Colectivos feministas manifestaron, este lunes, su rechazo que el Tribunal Sexto de Sentencia condenara a la activista del movimiento Amorales a pagar una multa equivalente a $2,027.80 por el delito de calumnia en perjuicio del profesor del Diplomado de Teatro de la Universidad de El Salvador, Ricardo Alfonso Mendoza Alberto, quien ella lo había señalado de acoso sexual en el pasado.
Según el tribunal, Mendoza Alberto presentó la demanda por calumnia por ser señalado públicamente como abusador, acosador y violador, por la actriz de teatro Lissania Carolina Zelaya Zepeda, miembro del Colectivo Amorales.
Guadalupe Yamileth Hernández Carranza, también fue acusada de calumnia por Mendoza, fue absuelta. Ambas son estudiantes de la referida universidad.
Hernández fue absuelta "por considerar que no hay elementos que la vinculen a los hechos juzgados", mientras que Zelaya fue condenada porque el juez consideró que "no quedaba duda alguna que acusaba de manera clara al profesor, por un caso que no ha quedado establecido, puesto que no hay un soporte que confirme los dichos de los testimonios vertidos en el juicio", esto porque el profesor no tiene expediente de acoso en su contra ante la Fiscalía.
Sin embargo, esta resolución generó indignación entre las compañeras de Zelaya, quienes han enfatizado en el sesgo machista que prevalece en el sistema de justicia a la hora de resolver casos que involucran delitos sexuales y el acceso a justicia de mujeres y niñas.
Por lo tanto, aseguraron que apelarán en instancias nacionales e internacionales, ya que consideran que es un “fallo acumulativo”.
“Siguen demostrando que el sistema de justicia salvadoreño tiene un sesgo machista a la hora de resolver para las mujeres”, dijo Morena Herrera de la Colectiva Feminista.
Por su parte, Amalia Leiva de Comcavis Trans sostuvo que: “Estamos presenciando un sistema de justicia patriarcal misógino que necesita ser depurado, se necesita una depuración urgente, no podemos seguir permitiendo que el patriarcado siga colocando a las mujeres como forma de autoridad para que sigan condenando a otras mujeres”
En este sentido, Camila Portillo de Aspidh Arcoiris dijo que este caso es grave porque demuestra que el sistema judicial es misógino y corrupto “en este caso se ha resguardado a los violadores y se ha criminalizado a las personas defensoras de derechos humanos".
