Mediante un acto en las afueras del Estado Mayor de la Fuerza Armada, el movimiento Salvadoreños Construyendo Memoria exigió, este lunes, justicia por los 553 niños masacrados en cantón El Mozote y sitios aledaños, Morazán.
El colectivo instaló un memorial, con la idea de enflorar a todas las personas desaparecidas en el conflicto armado y por violencia actual.
Además, exigieron al gobierno abrir los archivos de este hecho cometido en diciembre de 1981 y que ha sido catalogado como la masacre más grande en la historia reciente de América Latina.
Este acto se produce, luego que el juez de Instrucción de San Francisco Gotera y un equipo de derechos humanos fue bloqueado en seis ocasiones, para ingresar bases de la institución castrense con el objetivo de inspeccionar archivos militares relacionados con el proceso judicial abierto por esta matanza.
Ante esto, procedieron a la certificación de las actas de los bloqueos en las unidades militares a la Fiscalía General de la República (FGR) y que se investigue y procese al presidente, Nayib Bukele, como al ministro de Defensa, René Merino Monroy por los delitos de actos arbitrarios, incumplimiento de deberes, encubrimiento y desobediencia a una orden judicial.
Ante los bloqueos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha corrido orden a la Presidencia de la República, y ha dado hasta el 5 de noviembre para que explique los motivos para impedir las inspecciones de archivos militares.
El gobierno no ha permitido el ingreso a el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada (21 de septiembre del 2020), al Estado Mayor de Fuerza Aérea, en Ilopango (el 12 de octubre del 2020), a la Segunda Brigada Aérea, en San Luis Talpa (el 13 de octubre del 2020), a la Brigada de Infantería "Óscar Osorio", en San Juan Opico, (el 14 de octubre del 2020) y a la Tercer Brigada de Infantería de San Miguel, el (27 de octubre del 2020) y en el Destacamento Militar N°4 de San Francisco Gotera (29 de octubre del 2020).
La masacre de El Mozote tuvo lugar en el marco de la guerra interna de El Salvador, que enfrentó al Ejército, financiado por Estados Unidos, y a la guerrilla Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) entre 1980 y 1992 y dejó un saldo de 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos.
De acuerdo con un informe de las Naciones Unidas, el batallón de elite Atlacatl ejecutó en diciembre de 1981 a la población civil del caserío El Mozote y otros aledaños, y el número personas asesinadas ascendió al menos a 988.
Una ley de amnistía en 1993 cerró el caso por más de 20 años, pero la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema anuló esta ley en 2016 y ese mismo año se reabrió el proceso.
