La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió una resolución en la que ampara a las víctimas de la masacre de más de 300 campesinos de El Calabozo, ocurrida en San Esteban Catarina, San Vicente, entre el 17 y el 22 agosto de 1982.
La resolución fue dada a conocer este martes pero fue emitida el pasado 11 de noviembre y en ella señala que la jueza de Primera Instancia de San Sebastián vulneró el derecho a conocer la verdad de las doce víctimas que interpusieron el amparo ante la Sala en septiembre de 2010.
La Sala ha pedido que se deje sin efecto la resolución pronunciada por la jueza el 6 de marzo de 2007 en la que “rechazó el desarchivo” del proceso penal e investigativo de la masacre de El Calabozo y en la que omitió “la realización de las diligencias propuestas mediante la acusación presentada el 27-IX- 2006 contra ciertos miembros de la FAES, por la comisión de los delitos de Asesinato, Actos de Terrorismo, Daños Agravados, Otros Estragos, Robo y Privación de Libertad, durante el operativo militar”.
Ante la decisión desaprobada por la Sala sobre el “desarchivo” del caso penal ha dado a la jueza un plazo de 15 días, a partir de la notificación, para determinar cuál es la normativa procesal penal aplicable al caso y explicar el procedimiento que se tramitará con la finalidad de garantizar los derechos fundamentales “cuya vulneración se constató en esta sentencia”.
El recurso de amparo fue interpuesto por las víctimas en conjunto con el Centro para la Promoción de los Derechos Humanos “Madeleine Lagadec” y fue en contra de las actuaciones de la jueza de Primera Instancia de San Sebastián debido a que las consideraron “lesivas de sus derechos a la protección jurisdiccional, en sus manifestaciones de los derechos a una resolución motivada y congruente, de acceso a la jurisdicción y a conocer la verdad”.
Más de 300 personas fueron asesinadas durante un operativo militar que ocurrió en la ribera del río. Los pobladores fueron sorprendidos mientras huían de los soldados que conformaban batallones Atlacatl, Ramón Belloso y el Atonal, y otras tropas que tenían la misión de arrasar con los habitantes de la zona.
Los asesinados fueron en su mayoría niños, ancianos y mujeres provenientes de los cantones San Esteban Catarina, Santo Domingo, San Sebastián, Santa Clara y San Lorenzo.
Carolina Constanza, del Centro para la Promoción de los Derechos Humanos “Madeleine Lagadec”, aseguró que la resolución de la Sala es “un camino hacia la verdad y la justicia de las víctimas de El Calabozo”. Asimismo expresó que la resolución le dará el espacio “para encontrar el camino por dónde demandar haciendo uso de la inconstitucionalidad de Ley de Amnistía (dictada por la Sala el 13 de julio de este año)”.
