Representantes de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (UCA) reclamaron a la justicia salvadoreña la aprehensión de los autores intelectuales de la masacre de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras, masacre ocurrida en noviembre de 1989.
El director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), José María Tojeira, señaló que llama “la atención que nadie habla de los autores intelectuales que fueron mencionados en el Informe (de la Comisión) de la verdad, parece que el gran problema son los soldaditos. Nosotros desde el principio hemos dicho que los soldaditos son los menos importantes del problema; hubo in crimen institucional de la FAES dirigido desde el Estado mayor y que se saben los nombres pero que parece que no existen en este problema”.
La reacción surge tras conocerse la noticia de que la corte en pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) negará la extradición de los exmilitares que fueron arrestados el pasado 5 de febrero por la Policía Nacional Civil en cumplimiento a la petición de la Audiencia Nacional Española.
Por su parte, Andreu Oliva, rector de la UCA, señaló que “a nosotros nos interesan los autores intelectuales “y externó su preocupación por que justamente con ellos donde han “visto la negación de justicia” y a reinado la impunidad.
Ante la falta de pronunciamiento público de la CSJ para dar a conocer la resolución en contra de la extradición expresó que “La Corte Suprema es muy poco seria en este país. Es poco seria porque primero toma una decisión y después busca los fundamentos para justificar esa decisión”.
Los capturados son el excoronel Guillermo Benavides, para quien, según los medios, ya se negó la extradición; y los exsargentos Ramiro Ávalos Vargas y Tomás Zárpate Castillo y el excabo Ángel Pérez Vásquez, para quienes tomarán la decisión de si serán o no extraditados en los próximos días.
Esperanzas de que El Salvador juzgue a los exmilitares
Por otro lado, algunos analistas se han pronunciado en torno al caso y señala que esperan que ante la negación de extradición, y la reciente declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, sea la justicia salvadoreña la que persiga, atrape y enjuicie a los militares retirados involucrados en la masacre.
Para el abogado y exdirector del IDHUCA, Benjamín Cuéllar, la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, la cual “movió el tablero otra vez”, y la negación de extradición es una oportunidad para el país y pone a prueba “de nuevo, 23 años después de que la Comisión de la Verdad dijera que este sistema no funcionaba, si realmente se ha evolucionado como país en materia de impartición de justicia”.
“La sentencia de la Sala de lo Constitucional lo que hizo es darle una nueva oportunidad, otra más porque las demás se han desperdiciado”, expresó y señaló que falta ver la actuación de la Fiscalía General de la República en la búsqueda de justicia en estos casos.
La actuación de la Sala, según Cuéllar sirve para “varias cosas, la principal para poner a prueba si funciona o no el sistema dejando de lado cualquier consideración de que si son militares, héroes de la patria, si son comunistas; cualquier consideración económica, política o social, eso debe quedar fuera porque acá hay hechos delictivos, criminales, atrocidades. El sistema de justicia tiene que juzgarlas”, sentenció.
Oscar Campos, abogado de la Iniciativa Social para la Democracia (ISD), expresó que ahora existe la posibilidad de que las instancias nacionales de justicia lleven a cabo acciones que permitan reparar el daño ocasionado a las víctimas del conflicto armado para que haya justicia.
“Esta va a ser una prueba bastante dura pero a la vez muy significativa para nuestro sistema judicial incluyendo a la misma Fiscalía”, dijo Campos y agregó que la esperanza es que esto contribuya a la búsqueda de la verdad, de la justicia transicional “de lo contrario estaríamos nuevamente en un escenario de impunidad”, expuso.
Por su parte la abogada española y representante de los familiares de los jesuitas asesinados, Almudena Bernabéu, expresó que si El Salvador niega la extradición a España está en la obligación de juzgarlos, más ahora que la Ley de Amnistía ha sido declarada como inconstitucional.
