La realidad de los desplazamientos forzados internos por la violencia es innegable en El Salvador, ejemplo de ello es una familia de 21 miembros, diez de ellos menores de 18 años, que tuvo que huir de su vivienda, ubicada en una comunidad de la capital salvadoreña, debido a las amenazas de la pandilla de la zona.
Las amenazas en contra de la familia surgieron después de que uno de sus integrantes, que sí es pandillero, decidiera colaborar con las Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR) en una investigación en contra de la estructuras criminal a la que pertenece.
Las sentencias de muerte fueron en contra de los más pequeños del hogar. La familia buscó ayuda y protección en varias instituciones del Estado pero no les fue concedida; en la FGR la respuesta que obtuvieron fue que solo proporcionan albergue a testigos en procesos judiciales. Los adultos renunciaron a sus trabajos y decidieron, con el pesar y el peligro que eso representaba, deambular entre moteles, calles y parques.
Este relato está en el texto informe de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) sobre registro de desplazamiento forzado interno de personas a causa de la violencia delictiva en El Salvador. La entidad afirma que a esta familia sufrió discriminación de parte de instancias estatales por el hecho de que algunos de sus miembros estaban siendo vinculados a pandillas.
Además señala que los niños, niñas y adolescentes de esta familia pasaron más o menos una semana en la calle, desprotegidos contra amenazas y, además, se les negó el derecho a la educación, alimentación, salud y a la integridad física.
La definición de desplazamiento forzado según la ONU: “Personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a huir o dejar sus hogares o su residencia habitual, particularmente como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, situación de violencia generalizada, violación de los derechos humanos o desastres naturales o humanos y que no han atravesado una frontera de un Estado internacionalmente reconocido”.
El informe de la PDDH señala que desde 2014 hasta marzo de 2016 la entidad registró 124 familias desplazadas, esto hace un total de 427 personas víctimas de desplazamientos forzados. De los datos recopilados por la Procuraduría el 41.69 por ciento (%) de víctimas son mujeres; el 37.24 % son hombres.
De las 427 personas, 39 oscilan entre los cero y los doce años; 88 tienen entre los 15 y 29 años de edad. El informe detalla que los departamentos en los que el fenómeno es más recurrente son San Salvador y Usulután.
Amenazas, extorsiones, homicidio de algún familiar o reclutamiento forzoso de parte de las pandillas son las causas por las que el 87 por ciento de las víctimas deciden desplazarse, detalla el documento de la PDDH.
El informe de la PDDH detalla que el 86 % de las víctimas expresó que no se sienten protegidos o que existen carencias del sistema judicial que no les hace tener seguridad a la hora de denunciar.
Según el titular de la PDDH, David Morales, ante esta situación es necesario que el Estado Salvadoreño reconozca que los desplazamientos internos forzados son un problema que está afectando al país. Expresó la necesidad de que se atienda como prioridad a las víctimas de la violencia y se brinden soluciones integrales.
“Sí existe el fenómeno de desplazamiento forzado interno a causa de la violencia delictiva en El Salvador”, dijo Morales, al tiempo que agregó “y un problema de información lo representa la deficiencia de registros sobre la problemática en todas las instituciones del Estado, incluida la misma PDDH”.
Agregó que el Estado salvadoreño carece de políticas públicas que desarrollen planes o estrategias para la atención y protección de las víctimas del desplazamiento y de la violencia que aqueja a El Salvador. “Actualmente hay una ausencia del Estado a favor de estas víctimas”, expresó Morales.
Por otro lado, Celia Medrado, parte de Cristosal, y de la Mesa de Sociedad Civil sobre Desplazamiento Forzado de Víctimas de Violencia y Crimen Organizado señala que en 2015 dieron asistencia y acompañamiento especializado a 142 casos, un total de 625 víctimas. Mientras que este año han atendido 60 familias, un total de 200 personas.
Medrano asegura que si bien es cierto aún no existe reconocimiento alguno de esta problemática por parte de las autoridades, como Mesa poseen perspectivas de que poco a poco las instancias reconocerán este fenómeno y lo registrarán de tal forma que les permita tomar medidas específicas
Los desplazamientos aumentan la desigualdad
La representante de Cristosal, Celia Medrano, habló sobre este fenómeno con ContraPunto y aseguró que es necesario el trabajo del Estado para que este fenómeno cese y que existen varios beneficios para las víctimas si el gobierno reconoce la existencia de los desplazamientos forzados.
¿Cuáles serían los beneficios si el Estado salvadoreño reconoce la existencia de los desplazamientos forzados?
La generación de proyectos y programadas específicos, la creación de albergues, mayor atención de derechos y capacidad para dar respuesta a la problemática desde el Estado; las organizaciones de sociedad civil podemos participar en la articulación de esto, pero no tenemos que sustituir al Estado en su responsabilidad de asistir, atender, proteger y garantizar los derechos de las víctimas.
¿Es la falta de fondos para financiar programas como los que ha mencionado un obstáculo en contra de las víctimas?
En su informe el procurador señala la falta de financiamiento para las pocas instituciones vinculadas a la atención de víctimas. Nuestro llamado al Estado es a que no espere que haya financiamiento; el mismo Estado debe readecuar su estructura para dar respuestas a las víctimas. El fenómeno exige una respuesta inmediata.
¿Cuál es el principal factor que las víctimas describen para no denunciar las amenazas?
Muchas personas tienen miedo, el fenómeno del desplazamiento forzado es un fenómeno a cuenta gotas, es difícil que se vean comunidades enteras concentradas en otro punto, se ha visto que familias enteras se movilicen pero no van a un punto específico en común, precisamente porque las personas tienen miedo, ellas no desean ser localizadas. Y tampoco denuncian por el mismo miedo.
Hay familias que están meses sin reencontrarse, porque por el afán de que no los encuentren han tenido que desintegrarse con tal de encontrar lugar donde estar seguros.
¿Quiénes son los más afectados?
Son más mujeres, jefas de familia y la mayoría de casos atendidos son niños y adolescentes. Las amenazas llegan de pandillas, en su mayoría, pero también de cuerpos de seguridad, incluso hay casos de familias que se han visto afectadas por haber hechos denuncias.
¿Cuáles serán las consecuencias a largo plazo si las autoridades no toman medidas contundentes ante este fenómeno?
El desplazamiento forzado está generando un impacto en las redes comunitarias, hay casos específicos de familias, de niños desplazados por violencia que se encuentran mendigando en las calles porque no hay respuestas estatales.
Este fenómeno de seguirse acumulando el impacto no va a ser menor que las próximas dos generaciones, porque son niños adolescentes que han dejado de estudiar por estar encerrados en sus casas para evitar que se concreten las amenazas recibidas o en la huida han tenido que afectar sus relaciones familiares; muchos adultos han dejado de trabajar.
El riesgo de no atender este fenómeno es que aumenta la desigualdad, la iniquidad porque no hay programas que protejan a las familias afectadas o que les brinden seguridad y esperanzas de un mejor futuro.
