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sábado, 08 de mayo del 2021

Salvadoreños entre el destierro y deportación

El flujo de salvadoreños mayor de todos los tiempos llegó a Estados Unidos entre 1975 y 1989

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WASHINTON – Mientras que el mayor número de salvadoreños que emigraron a Estados Unidos en 1982 entra al umbral de su retiro y se prepara para regresar a su paí­s de origen,  otro grupo de sus connacionales está amenazado de destierro y deportación.  Tanto la campaña de emergencia contra la violencia del gobierno salvadoreño, como la decisión que pende en la Corte Suprema de los Estados Unidos respecto de las acciones ejecutivas DACA y DAPA del presidente Obama, tienen un gran potencial de expulsar miles de salvadoreños del seno de sus familias.  Una vez más, las condiciones económicas, polí­ticas y sociales de El Salvador y las leyes del paí­s anfitrión colisionan amenazando deportaciones y destierros.  

La experiencia de la migración de salvadoreños a Estados Unidos es históricamente larga y repetitiva, con correspondencia del paí­s anfitrión que es un paí­s de inmigrantes desde su fundación.   Si vemos en retrospectiva, observamos que hay por lo menos seis flujos migratorios bien marcadas por su respectiva causa, efecto, crisis y estabilidad; pero, que en su momento traen mucha incertidumbre a la familia salvadoreña.

A principios del siglo XX, la migración de salvadoreños fue legal y muy selectiva.  El Instituto de Polí­ticas Migratorias destaca que solo miembros de familias terratenientes y acomodadas viajaban a EEUU para trabajar y estudiar, acompañados por su personal de servicio, que en muchos casos se establecieron en el paí­s.  Aunque El Salvador estaba consolidando la exportación del café, construyendo las carreteras Litoral y Panamericana,  aun habí­a migración hacia Honduras y Guatemala.  Se puede hablar de una primera época migratoria de unos cuantos miles hacia EEUU, en los años 60 y 70s, según el instituto.

Un segundo grupo, más numeroso que el anterior, fue el de 45,000 salvadoreños que llegaron a EEUU entre 1970 y 1974, según el U.S Public Use Micro Sample, PUMS siglas en inglés.  Muchos de ellos, fueron atraí­dos y acogidos por el Acta de Inmigración y Nacionalidad de 1965, que le dio preferencia a las habilidades laborales y la relación familiar para ingresar legalmente a EEUU, eliminando las cuotas preferenciales que siempre gozaron los europeos.

El flujo de salvadoreños mayor de todos los tiempos llegó a Estados Unidos entre 1975 y 1989.  Al principio estos eran jóvenes entre los 17 y 25 años de origen urbano,  que ingresaron al paí­s en su mayorí­a sin documentos.  Esta tercera oleada migratoria era constituida por maestros, estudiantes y empleados que huí­an de la violencia polí­tica que habí­a iniciado con la masacre del 30 de julio de 1975, en San Salvador.  Conforme la guerra se trasladó a las montañas, más salvadoreños de zonas rurales migraron hacia Estados Unidos.   Solo en 1982, se reporta que 129,000 personas salieron de El Salvador.  Muchos de ellos simplemente viajaron a paí­ses vecinos, pero el grueso del grupo llegó hasta el norte.  Más de 334,000 llegaron a Estados Unidos entre 1985 y 1990.  

Este fue el grupo que luchó contra la polí­tica de la administración Reagan que nunca reconoció status de refugiados a salvadoreños y guatemaltecos.  A fuerza de huelgas de hambre, caminatas regionales, protestas locales, nacionales, campañas de cabildeo, demandas judiciales y cientos de manifestaciones de calle, lograron cambiar las leyes que en la siguiente década favorecieron a sus coterráneos.

El 7 de noviembre de 1986 se aprobó el acta conocida como IRCA, que legalizó 146,000 salvadoreños que habí­an llegado al paí­s antes del 1 de enero de 1981.    Más de 146,000 salvadoreños obtuvieron un status legal bajo el programa de IRCA.  La regularización de la situación de los acogidos a esta amnistí­a tomó lugar entre el 88 y 90, al mismo tiempo que otra decisión legislativa y una sentencia judicial favorecieron al resto de indocumentados de origen salvadoreño y guatemalteco que llegaron después de 1981.

El cuarto grupo de migrantes, que llegó durante los años seguidos a la negociación de la guerra civil en El Salvador, fue el más favorecido por los esfuerzos de las organizaciones como CARECEN, Centro Romero, Centro Presente, El Rescate y comités de solidaridad que organizaron los mismos salvadoreños con ayuda de muchos estadounidenses solidarios.  Tanto la aprobación del Status de Protección Temporal, (TPS) para Salvadoreños iniciado por el Congresista Joe Moeckley y el Senador Dennis DeConcini en 1984, como la sentencia judicial en favor de la Iglesia Bautista Americana, (ABC siglas en inglés)  que abogaba por los refugiados guatemaltecos y salvadoreños, tomaron lugar a principios de la los 90s. Como resultado de la sentencia en favor de ABC, más de 250,000 solicitudes de asilo polí­tico de salvadoreños y guatemaltecos fueron sometidas entre 1990 y 1993.  Aunque el primer TPS solo regularizó  la situación de los salvadoreños por 18 meses, estos pudieron arrancar de las administraciones Bush y Clinton, a través de intensas campañas de labor congresional, varias extensiones de la ejecución de su partida, DED, entre 1992 y 1996. Al vencerse la última extensión, muchos salvadoreños sometieron solicitudes de asilo polí­tico para permanecer en Estados Unidos.

