Por Joseph E. Stiglitz
NUEVA YORK – El mundo finalmente ha despertado al imperativo existencial de garantizar una rápida transición a una economía verde. Las finanzas jugarán un papel fundamental en ese proceso. Pero si bien las instituciones financieras han dado muestras de querer contribuir -emitiendo bonos verdes e instalando lamparillas ecológicas-, son demasiados los que siguen otorgando capital a la industria de combustibles fósiles y respaldando a otras partes de la economía que son incompatibles con una transición verde.
Este financiamiento alimenta activamente la crisis climática. Muchas de estas inversiones son de larga vida. Descubrir, desarrollar y explotar plenamente un nuevo campo petrolero lleva décadas y se extiende mucho más allá del horizonte en el que el mundo debe volverse neutro en carbono para impedir niveles catastróficos de calentamiento. En este sentido, estos proyectos casi con certeza se convertirán en “activos bloqueados”: tenencias que han perdido su valor y su utilidad en un contexto de lucha para salvar el planeta.
Estas pérdidas plantean un riesgo para el inversor y, potencialmente, para el sistema económico y para el planeta. Teniendo en cuenta que la mayoría de los dueños de activos bloqueados intentarán, de manera egoísta, explotar sus tenencias pase lo que pase, el financiamiento de estas inversiones crea una dinámica política adversa. Existen lobbies poderosos decididos a combatir la transición verde, para no ser ellos los que terminen quedando en la estacada. Asimismo, si la transición tiene éxito, estos mismos grupos exigirán una compensación –“socializando” en efecto el riesgo de pérdidas de inversiones que, en realidad, nunca se deberían haber hecho-. Si la historia sirve de guía, lograrán salvarse.
En términos ideales, simplemente tendríamos que prohibir este tipo de inversiones. Pero, por ahora, esta opción es políticamente inviable en Estados Unidos y muchos otros países. Otra opción es implementar herramientas regulatorias. Como los mercados son cortoplacistas y muchas veces no tienen en cuenta riesgos que son clave, la obligación de garantizar una estabilidad financiera recae en quienes están encargados de supervisar la economía, incluidos los bancos centrales.
La crisis financiera de 2008 demostró lo que puede suceder cuando se vuelve a tasar inclusive una parte pequeña de la base de activos del mundo (hipotecas de alto riesgo de Estados Unidos). Una nueva tasación de los activos que probablemente resulten afectados por el cambio climático podría tener efectos sistémicos que eclipsarán a los de 2008. El sector de combustibles fósiles es sólo la punta del iceberg (en proceso de derretimiento). Por ejemplo, los crecientes niveles de los océanos y los eventos climáticos extremos cada vez más comunes, desde incendios forestales hasta huracanes, podrían obligar a una repentina revalorización de enormes franjas de tierra y de bienes raíces también.
En consecuencia, los reguladores necesitan exigir una divulgación total del riesgo climático –que incluya no sólo los peligros físicos sino también los riegos financieros directos e indirectos-. Aún si no hay unanimidad respecto de la magnitud de estos riesgos o del ritmo del cambio inminente, la prudencia exige que se sepa lo que podría suceder en los posibles escenarios analizados ampliamente en las evaluaciones del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático y en otras partes. Asimismo, un régimen de políticas capaz de alcanzar una neutralidad de carbono en 2050 (combinando precios del carbono y regulaciones) casi con certeza tendrá un impacto significativo en los precios de los activos.
Si la economía avanza con demasiada lentitud en una dirección verde, aumenta el “riesgo de la transición”. En lugar de una transición tranquila y eficiente hacia una neutralidad de carbono, con ajustes graduales en los precios de los activos, podríamos terminar en una transición más caótica en la que los precios saltarían en momentos críticos cuando los mercados internalicen plenamente la realidad del cambio.
Para mitigar este riesgo, las finanzas no sólo deben dejar de financiar inversiones que afecten nuestro medio ambiente; también deben proporcionar fondos para las inversiones necesarias para hacernos avanzar en la dirección correcta. Tal vez necesitemos zanahorias y palos para hacer mover a la industria.
Por ejemplo, debería obligarse a los bancos que hacen inversiones riesgosas en materia de clima a tener más reservas que reflejen ese riesgo. Los inversores han sido advertidos: los que, de todos modos, sigan haciendo inversiones en combustibles fósiles no deberían ser subsidiados por la población a través de la deducción de pérdidas. En Estados Unidos, el gobierno avala la gran mayoría de las hipotecas residenciales; de aquí en adelante, sólo debería hacerlo en el caso de hipotecas verdes (préstamos para hogares que están bien aislados y son eficientes en el consumo de energía).
Por otra parte, para alentar las inversiones que se predican con un precio del carbono alto, los gobiernos podrían emitir “garantías” en caso de que, si el precio del carbono termina siendo más bajo de lo esperado, digamos, en 20 años, el inversor sea compensado. Esto funcionaría como una suerte de póliza de seguro, obligando a los gobiernos en todo el mundo a respetar sus compromisos según el acuerdo climático de París.
Estas y otras políticas similares favorecerán la transición verde. Pero, inclusive con este estímulo, es poco probable que el sector financiero privado haga lo suficiente de su parte. Muchas de las inversiones críticas que necesitamos son de larga vida y los mercados financieros privados muchas veces se centran en el corto plazo.
Para cubrir la brecha, se han creado bancos de desarrollo verde en muchas jurisdicciones, incluido el estado de Nueva York. En otras partes, se han ampliado los mandatos de los bancos de desarrollo existentes para incluir el desarrollo verde. Estas instituciones están haciendo un aporte importante no sólo en la provisión de financiamiento, sino también en la ayuda con el diseño y estructuración de los propios proyectos verdes.
La crisis climática exige enormes cambios económicos y sociales. No tenemos otra opción más que cambiar la manera en que consumimos, producimos e invertimos. El desafío es manejable. Pero si queremos manejarlo bien, las finanzas deben hacer su parte. Y eso demandará algo más que un poco de estímulo de la sociedad civil y de los gobiernos.
Joseph E. Stiglitz, premio Nobel de Economía, es profesor universitario en la Universidad de Columbia y miembro de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional.
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