Este lunes 16, el ministerio de trabajo ha anunciado la conformación del nuevo consejo nacional del salario mínimo, compuesto por representantes laborales, patronales y estado, que entre otras atribuciones tiene la de tasar el salario que será vigente en el país, de acuerdo a lo desprendido de la observación directa del coste de vida que domina a la nación.
Como referencia cabe recordar el que un estudio ejecutado por una entidad extranjera – una ONG israelí – determinó que entonces la canasta básica para una familia conformada por 4 miembros tenía un coste de $750.00, mientras que la canasta extendida sería en aquellos días de $950.00, que además de las necesidades básicas cubre otras como lo son el ocio, la distracción, la práctica de deportes, el estudio y formación superior, y por supuesto, el ahorro.
Tal estudio se realizó hace aproximadamente 17 años, por lo que sus resultados deben de nuevo recalcularse de acuerdo a los costes actuales.
En contraste debemos considerar que, a pesar de lo señalado por éste y otros estudios en torno a lo inadecuado que es el salario mínimo para satisfacer las necesidades de las personas, en la actualidad el salario mínimo va desde los $200.00 en el sector agrícola, hasta los $300.00 en el de servicios.
No es difícil a partir de esta realidad, calcular las implicaciones negativas sociales que ello supone.
La respuesta en este punto de parte de los patronos y el estado, es la flexibilidad laboral, que despoja al trabajador de derechos fundamentales como lo son la seguridad laboral, o salarios correspondientes con los señalados por la ley, lo que lo reduce a una condición de pseudo esclavismo.
En este escenario la constitución del concejo en cuestión se realiza periódicamente y con el objeto de revisar el salario mínimo, en conformidad con el artículo 159 del código de trabajo, es decir, cada tres años, lo que en la práctica niega tácitamente el aumento del coste de vida, por la espiral inflacionaria derivada del modelo económico.
Se entiende entonces que el papel jugado desde el estado debería ceñirse al interés público, en conformidad con la ley y sin menoscabo de particulares, por lo que las acusaciones vertidas desde los trabajadores en días pasados, endilgando al ministro de trabajo haber recibido en sus oficinas a algunas personas sin credenciales, que en el pasado representaron a los trabajadores mediante turbios arreglos que favorecieron a los patronos, en detrimento de los primeros, constituye una grave acusación, que de ser verás supone otro retroceso en materia social por sus implicaciones (pues debe considerarse que diferentes estudios económicos demuestran que una mayor circulación de efectivo consecuente con mayores salarios, redunda en una economía más saludable y estable, en contradicción con el modelo del rebalse, que parece ser, es el que sigue la presente administración), lo que debiera implicar un referente en sí, para además orientar a los miembros del concejo que se oficializará en breve, para bienestar de los trabajadores en general, y para beneficio de la nación.
