Por Alessia Genoves
“La posibilidad de presentar al mundo como un modelo internacional” los resultados del Régimen de Excepción fueron acordados en la cumbre del Derecho Internacional Humanitario (DIH). La contracción de homicidios, por la contención de organizaciones terroristas, y presuntos afiliados, fueron motivo de discusión para honorarios del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
“Seguridad y bienestar para los salvadoreños” son las garantías con las que definió a la Guerra Contra Pandillas y el Régimen de Excepción, el vice-presidente Félix Ulloa. Como resultado, más de 25 mil personas fueron arrestadas bajo la presunción de pertenecer o de participar en maras o pandillas, organizaciones definidas por la Corte Suprema de Justicia como “terroristas” (2015), por su alto impacto en la criminalidad. Desde 1992, habrían participado en el asesinato de más de 1,2 millones de salvadoreños, según datos oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC).
Al estado salvadoreño le asiste el Jus ad Bellum para defender al pueblo de la violencia criminal de las pandillas.
El Jus ad Bellum es la rama del derecho humanitario que define las legítimas razones que un Estado tiene para hacer la guerra de manera legítima y justa. https://t.co/Cu50T1oLsp— Félix Ulloa (@fulloa51) May 5, 2022
Régimen de Excepción
El orden constitucional precede al Régimen de Excepción. “los artículos 29 y 30 de la Constitución de la República” darían validez legal al mecanismo jurídico que busca la contracción de homicidios, y de delitos asociados a maras y pandillas. Ésta declaración fue reiterada por Ulloa, en la celebración de las discusiones bilaterales de la CICR.
“Dicha medida permiten la detención administrativa hasta por 15 días, lo cual brinda a la PNC y la Fiscalía General de la República (FGR) más tiempo para profundizar investigaciones y recabar más pruebas en contra de los miembros de pandillas”, detalló la Secretaría de Prensa de la Presidencia, sobre la reunión.
El Vicepresidente @fulloa51 junto al Comité Internacional de la Cruz Roja, acordaron la posibilidad de presentar al mundo esta experiencia como un modelo internacional de solución ante conflictos sociales.
— Vicepresidencia ESA (@VCpresidenciaSV) May 5, 2022
El Régimen de Excepción ha sido prorrogado, desde el pasado 25 de abril. Queda patente en el decreto 333º, aprobado en una sesión plenaria extraordinaria el pasado 27 de marzo, recibió 67 de los 89 votos parlamentarios, para aprobarla. En su contenido establece la interrupción de las garantías constitucionales de la libertad de “movilización domiciliar” (art. 5), “asociación” (art. 6, inc. 1), “expresión” (art.7) y al de “confidencialidad de la correspondencia”(art. 24), que establece la Constitución de la República.
Cantidades dinerarias de hasta $1,023,738 dólares. Al mismo tiempo, habría confiscado unos “277 armas de fuego de diversos calibres, 19,105 porciones de drogas, 586 vehículos y 4,896 teléfonos celulares”, según lo detalló el Ministerio de Justicia y de Seguridad Pública (MJSP).
De hecho, el Régimen de Excepción ha recibido considerables valoraciones por parte de los salvadoreños. Medios de comunicación, como Diario ContraPunto, reflejaban valoraciones favorables del 76% de la población; resultado que incrementaría al 91% de la población que respondió a la última encuesta dedicada de la empresa de Opinión Pública, Cid Gallup.
Por éstos hechos, el gobierno informó que “el Vicepresidente Félix Ulloa, junto al Comité Internacional de la Cruz Roja, acordaron la posibilidad de presentar al mundo esta experiencia como un modelo internacional de solución ante conflictos sociales”.
Detenciones y denuncias
Más de 25 mil personas han sido llevadas a prisión, bajo acusaciones de pertenecer o de participar con maras y pandillas. Otras acusaciones refieren a la apología del delito de agrupaciones ilícitas, y de su implicación con agrupaciones terroristas. De ésta cantidad, prisión preventiva recibieron cerca de 12 mil personas.
