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jueves, 29 de julio del 2021

¿Realmente el agua le ganó al oro?

Ha pasado poco más de un año luego de la histórica decisión de la Asamblea Legislativa Salvadoreña de prohibir la minerí­a metálica para garantizar la protección de los recursos hí­dricos, el medio ambiente y la vida de la población ¿qué pasará ahora? ¿Qué sigue para la población salvadoreña?

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El Salvador es el único paí­s en el mundo que ha logrado la decisión polí­tica de prohibir la minerí­a metálica a cielo abierto, subterránea y artesanal. Un acuerdo polí­tico inédito en un paí­s con una alta polarización polí­tica.

Este histórico logro fue el resultado de una lucha social de más de diez años, impulsada principalmente por las organizaciones sociales que conforman la Mesa Nacional Frente a la Minerí­a en El Salvador, y en la que perdieron la vida ambientalistas que defendieron el derecho humano al agua y a la vida. Durante todo ese tiempo, en muchos momentos, el camino parecí­a ir cuesta arriba, ya que hubo tres gobiernos con una posición contraria a esta prohibición. Pese a ello, nunca se perdió de vista el objetivo a largo plazo: El Salvador, un paí­s libre de minerí­a metálica.

Paso a paso, se logró establecer un fino entrelazado de alianzas con diferentes sectores y actores nacionales e internacionales, quienes trabajaron e influyeron de forma intensa y coordinada para alcanzar este fin: la Procuradurí­a para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), organizaciones norteamericanas como Mining Watch y Breaking the Silence, las iglesias ““entre ellas, la iglesia católica”“, medios de comunicación, entre otros. Juntos contribuyeron a posicionar esta lucha en el centro de las miradas internacionales y a que los paí­ses vecinos cuestionaran su propio modelo de desarrollo. Además, convencieron e influyeron en los partidos polí­ticos que por mucho tiempo se mostraron adversos a la prohibición.

Al mismo tiempo que se libraba esta lucha, El Salvador enfrentó y ganó una demanda internacional interpuesta por la compañí­a minera Pacific Rim /Oceana Gold, en el marco del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial.  Esta victoria, obtenida en 2016, fue decisiva para incrementar el posicionamiento sobre la prohibición de la minerí­a en la agenda nacional e internacional.

Desde entonces, el caso de El Salvador ha servido como modelo para organizaciones de la sociedad civil en Centroamérica, ya que ha dejado un legado positivo de tácticas y estrategias para demostrar que la minerí­a metálica no contribuye al desarrollo sostenible, ni al combate de la desigualdad y que tampoco aporta beneficios concretos para las comunidades en los sitios mineros.

Ahora bien, a un año de la prohibición, ¿realmente el “agua le ganó al oro” como lo decí­an los discursos de los diputados y las diputadas de la Asamblea Legislativa en ese momento? 

En primer lugar, si bien el reglamento de la Ley de Prohibición de la Minerí­a Metálica fue aprobado, su cumplimiento conllevará retos significativos y, pese a la declaratoria de prohibición, las empresas mineras siguen operando en el paí­s con un bajo perfil. Además, existen importantes vací­os alrededor de la minerí­a artesanal, ya que no hay estudios que indiquen cuántas personas dependen de este medio de subsistencia, ni propuestas concretas de cómo ofrecerles medios de vida alternativos.

Sumado a ello, si bien el argumento que sostuvo la lucha hacia la prohibición se centró en la conservación del recurso hí­drico frente al riesgo que implica un uso exacerbado, desigual y descontrolado por parte de las industrias extractivas en general y de la minerí­a en particular, la Asamblea Legislativa todaví­a no ha reformado la Constitución para reconocer de forma explí­cita el agua como un derecho humano y no ha ajustado su normativa interna a los estándares internacionales relativos al derecho al agua y el saneamiento. Esto tiene importantes implicaciones, porque no se garantiza el principio de progresividad en el cumplimiento de este derecho,  lo que, a su vez, obstaculiza un acceso al saneamiento de forma no discriminatoria y la eliminación de las desigualdades que afectan, principalmente a los grupos vulnerables. Tampoco se observan avances en la aplicación de enfoques integrales en el tratamiento de aguas residuales y en la prevención y la reducción de la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, a lo que  las industrias extractivas contribuyen negativamente.

Por el contrario, lo que se observa actualmente es un fuerte debate en la Asamblea Legislativa alrededor de la propuesta de Ley General de Aguas, desencadenado por la decisión de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de retroceder en un proceso en el que habí­an logrado consensuar 92 artí­culos y, en su lugar, iniciar completamente la discusión de un anteproyecto diferente. A esto se sumó el intento de aprobar un ente rector en la materia que tendrí­a una amplia representación del sector privado, lo cual ha sido denunciado por múltiples organizaciones de la sociedad civil y comunidades como una virtual privatización del agua, dadas las amplias y decisivas atribuciones que tendrí­a esa entidad.

Por último, no se puede obviar que el contexto polí­tico en el paí­s hoy es diferente. Desde el 4 marzo de 2018, El Salvador tiene una Asamblea Legislativa con mayorí­a calificada de los partidos que por largo tiempo se mostraron reticentes a la prohibición ““un cambio drástico en la correlación de fuerzas”“  y a esto se agrega un contexto de elecciones presidenciales en febrero 2019 y una campaña en marcha en donde los recursos naturales pueden estar nuevamente en jaque.

En este escenario, el riesgo que se levante la prohibición de la minerí­a es una realidad frente a las presiones de las corporaciones y los vaivenes polí­ticos del paí­s. Y aún más palpable para la sociedad salvadoreña donde, según datos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), el porcentaje de la población que cree que se gobierna para unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio es del 85%, y la percepción de corrupción de funcionarios públicos es del 68%. Por eso, es entendible que la sociedad se anticipe a los riesgos y quiera elevar nuevamente en debate nacional este tema fundamental.

En los territorios, la lucha por los bienes naturales y el derecho al agua son congruentes. Son los mismos actores enfrentando retos similares, por ejemplo, el cierre de espacios, la criminalización y persecución de mujeres defensoras del agua que se suman a las desigualdades de género y violencias basadas en género que vive la sociedad salvadoreña. Por esta razón, la sociedad civil salvadoreña agrupada en diferentes espacios de coordinación y en constante confluencia con las comunidades bajo ellas representadas; la iglesia; los estudiantes de las dos principales universidades del paí­s y los movimientos populares, redoblan la apuesta: están fortalecidas y, como lo muestran las más recientes movilizaciones de junio y julio de 2018, ¡van por todo! No descansarán hasta garantizar que se mantenga la prohibición de la minerí­a metálica en el paí­s y defenderán el recurso hí­drico como un derecho humano frente a las tendencias polí­ticas que buscan su privatización.

Desde Oxfam, seguiremos acompañando estas luchas incansables de las comunidades y organizaciones salvadoreñas con todos nuestros recursos disponibles, pues pensamos que el paí­s tiene el potencial de ser un referente inspirador para la subregión en la búsqueda de alternativas al modelo extractivo.

(*) Asesora de industrias extractivas en Centroamérica de Oxfam

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Juliana Edith Turqui
experta en minería
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