En el marco de la Guerra Frí­a, sectores adeptos a la administración George H. Bush sometieron al Congreso de EEUU una propuesta de ley para proteger exclusivamente a los nicaragí¼enses, que alegaban persecución del gobierno Sandinista.  Las medidas TPS, DED y ABC habí­an regularizado la situación de cientos de miles de salvadoreños que se acogieron a su  protección temporal o solicitaron asilo polí­tico.  En 1997, el Acta de Alivio a los Centroamericanos y Ajuste a Nicaragí¼enses, NACARA, se convirtió en ley.  Las organizaciones comunitarias que estaban fogueadas en como influir en el proceso legislativo, lograron que se incluyera a los salvadoreños bajo esa protección. Por supuesto que no lo lograron solas, por primera vez en la historia, esfuerzos del gobierno salvadoreño coincidieron efectivamente en un triunfo legislativo para los centroamericanos.  La embajadora salvadoreña Ana Cristina Sol contrató a Rick Swartz and Associates, una autoridad en polí­ticas migratorias hacia centroamericanos.  Swartz fue instrumental en contratar otras firmas asesoras en lo legislativo y legal como Hogan & Hartson, de la cual era parte John Roberts, actual presidente de la Corte Suprema de Justicia de EEUU.  Las conexiones de estas firmas con lí­deres republicanos y demócratas fueron claves para la inclusión de Salvadoreños y aprobación de NACARA.

 Pero la suerte de este grupo no termina aquí­.  Los terremotos del 2001 y 2002, reviven el TPS por un lustro más. Según la Embajada de ES en Washington, 234,000 salvadoreños re-registraron para la protección temporal en 2006. A estas alturas, la migración de salvadoreños al norte demostraba a todas luces que su razón de salir del paí­s era meramente económica. El mismo presidente de El Salvador Tony Saca, hizo campaña en Maryland y aseguró ayudar a que el TPS se extendiera.  El pavor entre las familia ante los estragos inmediatos de su nueva moneda, el dólar, en la canasta básica intensificaron el destierro de salvadoreños.

Para los gobernantes del 2006 al 2009 fue claro que la migración y permanencia de salvadoreños en Estados Unidos les ayudó a palear la pobreza en el paí­s, ya que incrementa las remesas que además de sustentar a la familia salvadoreña, estimulan el comercio, la banca, el turismo, y por supuesto, aumenta las contribuciones al estado.  Aunque mucho de este flujo de salvadoreños reunificó a muchas familias, también ha motivado a otros a buscar oportunidades de empleo.

El último flujo de migrantes de El Salvador, Honduras y Guatemala, paí­ses del  Triángulo Norte, se ha caracterizado por su composición, motivación, arribo  y recepción, lo cual ha provocado múltiples estudios y búsqueda de soluciones. El presidente Obama ha dado en llamar ” Cirisi Humanitaria” a esta oleada de decenas de miles de mujeres y menores no acompañados procedentes del Triángulo Norte, a la frontera sur de la Unión Americana.  Aunque este flujo de centroamericanos se inició en el 2009, solo se dimensionó como crisis en el 2014.  Según el Concilio de Inmigración Americano la administración Obama respondió con una Estrategia Agresiva de Disuasión,  la cual incrementó  las deportaciones de este grupo, apoyó las detenciones en territorio mexicano y lanzó una campaña publicitaria persuasiva en los paí­ses del Triángulo Norte promoviendo la idea que “el viaje no vale la pena.”

Un análisis de la encuesta realizada por la Universidad de Vanderbilt sugiere que las victimas de crimen no parecen disuadirse por los esfuerzos de la administración de Obama. Es más, sugiere que el perfil de estos migrantes es más el de un “refugiado” que de un “inmigrante económico.”  Las acciones de la presente administración enví­an un doble mensaje a su electorado Latino Americano que está pendiente de lo que se hace con sus hermanos recién llegados.  Por un lado, emite las órdenes administrativas DACA y DAPA que protegen de deportación a menores recién llegados y padres de infantes nacidos en EEUU.  Por el otro, deporta a miles de estos mismos refugiados en cantidades sin precedentes.

Un estudio de menores detenidos del  Alto Comisionado de las Naciones Unidas, ACNUR, reporta que el 66% de los 104 menores salvadoreños entrevistados citaron ser ví­ctimas del crimen organizado armado y un 21% de violencia doméstica.  Solo uno de 104 entrevistados mencionó la posibilidad de beneficiarse de la reforma migratoria.  El estudio titulado Niños a la Carrera plantea la interrogante, reporta que estos menores, necesitan protección internacional.

Tanto la suerte de este último flujo migratorio como la de generaciones de salvadoreños que viven en Estados Unidos y otros paí­ses que volverán, forzada o voluntariamente, merecen atención tanto del estado como del sector corporativo que tanto se ha beneficiado de sus remesas.  Es necesario reconocer los derechos que como salvadoreños les confiere la Constitución Polí­tica de El Salvador en su artí­culo 90 y planificar proyectos  de servicios médicos y sociales, vivienda y otros, para esta población que por opción o porque no le es suficiente su pensión de retiro para vivir en los paí­ses donde emigraron, para salvar sus vidas o mantener a sus familias.

(*) Intelectual salvadoreño residente en Washington, especialista en temas migratorios

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