jueves, 12 de mayo del 2022
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¿Rápidos y furiosos?

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"Desde Alfredo Cristiani hasta Nayib Bukele, así podría llamarse la constante para enfrentar parte de la delincuencia... con un denominador común de menos a más: la participación de la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública, lo cual solo es permitido constitucionalmente de manera excepcional": Benjamín Cuéllar

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Por Benjamín Cuéllar


Seguro mucha gente sabrá que este es el título de una serie de películas, producida desde hace más de una década. Francamente, lo confieso, nunca he visto siquiera diez minutos de alguna. Pero eso no me impide ocupar tan sugerente título, pues resulta muy atinado y por demás pertinente para aplicarlo a la realidad salvadoreña de la posguerra. Desde Alfredo Cristiani hasta Nayib Bukele, así podría llamarse la constante para enfrentar parte de la delincuencia. Eso sí, con un denominador común de menos a más: la participación de la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública, lo cual solo es permitido constitucionalmente de manera excepcional.

El 16 de julio de 1993, al año y medio exacto de firmado el Acuerdo de Chapultepec, comenzaron los patrullajes conjuntos de la bisoña Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada “depurada”. Entrecomillar ese calificativo encuentra sustento en el discurso del traspaso de mando pronunciado, el primer día de ese mes, por el general René Emilio Ponce. Presumiendo haber finalizado “la campaña militar contrasubversiva más exitosa de la época contemporánea”, habló de “una mal intencionada Comisión ad hoc para una llamada depuración”; también de “una prejuiciada, injusta y parcializada Comisión de la verdad”. Eso dijo quien en el informe público de la segunda apareció señalado como el principal responsable intelectual de la masacre en la universidad jesuita, perpetrada el 16 de noviembre de 1989 por tropa del batallón Atlacatl al que Ponce agradeció y felicitó en su perorata de despedida.

Regresando a Cristiani, iniciador de la fallida militarización de la lucha contra la criminalidad de abajo, este aseguró que era “prematuro decir que es peor la medicina que la enfermedad”; lo hizo respondiendo a la crítica de monseñor Gregorio Rosa Chávez ante el despliegue soldadesco ordenado para enfrentar una “emergencia”. Así calificó la situación el coronel Carlos Humberto Corado, recién nombrado ministro de la Defensa Nacional. El candidato presidencial de un partido evangélico, a esas alturas habían iniciado inconstitucionalmente la campaña proselitista, dijo que cuestionar el uso del ejército para tal fin significaba proteger “a los delincuentes que impunemente violan los derechos humanos de la ciudadanía”.

Armando Calderón Sol siguió utilizando la misma partitura, pero en una mayor tonalidad. Por iniciativa suya, en marzo de 1996 se aprobó la Ley transitoria de emergencia contra la delincuencia y el crimen organizado; su propósito: “lograr mayor eficacia en la aplicación de las sanciones penales, y regular el procedimiento especial aplicable en la investigación y juzgamiento de los hechos punibles previstos en la misma con la finalidad de combatir eficientemente el incremento de la delincuencia y el crimen organizado”. Bonito sonaba. Esta inútil normativa permaneció vigente durante dos años. Para entonces también se discutía en la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley de defensa social.

Entre otras disposiciones incluyeron sanciones penales para menores de catorce a dieciocho años de edad, junto al aumento en general de las temporadas en prisión para quienes resultaren culpables. No faltaron las declaraciones que aseguraban estar “interpretando el sentir del pueblo salvadoreño” con tales regulaciones; eso alegó Calderón Sol, quien también lamentó que existieran sectores identificados “más con la delincuencia y no con la gente que demanda seguridad”. Evidentemente se refería a la oposición política y, especialmente, a Victoria de Avilés quien era procuradora para la defensa de los derechos humanos.

Luego apareció Francisco Flores con su “Mano dura”, prometiendo desarticular las pandillas. “En algún momento”, manifestó además, había “que trazar la línea de los que creemos en la seguridad de los ciudadanos y los que favorecen con argumentos de todo tipo a los delincuentes”. En esa subatalla frontal” apelaría a “todos los medios legítimos, incluyendo aquellas medidas excepcionales contempladas por la Constitución”. Para contar “con el marco legal adecuado” presentaría, urgentemente, “nuevos proyectos de ley”. Aseguró que prohibiría pertenecer a esas agrupaciones; ¿se puede por decreto? Y en ese “atarrayazo leguleyero”, también metió a menores de dieciocho años de edad. Pura paja.

El mismo camino transitaron Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, con treguas y “medidas extraordinarias”; actualmente, también Bukele. Durante casi tres décadas todos han pretendido enfrentar la inseguridad y la violencia delincuencial de manera rápida, pensando en la próxima elección; todos han actuado con furia, utilizando la Fuerza Armada y desnaturalizando una corporación policial cada vez más incivil. ¿Cómo estaríamos si en 1993 hubiéramos exigido que impulsaran una estrategia estatal integral de corto, mediano y largo plazo. Mejor, obviamente. No sigamos permitiendo, pues, que continúen jodiéndonos la existencia. Es hora de reaccionar.

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Benjamín Cuéllar
Salvadoreño. Fundador del Laboratorio de Investigación y Acción Social contra la Impunidad, así como de Víctimas Demandantes (VIDAS). Columnista de ContraPunto.

El contenido de este artículo no refleja necesariamente la postura de ContraPunto. Es la opinión exclusiva de su autor.

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