lunes, 2 diciembre 2024

Revisarán archivos militares por caso El Mozote a partir del 21 de septiembre

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En la audiencia quedó establecido que la inspección durará 12 semanas. A las inspecciones asistirán el juez, los peritos, las partes involucradas y la PDDH.

El juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, ordenó iniciar una investigación de los archivos militares, para la búsqueda de pruebas en archivos militares sobre la masacre de El Mozote en la que fueron ejecutadas cerca de mil personas a manos del ejército entre el 10 al 12 de diciembre de 1981.

En la audiencia quedó establecido que la inspección durará 12 semanas: ocho semanas para la revisión documental, y cuatro para análisis y elaboración del informe pericial. Las inspecciones iniciarán en la semana del 21 al 25 de septiembre y se esperaría tener el informe final de los peritos, entre el 7 y 11 de diciembre de 2020.

A las inspecciones asistirán el juez, los peritos, las partes involucradas y la PDDH. El equipo de peritos está integrado por la guatemalteca Velia Elisa Muralles Bautista y los salvadoreños Fernando Rafael Díaz Alejandro y Jorge Alberto Juárez Ávila.

El juez cerró la audiencia después de dictar medida cautelar preventiva que obliga a aquellos funcionarios que tienen bajo su custodia los archivos elegidos para la inspección, evitar que se desplace, sustraiga y oculte cualquier documento de esos archivos.

"Esperamos que la diligencia rinda frutos y se pueda obtener información o prueba documental en archivos militares", dijo el abogado de Tutela Legal, Wilfredo Medrano.

Por la matanza 17 militares acusados de una docena de delitos, entre los que figuran asesinato, violación, robo, hurto, desplazamiento forzado, tortura y desaparición.

Los soldados del batallón Atlacatl lanzaron una operación de "tierra arrasada" en El Mozote y comunidades vecinas.

Según cifras oficiales, la operación dejó 986 muertos, incluidos 558 niños, ejecutados por sospechas de colaborar con la entonces guerrilla izquierdista del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Con el fin de la guerra civil en 1992, una Comisión de la Verdad creada por la ONU culpó de la masacre al coronel Domingo Monterrosa, comandante del batallón Atlacatl; al jefe de operaciones, Armando Azmitia, y a otros seis oficiales.

Monterrosa y Azmitia murieron a cinco kilómetros de El Mozote el 23 de octubre de 1984, a bordo de un helicóptero que voló en pedazos saboteado por la guerrilla.

La guerra civil terminó el 16 de enero de 1992 y dejó más de 75.000 muertos y desaparecidos.

Por su parte, Cristosal manifestó que esta inspección es un hito en el caso, pues supone el inicio de la revisión de los archivos militares y General de la Nación, como parte de la recopilación de evidencia en la causa judicial.

La institución indicó que el juez de Instrucción de San Francisco Gotera, citó a funcionarios del Ejecutivo y del Instituto de Acceso a la Información Pública -IAIP, para coordinar la revisión de los archivos oficiales seleccionados.

Los funcionarios convocados, ministro de Defensa, René Merino Monroy, ministra de Cultura, Suecy Callejas, secretarios jurídico y privado de Presidencia, Conan Castro y Ernesto Castro, y el comisionado presidente del IAIP, Ricardo José Gómez, enviaron delegados a la audiencia.

Además, estuvieron representadas las partes involucradas en el proceso, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos -PDDH, así como dos funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, que solicitaron autorización al juez para presenciar la audiencia.

La defensa de los acusados solicitó declarar nula la diligencia alegando violación al principio de legalidad, pero el juez lo denegó y estableció que las inspecciones se realizarán según calendario y metodología propuesta por el equipo de peritos previamente juramentados.

“Las revisiones documentales serán un hecho histórico pues por primera vez se accederá a archivos militares en un proceso judicial por delitos cometidos en el conflicto armado”, recalcó Cristosal.

En múltiples ocasiones víctimas del conflicto y organizaciones que las apoyan han solicitado la apertura de archivos militares, pero ningún gobierno ha permitido hacerlo.

El juez Guzmán ordenó el 15 de junio de 2020, estas inspecciones judiciales de archivos militares y del General de la Nación.

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