Miembros de la Asociación Sindical de Trabajadores Municipales sostienen una “Huelga de Brazos Caídos Indefinida” en el Centro Operativo de Recolección de Basura de la Alcaldía de San Salvador, para reiterar sus denuncias por la “despidos masivos”, la “retención de salarios” y de “garantías sociales” y la supuesta “privatización” del servicio sanitario, por parte de la Alcaldía Municipal de San Salvador.
Por su parte, el alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, negó que los despidos a los empleados de la alcaldía fueran “ilegales”; sostuvo, en cambio, que la interrupción de las garantías laborales fueron efectuadas exclusivamente a los empleados que no realizaban su trabajo en los horarios establecidos.
Además, reiteró sus acusaciones en contra de los sindicalistas por la “obstaculización” de los servicios de recolección de basura, hechos que se venían denunciando desde el bloqueo efectuado por en contra de la empresa de Manejo Integral de Desechos Sólidos, ubicado en Apopa, desde el pasado de septiembre, y cuya sanción tuvo lugar el pasado 5 de octubre del presente año, por el Juzgado de Medio Ambiente.
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Despido de 500 empleados
Los sindicalistas se concentraron, desde horas de la mañana, en las afueras del Centro Operativo de Recolección de Basura de San Salvador, denunciando, asimismo, la “retención de cuotas laborales”, así como el despido “ilegal” de al menos quinientas personas. También denunciaron el proceso de privatización del sistema de recolección de basura en San Salvador, asegurando haber sido informados al respecto.
“Son 500 familias a las que el Señor Ernesto Muyshondt, ha dejado sin la posibilidad de que dejemos el sustento diario a nuestras familias a nuestros hogares. Ya son 500 despidos hasta ésta fecha, que ha ejecutado ésta administración por órdenes del alcalde Ernesto Muyshondt”, aseguró el Secretario General de ASTRAMS, Rodolfo Ramos.
Los sindicalistas cuantifican las retenciones salariales en un monto de al menos $6 millones de dólares, afectando a más de cinco mil empleados y personas despedidas, entre ellas, madres solteras, y personas en riesgo de situación de calle.
“Yo me siento ofendida por parte del señor alcalde, porque yo estuve trabajando en el grupo que trabajó en la primera línea, del grupo que estaba trabajando en primera línea, de los que andaban en camiones.. somos varios compañeros los despedidos. La privatización ya se hizo clara, se nos hizo ver a nosotros, y que el alcalde no nos ha dado delcaraciones al respecto”, dijo una de las trabajadoras, quién además es madre soltera y asegura haber “perdido” sus tratamientos médicos en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
Las denuncias también fueron avocada por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), desde el pasado 4 de enero. La institución, por su parte, externó un oficio a la Fiscalía General de la República (FGR), demandando la apertura de un proceso de investigación en contra de los titulares de la Alcaldía Municipal de San Salvador, para determinar la individualización de las personas responsables en la comisión de delitos relativos a los derechos laborales de las personas despedidas. También requirió información sobre el número de trabajadores a quienes se les ha retenido su salario, y los motivos de la realización de dichas acciones.
El Ministerio Público, sin embargo, no ha proporcionado información oficial respecto del requerimiento solicitado por la PDDH. Sin embargo, la institución de Derechos Humanos reiteró sus denuncias, y exigió a la alcaldía de San Salvador suspender las retenciones salariales y los despidos denunciados por los manifestantes.
Asimismo, se solidarizó con los ex-empleados y con las personas afectadas; instando, asimismo, el diálogo con las diferentes instituciones del Estado implicados, También externó que las acciones de protesta “son una genuina manifestación del derecho a la libertad de expresión, las lleven a cabo con respeto, en orden y de manera pacífica; pues así lo ordenan los estándares internacionales de los derechos humanos”.
Los precedentes, sin embargo, no han dado resultados favorables en el conflicto. Al contrario, tras la denuncia interpuesta por parte de la Alcaldía Municipal de San Salvador al grupo de sindicalistas, el Tribunal de Medio Ambiente demandó, entre otras cosas, la intermediación de la PDDH, instalando una Mesa de Negociación entre las partes, para resolver el conflicto. Sin embargo, según lo detalla la PDDH, “los miembros de ASTRAM expresaron su desacuerdo con la presencia de algunos funcionarios delegados por el señor alcalde municipal de San Salvador para participar en las mismas, levantándose de la Mesa y no lográndose tampoco establecer una agenda ni acuerdos al respecto”.
