(Tomás Moro)
En una contribución anterior, se han sugerido cuatro ámbitos de actuación. En el primero de ellos, el aspecto jurídico, resulta evidente que El Salvador ha llevado a cabo grandes esfuerzos para adaptarse a los estándares internacionales. El obstáculo principal tal vez radique en una aplicación efectiva de la legislación junto con un desarrollo cabal y eficaz de la normativa referida a la transparencia y acceso a la información pública. Y ese será el salto cualitativo fundamental para 2017.
En segundo lugar, se sugiere la necesidad de reforzar un compromiso formal de la sociedad civil con las instituciones “anti-corrupción”, en particular la Fiscalía. Configurado en torno a una app que cada ciudadano pueda descargar en su celular y que permita denunciar un acto de corrupción que deberá ser posteriormente refrendado formalmente en las instalaciones pertinentes, con el fin de evitar quejas sin fundamento.
Esta app, a mi entender, debería estar bajo la responsabilidad y gestión de la FGR pero con el monitoreo paralelo y continuo de la sociedad civil, cara a la rendición de cuentas, y supondría un avance, respecto a otros modelos de crítica social anticorrupción en la web del tipo “I paid a bribe” que no parecen llevar a ninguna parte. El modelo de app sugerido, ciertamente no es novedoso. Se ha puesto en práctica en el estado de Maharashtra en la India y también se está considerando en un programa anticorrupción de la UE en Ghana.
Teniendo en cuenta las características de El Salvador en cuanto extensión y población, la implementación de este sistema sería sin duda muy pertinente desde un punto de vista sociológico y es de extrañar que ningún donante internacional haya resistido la tentación de incrementar su visibilidad institucional en El Salvador al mismo tiempo que se podrían reforzar las estadísticas nacionales con criterios cuantitativos, no con meras encuestas de percepción.
El tercer elemento a tener en cuenta, sería la anticorrupción desde un punto de vista económico, tanto dentro de las relaciones empresariales o con la administración. En este sentido, creemos que el fomento de la aplicación de la reciente norma ISO 37001, de gestión antisoborno en las relaciones económicas, pudiera fomentar un cambio de actitud en el mundo empresarial e institucional. Pudiendo llegar, por qué no, a la inclusión de este tipo de estándares en los tratados de libre comercio entre El Salvador y terceras partes, de manera que las empresas que lo apliquen se vean favorecidas en sus actividades exportadoras.
Finalmente, el cuarto eje a desarrollar, en una perspectiva de medio plazo, sería una estrategia nacional de comunicación social anticorrupción, no sólo institucional cara al ciudadano sino sobre todo educativa, en las escuelas, basado en el principio de honor o reputación enunciado por un filósofo anglo-ghanés, Anthony Appiah, en su obra “The Moral code“.
Según este autor, determinados cambios morales en la sociedad a lo largo de la historia, como el tráfico de esclavos o los duelos, no se produjeron por llamados a la moralidad, la lógica o la religión: “los cambios se producen cuando determinadas prácticas desaparecen al entrar en conflicto con el honor.“
Este propuesta de comunicación social y educativa se debería fundamentar en la relación reputación e identidad, que permita a los ciudadanos reflexionar y así pueda fructificar en un cambio de tendencia social hacia una menor tolerancia a la corrupción.
No se olvide que una mayor tolerancia a la corrupción institucional puede reflejar, además de una excusa para no cumplir los deberes tributarios individuales, una señal de hartazgo y desencanto de las personas. De no tratarse a tiempo, cundirá, en consecuencia, el desánimo colectivo in crescendo y las repercusiones en el sistema democrático no tardarán en hacerse sentir afectando a la herencia colectiva que deseamos transmitir a nuestros hijos. Sin duda, el ciudadano pasará tarde o temprano la factura de su agotamiento, exhausto ante lo que considerará una inutilidad de su voto, “porque todos los políticos son iguales“, alejándose abruptamente de las instituciones democráticas en pos de otros sueños con el consiguiente perjuicio a la salud institucional del país.