Henry Flores, director de Atención a Víctimas y Migración Forzada, está consciente que este fenómeno se debe ver de manera integral.
Las administraciones anteriores no hicieron mucho por atender a las personas que tuvieron que dejar sus viviendas debido a las amenazas de grupos criminales.
En julio pasado, La Mesa contra el Desplazamiento Forzado, presentó el informe “Lo que El Salvador no reconoce” en el que destaca que durante los últimos dos años, al menos 235,700 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado en el país.
Flores dijo que actualmente la institución que dirige tiene un presupuesto de $200,000, un monto que no alcanza ni para pagarle a 9 o 10 empleados, menos para atender a víctimas por desplazamiento forzado por la violencia.
El funcionario admite que es un tema de derechos humanos que no se le ha dado la atención necesaria en las administraciones anteriores. No obstante, el Gobierno del presidente Nayib Bukele sí quiere priorizar soluciones para estas personas que se ven afectadas por la delincuencia.
“En el Plan Cuscatlán, hay un componente de víctimas en todo este tema de seguridad y nosotros lo estamos cumpliendo”, señaló.
Hoy se está trabajando en un plan integral que pueda resolver este fenómeno. Se han tenido reuniones a nivel de instituciones estatales para ver qué soluciones se pueden dar.
También hay que gestionar recursos, no solo del Estado, sino también con organismos internacionales.
“Estamos haciendo una ofensiva internacional para buscar cooperación. El Salvador acaba de suscribir un Marco Internacional de Protección para darle herramientas al Estado de proteger a estas personas desplazadas y que son víctimas de algún delito”, explicó Flores.
En julio de 2018 la Sala de lo Constitucional emitió una sentencia para reconocer y atender el desplazamiento forzado. La Sala dio seis meses a la Asamblea Legislativa para que creara una ley.
La Comisión de Legislación continúa con el estudio de un anteproyecto y van discutiendo artículo por artículo. El documento consta de 69 artículos y por ahora los legisladores han llegado hasta el 6.
Mientras, Celia Medrano y Abraham Ábrego de Cristosal, aclararon que el desplazamiento forzado no solo se genera por actores no estatales.
Ábrego dijo que por ejemplo, el Ministerio de Salud sí recibe gente que se ha tenido que desplazar a otros lugares por la violencia.
Hay que comprender también que el no atender a personas desplazadas por la violencia, causa aumento de migración forzada, manifestó Medrano.
Mientras no se reconozca oficialmente el fenómeno , difícilmente el Estado asumirá su responsabilidad con este problema.
Medrano añadió que el hecho de no querer reconocer el desplazamiento forzado, también propicia que la gente siga migrando. Muestra de esto es que no existe una estadística oficial sobre ello.
En el 2018, El Salvador estaba en la lista de los diez países con más desplazamiento forzado por la violencia.
