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jueves, 13 de mayo del 2021

SITRAMSS podrí­a detener sus labores

De mil 200 pasajeros diarios que transportaba cada bus, el sistema integrado solo ha transportado a 900 debido a la medida cautelar de la Sala de lo Constitucional

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El director vicepresidente de la Unión de Empresas del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (SITRAMSS), Eduardo Villanueva, afirmó que analizan “seriamente” retirarse del paí­s y parar el sistema de transporte debido a la inseguridad jurí­dica que les ha otorgado la medida cautelar asignada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

“Nosotros estamos considerando seriamente parar el sistema; ya se lo dijimos al Gobierno. También estamos pensando demandar al Estado, al no tener seguridad jurí­dica necesitamos recuperar la inversión. Hemos tenido una caí­da del 28% de los usuarios promedio que estábamos manejando”, explicó el director.

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El pasado 8 de mayo los magistrados de la Sala de lo Constitucional establecieron que los carriles segregados, que eran de uso exclusivo del SITRAMSS, puedan ser utilizados sin restricciones para todo público.

La medida ha sido criticada fuertemente por la empresa de transporte, por varios sectores de la población que hací­an uso diario del sistema y por el Gobierno, quien consideró que el proyecto ha sido estratégico para la población porque es organizado, seguro y de última generación.

Sin embargo, Villanueva asegura que la resolución de la Sala ha puesto en peligro el proyecto, además dijo que atenta contra seguridad y velocidad para transportar a las personas.

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“El beneficio principal que tiene un sistema BRT es la velocidad, usted antes estaba haciendo su ruta aproximadamente en 26 minutos y hoy la está haciendo en aproximadamente 42 minutos, esto significa que en la hora pico no podemos atender toda la demanda”, indicó Villanueva

En cuanto a las concesiones, el director presidente de la Unión de Empresas del SITRAMSS, Miguel Castañeda, afirmó que la empresa ha realizado todos sus movimientos de acuerdo a la ley; y sostuvo que la terminal no les pertenece, que la calle es bien público y que de ésta no hay concesión.

Además, Castañeda sostuvo que dicha medida está poniendo en sobrepeso el desarrollo del paí­s, “la exclusividad no es para nosotros como inversionistas del transporte público, es para los usuarios, la gente que lo usa se beneficia de la velocidad comercial”, explicó.

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