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sábado, 24 de julio del 2021

Resistencia desde cada trinchera para no repetir el “perdón y olvido”

Los diputados mantienen una discusión decisiva para aprobar la propuesta de ley de reconciliación, a pesar de un amplio rechazo desde las organizaciones de ví­ctimas y la comunidad internacional. Al interior de los partidos, esta propuesta también causa división.

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El dí­a en que los diputados estaban listos para aprobar la amnistí­a de facto, las organizaciones sociales y la comunidad internacional opusieron resistencia. Desde redes sociales, con eventos, compartiendo información y pronunciamientos. El rechazo era evidente desde que se conoció la propuesta que hizo la comisión ad hoc, pero aun con todo esto, la propuesta siguió avanzando hasta quedar a pocos pasos de entrar a la sesión plenaria del 23 de mayo.

“Sabemos que ya que el pacto de impunidad ha sido establecido en la Asamblea Legislativa”, dijo Katherine González, de Cristosal, organización que representa a las ví­ctimas.

La ley de reconciliación es la respuesta de los diputados para intentar cumplir con las dos sentencias de la Sala de lo Constitucional. En la primera, de 2016, la Sala de lo Constitucional estableció que la Ley de Amnistí­a General (1993) era inconstitucional y la expulsó del conjunto de normativas vigentes en el paí­s. Parte de esa resolución exigí­a crear un nuevo marco legal para procurar la verdad, la justicia, la reparación y las garantí­as de no repetición alrededor de los crí­menes de guerra y las violaciones a los derechos humanos durante la guerra civil de los ochenta.

Luego, en 2018, y también por insistencia de los ciudadanos, la Sala emitió en 2018 una resolución de seguimiento en la que exigí­a al Gobierno agilizar el trabajo y fijó un plazo: 31 de julio. Solo que los diputados han corrido algunos dí­as en ese plazo y esperan convertir el anteproyecto en ley antes del 1 de junio, cuando Nayib Bukele asuma como presidente electo. Los partidos que sostuvieron la candidatura de Bukele, GANA y CD, manifestaron su rechazo al proceso de formación de esta ley desde el inicio de la discusión.

“En la práctica, lo que están haciendo es corriendo para poder aprobarla en esta plenaria, o en la otra”, dijo por su parte Rolando González, del Comité de Expresos Polí­ticos y miembro de la Asociación de Ví­ctimas y Sobrevivientes del Conflicto Armado. “Desde el documento de la comisón ad hoc repetí­an, y muy a propósito, disposiciones de la Ley de Amnistí­a”, criticó González.

De hecho, González estuvo 28 meses preso y sometido a torturas. Fue entonces que decidió marcharse del paí­s, “en un exilio prácticamente obligado”, como lo llama. Regresó en 1985.         

La subcomisión que tení­a de tarea terminar de dar forma a la propuesta hizo entrevistas a diversas organizaciones, a las que recibió en salón donde estaban sesionando. Escuchaban durante un par de horas a sus invitados, y luego, recibí­an a más.

Los defensores de los derechos humanos advirtieron que era necesario un proceso de consulta más amplio e incluyente.

González, del comité de presos polí­ticos, explicó que por ejemplo la Mesa Contra la Impunidad trabajó durante un mes y medio en visitar a las comunidades para conocer qué esperaban de una normativa que sirviera para juzgar crí­menes de guerra y  delitos de lesa humanidad. Esa consulta se convirtió en la propuesta, de 30 organizaciones, que presentaron el lunes en la Asamblea Legislativa. Esta propuesta tiene muchos puntos que la diferencian de la Amnistí­a de 1993 y la amnistí­a de facto que se pretende establecer con el anteproyecto de los diputados    

La mañana en que se temí­a que Arena, el PCN, el PDC y el FMLN dieran sus votos para el anteproyecto de Ley de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional, el Gobierno recibió varios mensajes y advertencias de gobiernos amigos, bloques de paí­ses, organismos multilaterales, tribunales internacionales de justicia, voceros de la academia, organizaciones que representan a las ví­ctimas e incluso de otros diputados. Los mensajes, al uní­sono, pedí­an detener una aprobación apresurada de este anteproyecto de ley.

Ese dí­a también las ví­ctimas expresaron su dolor e incredulidad ante una nueva ley que repetirí­a la fórmula de "perdón y olvido". Primero, al entregar una carta al presidente Salvador Sánchez Cerén para solicitarle que no sancione un eventual decreto legislativo con la ley. Después, hubo más crí­ticas durante el lanzamiento de la campaña Memoria del Futuro, que por objetivo tiene promover el diálogo entre dos generaciones sobre la memoria histórica.  Luego, en la tarde, el IDHUCA y la Procuradurí­a, más otras organizaciones, acudieron a la Asamblea Legislativa para hacer eco de las mismas peticiones.

En Arena, sus lí­deres históricos guardan silencio. En el FMLN, solo uno de sus dirigentes ha expresado opinión: Eugenio Chicas, quien pidió no meter acelerador a esta propuesta.

Mientras que el presidente electo, Nayib Bukele, fue especialmente duro con el FMLN, pues puso en duda la coherencia entre sus principios revolucionarios durante la guerra y el apoyo que estarí­an dando para convertir en realidad esta ley.

En la noche, los diputados de la Comisión Polí­tica decidieron seguir en proceso de consultas antes de elaborar un dictamen y enviar el anteproyecto de ley de reconciliación a la sesión plenaria. Una de las decisiones que tomaron fue escuchar -26 años después- a las organizaciones que representan a las ví­ctimas, escuchar a las iglesias y también a la Fuerza Armada. También se comprometieron a publicar las respuestas disponibles.

Salvador Sánchez Cerén, conocido lí­der de la guerrilla que luchó con el seudónimo Leonel con las FPL, tendrá bajo su responsabilidad la sanción de esta propuesta. El detalle con Sánchez Cerén es que tiene conflictos de interés por su complicidad con Mayo Sibrián en múltiples asesinatos y ejecuciones de otros miembros de la guerrilla y personas que no estaban relacionadas con el conflicto. 

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Redacción ContraPunto
Nota de la Redacción de Diario Digital ContraPunto
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