La elección de la magistrada presidenta de la Corte de Cuentas de la Repúblicas (CCR), Carmen Elena Rivas Landaverde, y de la primera magistrada de la Corte de Cuentas fue declarado inconstitucional por parte de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
La Sala consideró que la Asamblea Legislativa omitió argumentar por qué las personas electas poseen competencia notoria según el perfil requerido, y omitió documentar la no afiliación partidaria de las abogadas.
Pese a esto, el Órgano Judicial les ha permitido continuar fungiendo hasta el 27 de agosto de 2020 y no les inhibe a participar en la reelección.
La Asamblea Legislativa eligió a como presidenta de la Corte de Cuentas, María del Carmen Martínez Barahona, Roberto Antonio Anzora Quiroz, como magistrados propietarios; Nolberto Osmín Cunza López y Patricia Lissete Bardales Osegueda, como propietarios suplentes.
La elección se realizó a través de los decretos legislativos 764 y 765, el 28 de agosto de 2017.
Rivas, por medio de sus redes sociales, reaccionó a la resolución de la Sala y asegura no descartar buscar una reelección para ocupar –nuevamente– un cargo en la Corte de Cuentas.
Por su parte, la subcomisión Política de la Asamblea Legislativa concluyó en su informe que los 75 candidatos que entrevistó son potables para dirigir la Corte de Cuentas de la República (CCR) a pesar de que algunos aparecieron con expedientes abiertos en la Fiscalía General de la República y dos aparecen como afiliados a partidos políticos.
Tres nuevos funcionarios de la CCR deben tomar posesión de sus cargos este 28 de agosto. La presidenta, dos magistrados propietarios y dos suplentes concluyen sus funciones este 27 de agosto.
“Se pudo constatar que los candidatos y candidatas cumplen con los requisitos para ser electos, por lo que se vuelve viable el nombramiento de cualquiera de los mismos, dejando claro que algunos de ellos tienen procesos activos en instituciones del Estado de las cuales en sus informes no se manifiesta que haya una resolución sancionatoria o condenatoria, según sea el caso, sino que son procesos abiertos o activos”, indica el informe final de la Subcomisión.
Según un informe de la Subcomisión Política, de los 75 candidatos hay 22 que tienen desde uno hasta tres expedientes activos en archivo o en archivo definitivo en la Fiscalía General de la República.
La CCR reportó que 16 aspirantes poseen algún tipo de expedientes, con casos en sustanciación, absueltos, con sentencia definitiva ejecutoriada o están solventes de multas.
