Según economistas, la tardía aprobación de bonos, tendrá efectos colaterales en la situación financiera de El Salvador mientras que la aprobación de una Ley de Responsabilidad Fiscal podría ser o bien el paso clave para dar un vuelco en materia fiscal o un nuevo golpe a la economía.
Para el economista César Villalona, hay dos problemas con el retraso de la emisión de bonos: “No es lo mismo haber aprobado lo bonos la semana pasada, que hace tres meses. La calificación de riesgo del país bajó de una clasificación “A” a una “B”, el bono se vende pero más caro”, señaló.
Un problema adicional, según Villalona, es que para el comprador de bonos es más conveniente comprar US$1,200 que US$550. “Entre mayor es la cantidad, más ganancia y hay posibilidades de ofrecer un interés más bajo”, acotó.
De aprobarse la segunda parte de los bonos posiblemente el interés sea más bajo, pues tras la colocación de la primera parte la calificación de riesgo podría aumentar un poco, sin embargo, el economista remarca que si el panorama hubiera sido distinto se hubieran colocado con una mejor calificación y con un monto mayor.
Pese a que se considera que cuantificar el monto o el costo del retraso en la aprobación es difícil, el Banco Central de Reserva (BCR) ha hecho un estimado. Hace una semana el presidente de la entidad, Oscar Cabrera, afirmó que la decisión del partido ARENA de aprobar los US$1,200 millones de bonos en dos segmentos (el primero por US$550 millones), traerá costos adicionales por US$78 millones al país.
Cabrera dijo además, que la polarización política ya provocó que en el transcurso del presente año tres clasificadoras de riesgo hayan rebajado la calificación económica del país.
Ley de Responsabilidad Fiscal
El economista Cesar Villalona valoró como positiva la Ley recién aprobada y remarcó que más que el texto, la pieza clave son las metas. “Creo que ARENA reconoce que el Gobierno necesita más ingresos y la Ley conduce a que tenga más dinero. Es un aspecto más importante, además pone límite a algunos gastos, salarios y compra de bienes y servicios”.
Señaló que paralelo a este proceso, hay una campaña que plantea que el problema financiero del Gobierno es el exceso de gastos, sin embargo, el Gobierno solo tiene un ingreso equivalente al 15% del su ingreso nacional – porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB)- y que se capta vía tributos.
Con la Ley, ARENA reconoce que la carga tributaria debe subir a 17% por lo menos y que en tres años el Gobierno debe reducir en 3% el déficit fiscal y al 18.5% la deuda flotante (de corto plazo). Según Villalona esto podría dar pie a una nueva estructura fiscal ya que la Ley plantea aumentar ingresos sin indicar el “cómo” y entonces el Gobierno tendrá que impulsar posibles medidas.
El especialista señala la posibilidad de impulsar el Impuesto al Patrimonio que existió pero fue eliminado en 1993 por el expresidente Alfredo Cristiani, la Ley del Cobro Administrativo para controlar la mora permitiendo que el Ministerio de Hacienda cobre directamente, implementar el IVA más alto para los bienes de lujo e impulsar una estructura tributaria progresiva en la que quienes paguen más sean quienes perciben más ingresos.
Por su parte Oscar Cabrera advirtió que un proceso de consolidación del déficit fiscal del 3% en tres años y en una economía dolarizada va a tener notables consecuencias en el crecimiento económico porque la austeridad nunca ha sido un éxito en la mayoría de países donde se ha implantado.
