martes, 3 diciembre 2024

Siguen contratando en la Asamblea Legislativa, denuncia sindicato

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El sindicato de trabajadores de ese Órgano de Estado aseguró que los diputados continúan con la práctica de crear plazas fantasmas y de contratar personas afines a los partidos políticos.

¿Para qué repetir antiguos errores, habiendo tantos errores nuevos por cometer?  Bertrand Russell, filósofo y matemático británico (1872-1970). Esta frase, plantea la posibilidad de discernir, elegir y actuar de manera diferente para no cometer equivocaciones. Y parece que a la Asamblea Legislativa no le cala en lo mínimo y siguen metiendo… el pie a fondo.

No obstante, las denuncias de nepotismo, de contrataciones desmedidas y hasta la existencia de plazas fantasmas, parece que a los políticos poco o nada les interesa aprender de las lecciones.

Este Órgano de Estado, no está pasando por su mejor momento financieramente. Con un presupuesto de $58.3 millones para el presente ejercicio fiscal y una carga de empleados de más de 2 mil, obligó a la Junta Directiva a aprobar un decreto de retiro voluntario a mediados de enero; pero con base a un sondeo realizado por el Diario Digital ContraPunto, al menos un buen porcentaje de trabajadores institucionales no están muy interesados en ampararse al referido decreto.

Luis Ortega, secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa (SITRAL), afirmó que la falta de ética, nepotismo y contratación de nuevo personal, así como la creación de plazas fantasmas se mantiene.

“Esta crisis…, es el resultado de conductas antiéticas históricas, realizadas durante muchos años por algunos legisladores, que utilizan su condición y poder en las estructuras de la Junta Directiva (integrada por 11 diputados), y algunas jefaturas de grupos parlamentarios”, explicó el sindicalista.

Agregó que la citada situación no es responsabilidad de los trabajadores, sino de los diputados, que son los que toman las decisiones.

El mes pasado, el presidente del Palacio Legislativo, Mario Ponce, dijo que confía que más de cien empleados puedan acogerse a este decreto, para bajar la presión en el presupuesto.

El decreto de retiro voluntario avalado por el pleno el 17 de enero, establece que los empleados con un salario de hasta $1,500, se le otorgará hasta un máximo equivalente a veinte salarios.

Empleados con salario entre $1,500 hasta $2,500, se le dará hasta un máximo equivalente a quince salarios.

Empleados con $2,500.01 en adelante, se les otorgará un máximo de doce salarios.

Esta ley transitoria es solo para empleados institucionales y deja fuera a los que pertenecen a fracciones legislativas, que es donde está el mayor número de contrataciones.

Quienes se acojan al mismo, no podrán ingresar a laborar a la Asamblea hasta que hayan pasado cinco años. Las plazas que queden vacantes serán congeladas durante el presente año.

El monto de la compensación económica, que tiene un techo de $35,000. Se pagará en tres cuotas trimestrales.

Ponce también explicó que dado que los trabajadores tenían derechos laborales adquiridos, se veía en la imposibilidad de realizar despidos, pues corría el riesgo que recurrieran al Tribunal del Servicio Civil o a la Sala de lo Contencioso Administrativo a ampararse, como le sucedió al arenero Norman Quijano cuando presidió la Asamblea (2018-2019), quien como primer medida, cesó a medio centenar de empleados que a la postre tuvo que recontratar luego que buscaran acciones legales por lo que consideraron fueron despidos ilegales.

El diputado Rodolfo Parker, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), ya ha adelantado la necesidad de hacer una auditoría interna para evaluar tanto al personal de los grupos parlamentarios como institucional, con ello; se pretende suprimir aquellas plazas que no sean necesarias o que el empleado no reúna el perfil para ocupar determinado cargo.

Mientras, el sindicalista Luis Ortega, considera que hay otros factores a los ya mencionados que provocan el despilfarro del presupuesto de la Asamblea. El gasto excesivo por viajes y viáticos realizados por los diputados que, en algunas ocasiones van acompañados de su personal que han contratado.

En diciembre de 2019, el Palacio Legislativo erogó $216 mil 151 “rubro que viene a sacrificar los gastos operativos y de funcionamiento de la institución y que incide en detrimento de los derechos de los trabajadores”, expuso Ortega.

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Carlos Ramos
Periodista salvadoreño
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