La mayor parte de los requerimientos que preceden a las capturas responden a la presunción de los delitos de “agrupaciones ilícitas”, penado de 20 a 35 año de cárcel (art. 162 y 365 del Código Penal); “homicidio agravado”, penado con 30 años de cárcel (art. 129, Código Penal); “feminicidio” penado de 20 a 35 años de cárcel (art. 45, Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para la Mujer).
También han sido detenidos bajo los cargos de “portación ilegal de armas de fuego” (Ley de Control y Regulaciones de Armas, Municiones, Explosivos y Artículos Similares), delito penado con 10 a 15 años de cárcel; y el de “portación ilegal de drogas”, penado con 10 a 15 años de cárcel (Ley Reguladora de Actividades Relativas a las Drogas).
Sin embargo, unas 200 denuncias han sido registradas por la organización Human Right Watch, desde el pasado 26 de abril. A éstas denuncias se sumarían otras 160 presuntas “detenciones arbitrarias” denunciadas por la Fundación Cristosal, según lo informó en último informe titulado “El Salvador: evidencias de graves abusos durante el régimen de excepción”.
La suspicacia de la efectividad de éstos datos se hace patente en el sobreseimiento de al menos 1 ente 163 imputados. El presidente Bukele interpretó el hecho con probabilidad de que al menos el 1% de los detenidos hayan sido por un “error que un sistema justo debe corregir”. De acuerdo con su estimación, al menos 131 de los más de 13,086 detenidos debe ser inocente, según lo declaró el pasado 12 de abril.
Otras denuncias de detenciones arbitrarias ya se habían hecho. Han denunciado la detención del jugador de la Tercera División de Futbol Profesional Salvadoreño, Fernando Martínez Marroquín (29 de marzo); y la de al menos 4 baristas de la cafetería 1,200 Café (9 de abril), tras la demanda de su liberación, de personas que consideraban que no tenían implicaciones con el crimen organizado. En última instancia, recuperó su libertad el comunicador salvadoreño, Kevin Rivas, según lo anunciaron sus familiares, tras cuatro días de ser arrestado.
Esta semana publicamos junto a Human Rights Watch el trabajo que hemos realizado en conjunto para monitorear la implementación del régimen de excepción, en el que se han recibido denuncias de decenas de detenciones arbitrarias. Informe completo aquí: 🧐👇https://t.co/wp3Oyz9cOX pic.twitter.com/FlDjn1S9zY
— Cristosal (@Cristosal) May 4, 2022
Por su parte, la PDDH suma a su registro de denuncias de detenciones arbitrarias a la del estudiante de la Escuela de Educación Especial de Santa Tecla, Cristian Machado. El detenido sería una persona de 17 años de edad con “discapacidad intelectual”, según lo detalló. La institución detalló que el personal competente del departamento de Discapacidad se encontraba realizando intervenciones ante la PNC, FGR y la Escuela de Educación Especial de la Libertad, “a fin de establecer la verdad de los hechos”.
Al mismo tiempo, la organización Amate El Salvador, dedicada entre otras cosas a la promoción de derechos humanos de personas LGBT, alertó que el activista transexual del colectivo Cultura Trans SV, Abel Moya, fue víctima de una supuesta detención arbitraria, así como otras personas de “comunidades populares” y “personas LGBT”. Esta supuesta detención no fue confirmada públicamente por autoridades de la PNC, de quienes se presume su arresto la tarde de ayer; sin embargo, el Colectivo y Amate confirmaron su liberación, a tempranas horas de la mañana.
Estos “errores” que fueron admitidos por el presidente, no implican que el gobierno salvadoreño desista de políticas represivas como la “Guerra Contra Pandillas”, que fue declarada por las autoridades de seguridad hasta el pasado 25 de marzo. En su lugar, el vicepresidente justificó “6 condiciones para una guerra justa”, para reiterar la validez al Régimen de Excepción:
1 Autoridad legitima
2 Causa justa
3 Intención justa de parte del que inicia la guerra
4 Ultima ratio
5 Debe conducir a la paz
6 Proporcionalidad entre la amenaza y los medios empleados
