Nuestra sociedad evoluciona con madurez; este cambio está íntimamente relacionado con el progreso que decidimos iniciar hace un cuarto de siglo, el cual incluyó reformas que poco a poco le fueron dando forma a nuestro -aún imperfecto- estado democrático. La sociedad que somos también ha sido moldeada por la increíble expansión de las todopoderosas comunicaciones y, por ende, de los enormes volúmenes de información que nos inundan cada día, como parte de la tendencia global con nuevos retos y problemas.
La seguridad se ha convertido en el tema dominante del que depende el resto de la agenda país. Hoy, por fin, tenemos señales de renovada esperanza a partir de la firme ejecución gubernamental de las medidas y acciones extraordinarias, vemos con optimismo como la criminalidad tendencialmente se reduce hasta en un cincuenta por ciento. Claro, aún no es momento de hacer cuentas alegres, primero hace falta consolidar el terreno ganado a la delincuencia y, sobre todo, restablecer el tejido social, principalmente en las comunidades más afectadas. El éxito de estas políticas será sostenido en el tiempo si y solo si se implementan programas de prevención, que son los que proveerán el escudo necesario para nuestra niñez y juventud, y se atiende debidamente a las víctimas que tanto necesitan sanar.
El eje principal de esta primera fase -desde ejecución de medidas extraordinarias- consiste en un creciente y estricto control de los centros penitenciarios, que se habían constituido, hasta hace poco, en una de las cabezas más peligrosas de la serpiente criminal; simultáneamente, la otra medida consiste en avanzar con celeridad en mayores niveles de control territorial mediante un despliegue efectivo y contundente de las capacidades operativas de la policía y del ejército para desarticular la otra cabeza de la serpiente: los cabecillas que siguen sueltos en los territorios, antes que éstos se estructuren en nuevos centros de decisión criminal, recobrando capacidad operativa.
Un desfase por falta de recursos en la articulación y ejecución de estas dos etapas tiene muchos riesgos. Por un lado se deben mantener desarticulados los mandos desde los centros penales, y por otro se debe impedir que los criminales en libertad se reagrupen. Esto depende en buena medida de la oportuna disponibilidad de recursos para la policía y el ejército, pues un desajuste puede conducir a la prolongación de la crisis y, en consecuencia, a un mayor sufrimiento para la población afectada por la ola criminal. Por eso es urgente la aprobación de los $152 millones para financiar la ejecución de estas medidas extraordinarias de seguridad. Es necesario ver esto bajo el prisma del interés nacional, y no de cálculos electorales para sacar raja política del mal ajeno.
Bajo señales esperanzadoras ha sido de trascendental importancia el encuentro sostenido entre el presidente de la república y su equipo de gobierno con la nueva junta directiva de ANEP. Después de un considerable periodo de tensiones y mensajes contrapuestos que caracterizaron a una parte de la anterior cúpula empresarial, la visita del mandatario a la sede empresarial simboliza un reencuentro que contribuye a despolarizar las relaciones, propiciando un clima de cordialidad, respeto y franqueza; sin embargo, es digno reconocer que más allá del tensionamiento discursivo, ANEP ha permanecido de manera constante aportando en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, convocado por el presidente Sánchez Cerén. Este reciente acercamiento puede determinar un nuevo y significativo progreso de una relación sustancial que es estratégica para el país.
En todo su periodo este gobierno ha sostenido un constante trabajo de intercambio y cooperación con varias gremiales sectoriales que integran a ANEP, esto ha incluido a personalidades relevantes del mundo empresarial, comprometidos con el país, esfuerzo que debe continuar en beneficio del interés común. Lo novedoso y útil de este nuevo esfuerzo de acercamiento estratégico reside en acordar una agenda que incluya los verdaderos temas económicos de interés nacional que nos pongan en la ruta del desarrollo.
Algunos de estos temas pueden ser: mecanismos para elevar los niveles de inversión pública y privada que permitan generar más y mejores empleos, estimulación conjunta de la atracción de inversión extranjera; propuestas para un ágil sistema aduanal, incluyendo el análisis de la compleja tramitología existente por años que dificulta el desempeño de negocios; construcción de acuerdos nacionales que den salida a la crisis del actual sistema de pensiones y a la necesaria reforma tributaria que asegure los recursos del desarrollo; la adaptación al cambio climático y la crisis del agua.
Éstos y otros temas exigen una adecuada metodología de trabajo que permita acuerdos sustantivos que pueden ser la base de la suscripción de un compromiso, hoy que nos aproximamos al 25 aniversario de los acuerdos de paz; por lo que la circunstancia nos exige hacer gala de la mejor voluntad política de construir un nuevo acuerdo de nación.
Nota del Editor: Este artículo fue retomado del periódico El Mundo, de El Salvador.
Link: http://elmundo.sv/al-fin-2/
