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miércoles, 20 de octubre del 2021

¿Quién mató a Herbert Anaya Sanabria?

Sanabria formaba parte de la Comisión de Derechos Humanos. Fue asesinado en 1987. Su caso es el primero que la FGR ha solicitado reabrir posterior a la derogación de la Ley de Amnistí­a

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La agitada mañana del lunes 26 de octubre de 1987, Herbert se adelantó a encender el vehí­culo mientras su esposa, Mirna, terminaba de alistar las loncheras de los cinco hijos de la pareja que ya se encaminaban tras su padre para ir al colegio. En un instante todo cambió para la familia. Una vecina llevaba a los niños de regreso a su casa muy asustados, pues acababan de presenciar el asesinato de su padre en la colonia Zacamil de Mejicanos, San Salvador.

El carro no permitió que los niños vieran cómo quedó. Lo mataron con silenciador y después de varias amenazas, secuestros y torturas previas para obligarlo a abandonar sus ideales de denuncia de injusticias y violaciones de derechos humanos.

Herbert Anaya Sanabria decidió formar parte de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES) a los 25 años, después de terminar su licenciatura en Derecho en la Universidad de El Salvador (UES), donde también trabajó junto a diferentes movimientos sociales, un hecho que no era bien visto por las autoridades gubernamentales de turno.

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“Él era un hombre de izquierda comprometido con la lucha revolucionaria. Era estudiante de Derecho y estaba muy consciente de que la forma de detener toda la represión era denunciando”, dice Mirna Perla al recordar a su fallecido esposo.

“Desde que se mete a trabajar con la CDHES hace un esfuerzo por dedicar su vida al registro de las violaciones. Ahí­ habí­a que tomar postura y defender los derechos de los más pobres y de los perseguidos”, recalca.

Tras el asesinato de Herbert, se inició una investigación que lejos de aclarar, dejó más dudas en el caso. Las investigaciones señalaron a Jorge Alberto Miranda, un joven a quien según Mirna, torturaron y obligaron a confesar que habí­a sido parte del comando urbano del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) que habí­a ejecutado a Herbert con una pistola calibre nueve milí­metro con silenciador, un arma, según Mirna, que no podí­a tener cualquiera y que desapareció tras el hecho.

“Condenan al muchacho con todo y el miedo que le daba retractarse de la confesión que habí­a hecho a raí­z de la tortura y aun así­ siguieron el juicio en su contra sin tener ninguna prueba porque la única prueba que habí­a era su confesión a la luz de la tortura”, expresa la viuda de Anaya Sanabria.

En 1990, el juez hizo un sobreseimiento provisional a favor de Miranda después de una segunda investigación que determinó que hubo una violación al debido proceso y a sus derechos. El caso apuntaba a un posible fraude procesal para esconder a los verdaderos responsables.

No obstante, el sobreseimiento fue revocado por la Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro. En octubre de 1991 un jurado de cinco personas declaró culpable a Miranda por asesinato y actos de terrorismo. Pero en marzo de 1992 la Ley de Amnistí­a permitió al joven salir de prisión.

A casi 30 años de su muerte, la derogación de dicha ley permitió reabrir el caso para identificar a los verdaderos responsables, pues si bien la justicia y el informe de la Comisión de la Verdad apuntaban al joven Miranda, la familia de Herbert tiene una hipótesis diferente y piden que el pasado juicio sea anulado.

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“El Gobierno de los Estados Unidos ordenó el asesinato de Herbert y lo ejecutó el Gobierno de El Salvador a través de la Policí­a de Hacienda”, señala Mirna Perla. Empero en su momento, el gobierno negó las acusaciones.

El caso, es el primero que la Fiscalí­a General de la República (FGR) ha solicitado se reabra posterior a la derogación de la Ley de Amnistí­a en julio de 2016. “Se reabrirá en el estatus que se quedó, de una persona procesada que iba a ir a juicio y creo que fue declarado en nulidad el veredicto, y tendrí­a que ir a juicio de nuevo”, dijo el fiscal General, Douglas Meléndez.

El jefe del Ministerio Público también abrió la posibilidad de que cualquier persona o pariente interesado, puede acudir a la FGR para ampliar la investigación contra otros partí­cipes materiales o intelectuales.

A 30 años de su asesinato, sus hijos lo ven como un héroe y Mirna lo recuerda como el amor de su vida. Mirna no pide cárcel para los culpables sino verdad, justicia y reparación.

“Tení­a 33 años cuando lo asesinaron. Desde niño dijo que a los 33 años iba a morir, a la edad de Cristo y efectivamente así­ fue”, concluye Mirna.

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Mario Beltrán
Periodista sección PolÃítica en ContraPunto. Graduado de Comunicaciones en Universidad Cristiana de las Asambleas de Dios.
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