En el marco del día Nacional de las Niñas y Niños desaparecidos durante el conflicto armado en El Salvador, el director de la Asociación Pro-Búsqueda, Eduardo García, habló con ContraPunto sobre los principales retos que ha enfrentado en su labor de reunificar a las familias que fueron separadas durante el conflicto armado que azotó al país entre los años 1980 y 1992.
Sobre este punto, García asegura que el principal problema al que se ha enfrentado a lo largo de los 25 años de labor es la falta de voluntad por parte de las entidades que componen al Estado salvadoreño, las cuales insisten en dejar el problema en el olvido, puesto que muchos de ellos participaron directa o indirectamente en los sucesos que originaron estas desapariciones forzadas.
¿Bajo qué condiciones desaparecieron estos niños?
Sé que a la Fuerza Armada no le gusta esto, pero le arrancaban a sus hijos de los brazos, muchos de estos niños llegaron a albergues, o destacamentos militares y ahí fueron dados en adopción en colaboración con la Cruz Roja. Donde hay un conflicto armado, las leyes son anuladas por la determinación de las personas que las infringen, entorno a esta problemática de los operativos militares, había niños que quedaban en la montaña o que eran llevados a los cuarteles, también se abrió un mercado del tráfico de niños. Tenemos una gráfica muy curiosa, donde se va incrementado la desaparición forzada según son más pequeños los niños, es decir, las mayores edades donde tenemos mayor número de desapariciones de niños en los años 80, son entre 0 y 4 años y los departamentos que más sufrieron el embate son, Cuscatlán, San Vicente, Chalatenango, eso tiene una lógica, no solo por ser zonas conflictivas, sino porque son departamentos, cuyas características físicas de los niños son diferentes a las del resto del país, son más claritos de piel, son más zarcos y eso tenía un mercado mucho mayor en las adopciones.
¿Quiénes estuvieron involucrados?
Hay un grupo de 80 abogados, notarios, funcionarios, muchos de ellos los hemos identificado en la Asamblea Legislativa, otros tanto siguen siendo jueces en tribunales de menores de primera instancia, intervinieron los consulados, las damas de la Cruz Roja, oficiales de la Fuerza Armada, la Policía de Hacienda, la Policía Nacional y claro después de firmados los acuerdos de paz, todas esas personas nuevamente vuelven a convivir con nosotros y muchos tienen puestos dentro del Estado o lo han tenido.
¿Han identificado cantidades de dinero invertidas en este sistema?
“Hay testimonios dados a prensa, por oficiales del Estado Mayor de la Fuerza Armada, donde dan buena cuenta, donde habían funcionarios públicos, incluso delegados de Estados Unidos que participaban en este negocia de los niños, un general dio una cifra de $20,000 dólares que costaban estos trámites, habían tramites que pudieron haber sido legales, de niños en estado de orfandad, pero hay unas 30 mil adopciones que se dieron en ese periodo, donde muchos, el origen es una desaparición forzada, una incapacidad del Estados de determinar la búsqueda de sus padres y de las personas que participaron en el lucro de él.
¿Cuál ha sido el mayor reto que han enfrentado en este proceso de reunificación de las familias?
La falta de voluntad por querer encontrar una familia biológica, por restablecer esos lazos, por parte de quienes se apropiaron de los niños, por parte de la Fuerza Armada, ahora estamos en una coyuntura delicada, no hay Ley de Amnistía, no hay la imposibilidad de judicializar esta crímenes de guerra que la desaparición forzada, pero hay que darnos cuenta que hace 23 años no estaba esa Ley de Amnistía, hace 23 años, Pro-búsqueda estaba pidiendo humanamente que colaborara con Pro-búsqueda para que esos niños que no conocieron a sus familias lo pudieran hacer, la negativa de querer enfrentar lo que se hizo mal para corregirlo ha sido el mayor obstáculo, y luego nos ha sobrevenido la impunidad natural que ya llevaba en su curso el Estado dentro de sus entrañas y ha sido muy deshumanizante, funcionarios públicos que le dicen a madres, cuyos hijos le fueron arrebatados, que se olviden de ellos, que eso ya es del conflicto armado que ya pasó y esas heridas hay que cerrarlas, no hay madre en el mundo, cuyo hijo este desaparecido que no añore el abrazo de su hijo, verlo vivo o muerto, es inhumano pedirle a una madre que olvide a un ser querido porque haya sido desaparecido.
¿Cuál ha sido el rol de los dos anteriores Gobiernos (ARENA y FMLN) en su labor y qué esperan del Gobierno entrante de Nayib Bukele?
Durante estos últimos Gobiernos ha habido más sensibilidad, pero una sensibilidad que no se ha transformado. Mi valoración es que hemos tenido periodos muy lúgubres, donde el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial se han puesto en contra de las víctimas y un periodo donde un Ejecutivo ha tenido un poco más de sensibilidad que los anteriores y ha estado favoreciendo algunas acciones de las víctimas, no ha sido suficiente, necesitamos un Estado comprometido con la ciudadanía. El Ejecutivo actual tiene una Comisión Nacional de Búsqueda de niños y una de adultos desaparecidos por decreto. Yo esperaría que el nuevo Presidente viera que eso es beneficioso, que tienen un mandato humanitario que beneficia a las personas. Yo esperaría que mantenga el decreto 204 que ha beneficiado a las víctimas. Yo espero de cualquier presidente la misma actitud de respeto hacia las víctimas, no quiero esperar ningún retroceso en ninguno de los pocos logros que se han alcanzado.
Según García, durante estos 25 años han recibido un total de 998 denuncias sobre casos de desapariciones forzadas de menores, de las cuales han resuelto 445.
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