otros medios.

“Estamos actuando con base a lo que corresponde al deber constitucional y queda en manos de la Asamblea, que analice de una manera técnica y objetiva y estarán pendientes como Fiscalía de la decisión que tomen los diputados”.

Reconoció que tienen un obstáculo en cuanto a la actuación procesal penal, en caso que los parlamentarios consideren que no hay formación de causa.

Las pruebas las fundamentaron con diversas investigaciones como testimonial, vídeos y pruebas consistentes en cuanto a intervenciones telefónicas con lo que hay indicios suficientes de la participación de Quijano en los dos delitos que le imputa la Fiscalía.

Rodríguez dejó claro que el proceso comienza con la solicitud que presentaron contra el diputado Quijano y las investigaciones siguen, lo que puede arrojar nuevos elementos en los que puedan haber otros implicados.

En noviembre del año pasado, Quijano demandó ver el vídeo donde aparece negociando con grupos terroristas y reiteró su inocencia.

Tras conocerse la petición del Ministerio Público, el arenero a través de su cuenta de Twitter una vez más rechazó las acusaciones que hay en su contra.

También tuvo palabras de apoyo de Eduardo Barrientos, vicepresidente de Organización del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), y del alcalde de Santa Tecla, Roberto d´Aubuisson, quienes están convencidos de su inocencia.

El director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, recordó que en su momento ya habían mencionado que algunos políticos tenían vínculos con las pandillas.

“Respetamos esos procesos y la PNC siempre estará como órgano auxiliar, apoyando en las investigaciones”.

Precisó que por el momento, la Policía no ha sido notificada por la Fiscalía si hay órdenes de captura contra funcionarios, exfuncionarios o particulares; sin embargo, estarán al tanto de lo que pueda ocurrir a futuro.

Y mientras la diputada del FMLN, Anabel Belloso y el legislador del Partido de Concertación Nacional (PCN), Raúl Beltrán Bonilla, prefieren esperar a que llegue la solicitud a la Asamblea para dar una opinión más, clara, el diputado de Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Guillermo Gallegos, no tiene reparos en decir que pedirá a su grupo parlamentario que lo proponga como fiscal de la comisión especial, de llegarse a formar.

“A mi juicio hay pruebas suficientes para que el diputado Quijano pueda perder el fuero legislativo en este caso en particular”.

Para el diputado no hay duda de la participación del tricolor pues existe un vídeo en donde sale pactando con grupos criminales; “es un hecho bien evidente que no puede ser objeto de dudas y no se trata de una persecución política”.

El jefe del grupo parlamentario de ARENA, Carlos Reyes, fue escueto y en tono algo molesto, se limitó a decir que respetan la decisión del fiscal, pero están convencidos de que Quijano tendrá la oportunidad de demostrar su inocencia “en la cual como partido hemos creído siempre, muchas gracias”.

El presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, explicó que la petición de la Fiscalía debe ser conocida por el pleno y enviarse a la Comisión de Legislación, que es la que decidirá si procede la solicitud o no. En todo caso, agregó, quieren conocer los argumentos antes de emitir una opinión.

En septiembre de 2019, el director de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social,  dependencia del Ministerio de Gobernación, Carlos Marroquín, responsabilizó a ARENA y al FMLN por el alza de los homicidios ocurrido el viernes 20 de dicho mes, lo que derivó en la creación de una comisión especial. Al final, quienes integraron esa instancia llegaron a la conclusión de que no había responsabilidad de los dos partidos políticos antes mencionados.

En las elecciones para alcaldes y diputados de 2018, Norman Quijano, fue reelecto para una diputación por San Salvador, curiosamente fue el más votado con 90,639. Hoy, el panorama para este legislador es incierto pues por el momento, se desconoce cuál será el comportamiento o la posición que asuman las fracciones legislativas cuando se ha entrado en una etapa preelectoral de cara a las elecciones de febrero de 2021.


El Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa (RIAL), establece:

Artículo 124: Recibida la denuncia en la Asamblea o si fuere enviada por el fiscal General de la República, o por juez, en su caso, el expediente se pasará a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, para que dictamine si la denuncia cumple con los requisitos necesarios.

Artículo 125: La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales emitirá el dictamen y lo hará del conocimiento de la Asamblea; si esta determina que se han reunido los requisitos legales, declarará abierto el proceso de antejuicio contra el funcionario que goza del privilegio constitucional; en caso contrario, el expediente pasará al Archivo.

Artículo 126: Cuando la Asamblea declare abierto el proceso, elegirá de su seno una comisión especial de antejuicio, compuesta por un número de integrantes proporcional a la cantidad de Diputados de cada grupo parlamentario; la integrarán un presidente, un secretario, un relator y los demás miembros tendrán la calidad de vocales. Los Diputados o las Diputadas elegidos podrán excusarse por causa justificada; pero, una vez juramentados, no podrán renunciar a su obligación, salvo caso fortuito o de fuerza mayor.

Artículo 127: La Asamblea elegirá de su seno a un fiscal, quien, después de juramentado, participará en todo el proceso del antejuicio.

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Carlos Ramos
Carlos Ramos
Periodista salvadoreño
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