El día en que los diputados estaban listos para aprobar la amnistía de facto, las organizaciones sociales y la comunidad internacional opusieron resistencia. Desde redes sociales, con eventos, compartiendo información y pronunciamientos. El rechazo era evidente desde que se conoció la propuesta que hizo la comisión ad hoc, pero aun con todo esto, la propuesta siguió avanzando hasta quedar a pocos pasos de entrar a la sesión plenaria del 23 de mayo.
“Sabemos que ya que el pacto de impunidad ha sido establecido en la Asamblea Legislativa”, dijo Katherine González, de Cristosal, organización que representa a las víctimas.
La ley de reconciliación es la respuesta de los diputados para intentar cumplir con las dos sentencias de la Sala de lo Constitucional. En la primera, de 2016, la Sala de lo Constitucional estableció que la Ley de Amnistía General (1993) era inconstitucional y la expulsó del conjunto de normativas vigentes en el país. Parte de esa resolución exigía crear un nuevo marco legal para procurar la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición alrededor de los crímenes de guerra y las violaciones a los derechos humanos durante la guerra civil de los ochenta.
Luego, en 2018, y también por insistencia de los ciudadanos, la Sala emitió en 2018 una resolución de seguimiento en la que exigía al Gobierno agilizar el trabajo y fijó un plazo: 31 de julio. Solo que los diputados han corrido algunos días en ese plazo y esperan convertir el anteproyecto en ley antes del 1 de junio, cuando Nayib Bukele asuma como presidente electo. Los partidos que sostuvieron la candidatura de Bukele, GANA y CD, manifestaron su rechazo al proceso de formación de esta ley desde el inicio de la discusión.
“En la práctica, lo que están haciendo es corriendo para poder aprobarla en esta plenaria, o en la otra”, dijo por su parte Rolando González, del Comité de Expresos Políticos y miembro de la Asociación de Víctimas y Sobrevivientes del Conflicto Armado. “Desde el documento de la comisón ad hoc repetían, y muy a propósito, disposiciones de la Ley de Amnistía”, criticó González.
De hecho, González estuvo 28 meses preso y sometido a torturas. Fue entonces que decidió marcharse del país, “en un exilio prácticamente obligado”, como lo llama. Regresó en 1985.
La subcomisión que tenía de tarea terminar de dar forma a la propuesta hizo entrevistas a diversas organizaciones, a las que recibió en salón donde estaban sesionando. Escuchaban durante un par de horas a sus invitados, y luego, recibían a más.
Los defensores de los derechos humanos advirtieron que era necesario un proceso de consulta más amplio e incluyente.
González, del comité de presos políticos, explicó que por ejemplo la Mesa Contra la Impunidad trabajó durante un mes y medio en visitar a las comunidades para conocer qué esperaban de una normativa que sirviera para juzgar crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Esa consulta se convirtió en la propuesta, de 30 organizaciones, que presentaron el lunes en la Asamblea Legislativa. Esta propuesta tiene muchos puntos que la diferencian de la Amnistía de 1993 y la amnistía de facto que se pretende establecer con el anteproyecto de los diputados
La mañana en que se temía que Arena, el PCN, el PDC y el FMLN dieran sus votos para el anteproyecto de Ley de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional, el Gobierno recibió varios mensajes y advertencias de gobiernos amigos, bloques de países, organismos multilaterales, tribunales internacionales de justicia, voceros de la academia, organizaciones que representan a las víctimas e incluso de otros diputados. Los mensajes, al unísono, pedían detener una aprobación apresurada de este anteproyecto de ley.
Ese día también las víctimas expresaron su dolor e incredulidad ante una nueva ley que repetiría la fórmula de "perdón y olvido". Primero, al entregar una carta al presidente Salvador Sánchez Cerén para solicitarle que no sancione un eventual decreto legislativo con la ley. Después, hubo más críticas durante el lanzamiento de la campaña Memoria del Futuro, que por objetivo tiene promover el diálogo entre dos generaciones sobre la memoria histórica. Luego, en la tarde, el IDHUCA y la Procuraduría, más otras organizaciones, acudieron a la Asamblea Legislativa para hacer eco de las mismas peticiones.
En Arena, sus líderes históricos guardan silencio. En el FMLN, solo uno de sus dirigentes ha expresado opinión: Eugenio Chicas, quien pidió no meter acelerador a esta propuesta.
Mientras que el presidente electo, Nayib Bukele, fue especialmente duro con el FMLN, pues puso en duda la coherencia entre sus principios revolucionarios durante la guerra y el apoyo que estarían dando para convertir en realidad esta ley.
En la noche, los diputados de la Comisión Política decidieron seguir en proceso de consultas antes de elaborar un dictamen y enviar el anteproyecto de ley de reconciliación a la sesión plenaria. Una de las decisiones que tomaron fue escuchar -26 años después- a las organizaciones que representan a las víctimas, escuchar a las iglesias y también a la Fuerza Armada. También se comprometieron a publicar las respuestas disponibles.
Salvador Sánchez Cerén, conocido líder de la guerrilla que luchó con el seudónimo Leonel con las FPL, tendrá bajo su responsabilidad la sanción de esta propuesta. El detalle con Sánchez Cerén es que tiene conflictos de interés por su complicidad con Mayo Sibrián en múltiples asesinatos y ejecuciones de otros miembros de la guerrilla y personas que no estaban relacionadas con el conflicto.