Por su parte, el alcalde Ernesto Muyshondt negó que la administración municipal haya girado órdenes “ilegales” en el despido de los trabajadores. En su lugar, sostuvo que los despidos únicamente se llevaron a cabo en contra de los ex-empleados que no cumplieron sus compromisos laborales, en los que se verían implicados, según él, la administración pública del Gobierno Central
“Las únicas plazas que han sido cesadas en la alcaldía de San Salvador, son las plazas fantasmas, plazas de gente que cobraba, y que encima de eso cobraba horas extras y no trabajaba; y que sólo participaban en marchas, en bochinches organizados por el señor Rolando Castro, y el señor Mario Durán. Entonces, me imagino que es lo mismo, y que lo mismo va a seguir pasando de aquí hasta las elecciones: Haciéndose pasar por empleados municipales, vestidos a veces de empleados municipales, y denunciando cualquier cantidad de mentiras y cosas”, sostuve el alcalde Muyshondt.
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Continúa el bloqueo sanitario
De acuerdo con la información abordada por los sindicalistas a la PDDH, al menos 30 de las personas despedidas durante el año 2020 pertenecen al área de Desechos Sólidos del Distrito #1 de San Salvador.
“Yo soy del área operativa del distrito 1, el cual, del día 30 de diciembre se nos hizo un despido verbal; el día dos, ya andaban dando declaraciones de que nosotros ya estabamos totalmente despedidos por parte del señor alcalde”, detalló una de las desempleadas en medio de la huelga.
La institución de derechos humanos también detalla que las protestas sindicales dieron lugar al bloqueo reiterado de los sistemas de recolección de basura del municipio de San Salvador. Una de las protestas, sin embargo, fue sancionada el pasado 4 en octubre del 2020, por el Juzgado de Medio Ambiente de Santa Tecla, tras la “obstaculización” de las actividades de limpieza realizadas por la empresa de Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES) en el Relleno Sanitario de Nejapa, que tuvo lugar el pasado 28 de septiembre de ese año.
El Juzgado de Medio Ambiente, además, ordenó a ASTRAMS abstenerse de “obstaculizar” los labores sanitarios de la empresa MIDES, sosteniendo que dichas acciones generaron “afectaciones al medio ambiente”.
El Secretario General de ASTRAMS también reconoció que la “obstaculización” de los procesos de limpieza han influido en la afectación ambiental del municipio de San Salvador, por lo que ofreció sus disculpas a los habitantes de la localidad.
“Pedirle las disculpas al pueblo, a los capitalino. Pero también hay que mencionar que no es solamente un problema de los trabajadores municipales. ¿Qué tiene qué ver ésto?: Llevamos 500 despidos hasta éste momento, dónde muchos nos hemos quedado sin llevarle el sustento a nuestras familias”, expresó el secretario del sindicato, Rodolfo Ramos.
El alcalde Muyshondt, por su parte, reiteró su denuncia en contra de los sindicalistas, asegurando que sus acciones tienen, además, motivaciones políticas y electorales, y señaló que han sido respaldadas por parte del gobierno central al disponer de los recursos del Estado.
“Las razones son estricta y exclusivamente políticas, con ánimos de dañar a una gestión, pero a quién dañan es a la gente. En medio de una Pandemia, como lo han hecho, querer entorpecer, bloquear, ensuciar la ciudad, causar daños ambientales, daños en la salud de la gente (…). El transporte de éstos bochincheros que están afuera del centro de operaciones, en éste momento, lo llevan en buses del Ministerio de Gobernación. Así lo hicieron también cuando cerraron el relleno sanitario, así lo hicieron también cuando cerraron el relleno sanitario, así lo hicieron también cuando cerraron nuestro centro de transferencia, así lo hicieron también cuando secuestraron los camiones recolectores de la alcaldía de San Salvador.”, aseguró el alcalde.
