La red de ductos que Pemex tiene en el país se extiende por 17,000 kilómetros. En 2016, los huachicoleros, así se llama a quien se dedica al robo del combustible, extrajeron de ese sistema más de 2,800 millones de litros de gasolina y diésel que en el mercado negro equivale a ganancias que rondan en los 25,000 millones de pesos, según Pemex.
De 2012 a 2016, en los primeros cuatro años del gobierno del presidente Peña Nieto, el robo de combustible para Pemex representó pérdidas superiores a los 100,000 millones de pesos. En el sexenio del presidente Calderón sumaron 63,000 millones de pesos.En 2006, Pemex ubicó 204 tomas clandestinas; en 2007, 324; en 2008, 392; en 2009, 462; en 2010, 691; en 2011, 1,361; en 2012, 1,635; en 2013, 2,621; en 2014, 3,653; en 2015, 5,252 y para 2016 eran ya 6,159.
En 10 años un crecimiento del 2,000%. La expansión está fuera de control.En 2016, el 55% de las tomas clandestinas se concentraron en Puebla (22.4%), Guanajuato (21.3%) y Tamaulipas (11.4%). Le siguen Veracruz (9.6%), Estado de México (9.0%) e Hidalgo (5.1%). Después están Jalisco, Michoacán, Oaxaca y Tlaxcala, de acuerdo a Pemex.
En Puebla, la mayor parte de las tomas se ubica en lo que se conoce como el Triángulo Rojo, compuesto por seis municipios: Acajete, Quecholac, Acatzingo, Tecamachalco, Tepeaca y Palmar del Bravo. Hay otros diez municipios poblanos también implicados en el robo de gasolina sobre el oleoducto Minatitlán-México.A nivel nacional el 94% del negocio lo controla el crimen organizado y el otro 6% bandas de población cercanas a los ductos.
Los Zetas tienen el 38.8% del mercado; Jalisco Nueva Generación, el 21.39%; el Cártel del Golfo el 16.34%; los Beltrán Leyva, el 7.57% y el Cártel del Pacífico, el 6.29%.En las tomas clandestinas y en la posterior venta del combustible, asociados con el crimen organizado, están implicados trabajadores de Pemex, alcaldes, policías estatales y municipales, habitantes de las comunidades por donde pasan los ductos y también dueños de gasolineras y Ministerios Públicos, esto según las autoridades.
La impunidad de los criminales ha sido total.Hay evidencias sólidas que prueban que también el sindicato, por lo menos una parte del mismo, están relacionados en el robo de la gasolina y el diésel. Altos funcionarios de Pemex en el gobierno del presidente Fox denunciaron en Los Pinos que también estaba implicado un sector del Ejército.
La realidad es que en los últimos siete años solo se han detenido a 2,600 criminales implicados en esta actividad que incluye a 123 empleados de Pemex.En la última década, Pemex ha invertido más de 30,000 millones de pesos en distintas estrategias de combate a las tomas clandestinas. Todas han fallado.
Y hay evidencia de que en la adquisición de tecnología y equipos destinados a esta lucha ha habido corrupción. Resulta difícil entender el por qué está empresa con toda su capacidad y recursos que tiene no pueda frenar el robo de combustible. ¿Qué intereses están atrás? ¿Quién se beneficia de este terrible fracaso?
